El Gobierno suspende la mejora prometida de las pensiones de viudedad

Las pensiones de viudedad no mejorarán. O lo que es lo mismo, la base reguladora para calcular la cuantía de las pensiones continuará en el 52% como norma general, en lugar del 60% previsto en la última reforma de la Seguridad Social.

La supresión temporal de la norma aparece en una disposición incluida en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado remitido por el Gobierno al parlamento este sábado, y supone incumplir el acuerdo de pensiones firmado por el anterior Ejecutivo con los agentes sociales: empresarios y sindicatos.

La causa de este aplazamiento tiene que ver, lógicamente, con las restricciones presupuestarias a las que ha obligado el elevado déficit público, y supone un verdadero jarro de agua fría para los beneficiarios, que confiaban en una mejora habida cuenta de que se trata de las pensiones más bajas del sistema público de protección social.

La ley de reforma de la Seguridad Social, publicada en el BOE hace poco más de un año, instaba al Gobierno a adoptar “las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60%”. Y a continuación enumeraba una serie de requisitos: tener más de 65 años o no percibir ninguna otra pensión pública.

La norma establecía, igualmente, que la  aplicación del porcentaje se llevaría a cabo de forma “progresiva y homogénea” en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012. Esa mejora es la que ahora desaparece del ordenamiento legal.

Hay que tener cuenta que el fuerte impacto social de la medida, toda vez que en la actualidad el número de beneficiarios asciende a 2,32 millones. La cuantía media de la pensión de viudedad se sitúa en 602,31 euros mensuales, muy por debajo de los 831,64 euros que, como media, se abonan en España en el marco del sistema público de pensiones. Como se sabe, otra medida anunciada que no se cumplirá es la rebaja en un punto de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Sueldo de los directivos de mutuas

El proyecto de ley de Presupuestos 2013, igualmente, incluye otros cambios en la Seguridad Social. El más relevante es el que afecta a los altos directivos de las mutuas, que van a ver como se topan sus retribuciones. Una disposición adicional establece que los directivos de las mutuas de trabajo “no podrán exceder del importe más alto de los que correspondan a los altos cargos del Gobierno de la Nación”, incluidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. El presidente del Gobierno cobrará el año próximo 78.185 euros, muy por debajo de los 130.252 euros del presidente del CGPJ.

Como única excepción se establece que podrán percibir “retribuciones complementarias”, aunque tendrán la naturaleza de absorbibles, es decir que no se consolidarán en el sueldo, pero siempre que no compatibilicen su trabajo con otra actividad retribuida.

Para el resto de personal, el proyecto de ley establece que las  retribuciones del resto del personal al servicio de las mutuas y de sus entidades y centros mancomunados “quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal”. Es decir, el año próximo sufrirán congelación salarial.

El Tribunal de Cuentas instó en un informe de 2009 al Ministerio de Trabajo a controlar el sueldo de los directivos y del personal de las mutuas, toda vez que eran ajeno a los principios que rigen en el resto del sector público. El TC detectó que algunos directivos llegaban a ganar 290.000 euros al año, más del triple que el presidente del Gobierno. El Tribunal aconsejó poner límites a sus retribuciones. En 2006, nada menos 237 directivos superaban las remuneraciones de los altos cargos del Gobierno y de la Administración del Estado.