El Gobierno fuerza un acuerdo entre Hacienda e Industria para desbloquear la reforma eléctrica

El Gobierno quiere llevar al consejo de ministros de este viernes la reforma del sector eléctrico. Los equipos de los ministerios de Industria y de Hacienda estuvieron reunidos hasta primera hora de la madrugada para rematar los detalles del programa de impuestos que pretenden aplicar a los distintos operadores del mercado de generación para atajar el déficit de tarifa, según han confirmado a este diario distintas fuentes oficiales. Este impulso de última hora se produce después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recibiera el encargo de desbloquear el conflicto existente entre las dos carteras ministeriales implicadas.

Tras meses de debate, la reforma del sector eléctrico se convirtió en un serio problema político cuando las discrepancias entre los titulares de Hacienda e Industria se hicieron públicas durante el mes de agosto. El ministro Cristóbal Montoro aseguró en una entrevista con Bloomberg que no compartía las líneas maestras avanzadas por José Manuel Soria, que a principios de julio trasladó a las eléctricas un planteamiento con tasas a la generación diferentes para cada tecnología. Este escenario no había sido evaluado por Montoro, que lo paró, asegurando que no saldría adelante hasta que él decidiera.

A pesar del poder de Montoro dentro del Ejecutivo, Soria ha defendido en público sus tesis, dado que "las competencias en el seno del Gobierno están muy bien delimitadas y cualquier tipo de propuesta o medida en materia de reforma energética corresponde al Ministerio de Industria, sin perjuicio de que hay otros departamentos, fundamentalmente de contenido económico, que lógicamente tienen que opinar". Este cruce de declaraciones, que aireó la disputa que ambos mantenían de forma solapada desde hacía semanas, llevó al presidente Mariano Rajoy a poner en manos de la vicepresidente el desbloqueo de la reforma.

Mientras tanto, los actores implicados por la revisión del marco fiscal han jugado sus cartas, intentando convencer y/o presionar al Gobierno para imponer sus tesis. El ejemplo más claro tuvo lugar la semana pasada cuando Iberdrola y Endesa, propietarias de la central nuclear de Garoña, dejaron expirar el plazo para solicitar la prórroga que permitía su uso hasta 2019. Una decisión justificada por las dos eléctricas con argumentos económicos, al considerar que no resultaba rentable la prolongación de la vida útil en caso de que saliera adelante la propuesta del ministro Montoro, partidario de aplicar un impuesto equivalente a eléctricas y renovables.

El impuesto único impulsado por Hacienda, una especie de 'tasa Robin Hood' por la que se grava a todas las tecnologías por igual, es la peor opción para las grandes eléctricas, dado que la iniciativa auspiciada por Soria recogía un impuesto a la generación del 4% para el régimen ordinario (hidráulica, nuclear, carbón, y fuel/gas), en esencia el negocio del que viven las grandes eléctricas (474 millones). Por el contrario, con el modelo discrecional de Industria, la tasa se disparaba para las principales tecnologías renovables, hasta alcanzar el 11% para la eólica (369 millones); el 19% para la fotovoltaica (559 millones) y el 13% para la termosolar (76 millones adicionales).

Este modelo chocó de frente con las tesis de Montoro. “El temor de los técnicos de Hacienda es que los tribunales puedan tumbar el impuesto al gravar de forma diferente el mismo hecho imponible. Esa inquietud es la que avala una tasa única”, explicaban entonces fuentes del mercado. Sin embargo, desde el ministerio de Industria han tratado de desmontar ese argumento con el ejemplo de otro impuesto, como el del consumo (IVA), recientemente modificado, que grava con distintos porcentajes en función del sector y que desmontaría jurídicamente la tesis defendida por los opositores a la discriminación por tecnologías.

Para lograr la misma recaudación con un impuesto fijo para todos, el Ejecutivo tendría que gravar con un 7,3% todas las tecnologías, porcentaje que hace cambiar el reparto de la carga. Si todas las compañías afrontan esa misma tasa, el régimen ordinario aportaría 867 millones del ahorro de 1.599, casi el doble que en la fotografía prevista por Industria. Por ejemplo, la hidráulica pasaría de 71 millones a 131 y la nuclear, de 115 a 211, sin tener en cuenta las tasas adicionales de 10 y 15 a su megavatio/hora. El régimen especial vería reducida drásticamente su aportación, que se quedaría en 567 millones (Eólico-246 / Fotovoltaica-216 / Termosolar-43).