Así será el rescate: no habrá más exigencias ni ayudas concretas

Lo dice un alto cargo del Ejecutivo: “Europa no va exigir nuevas medidas de ajuste a España”. Y lo justifica con un argumento: “Lo que tenemos que hacer es cumplir las recomendaciones del último Consejo Europeo, y eso es lo que haremos”. En su opinión, la cuestión clave que se negocia en estos momentos con Bruselas no son las condiciones del rescate, sino cómo se articula el programa de ayuda financiera que, con toda seguridad, se canalizará a través de una línea de crédito.

Al contrario de lo que sucedió con el rescate bancario  (hasta 100.000 millones), el Gobierno no está negociando ninguna cifra concreta, sino que se trata de poner a disposición de España un flujo de dinero suficiente en caso de necesidad. Léase tensiones en los mercados que encarezcan la financiación del Tesoro. Lógicamente, después de la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento (MoU en sus siglas en inglés).

El problema que surge para España es que esa línea de crédito debe ser aprobada por unanimidad, y eso explica la frenética actividad diplomática desplegada en las últimas semanas por el Ejecutivo, incluyendo contactos con algunos de los socios más reacios a la ayuda, como Finlandia. Irlanda, otro de los países que puso pegas, ha logrado una flexibilización de las garantías que descuentan sus bancos en el BCE, por lo que tampoco pondrá problemas. Ni, por supuesto, Alemania, salvo que el Tribunal Constitucional diga lo contrario.

El hecho de que no haya nuevas condiciones no significa, sin embargo, que el Gobierno español vaya a tener manos libres para actuar. Asume que tendrá que ser ‘monitorizado’ por la troika (BCE, Comisión Europea y el FMI), pero sin nuevas recomendaciones de obligado cumplimiento.

Inversores y especuladores

Como se recuerda en el Gobierno, el programa de asistencia financiera tiene carácter preventivo y, como tal, no cuenta con un desembolso formal. Dicho en otros términos, no se trata de un rescate ‘clásico’ (a la manera de Grecia o Portugal) sino que se trata de poner a disposición de un país fondos suficientes para desaconsejar la acción de los inversores y especuladores que apuestan contra el bono español y alimentan la prima de riesgo.

Como sugiere la fuente, lo cierto es que desde que el pasado jueves, cuando el BCE aprobó intervenir de forma ilimitada comprando títulos de hasta tres años y sin que el propio banco central sea acreedor preferente, muchos inversores se han quedado enganchados en su propia trampa. O dicho en otras maneras, la caída de la prima de riesgo les ha provocado fuertes pérdidas, sobre todo a las posiciones bajistas.

Se ha producido una suerte de ‘efecto placebo’ sólo por la amenaza de una intervención del BCE. Y, de hecho, la prima de riesgo ha caído más de un 20% en menos de una semana. Y lo que es todavía más relevante, como se señala desde el Gobierno, los mercados se han abierto para las empresas españolas, lo cual refleja cómo han cambiado las cosas.

Las negociaciones  con la UE comenzarán este jueves y viernes -“algo se verá”-   en el Eurogrupo y el Ecofin informal de Nicosia (Chipre), pero según las fuentes consultadas, hasta que el diseño definitivo de la línea de crédito no se cierre, España no solicitará formalmente el rescate. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? Pues “unas tres, cuatro o cinco semanas”. En palabras del interlocutor “todavía hay mil cosas que clarificar”.

Las fuentes insisten en que lo menos problemático es la condicionalidad del rescate, todo vez que a España tiene abierto un procedimiento por déficit excesivo que ya marca las reglas del juego. De hecho, la subida del IVA y el recorte del sueldo a los funcionarios tiene mucho que ver con ello. El Gobierno estima que si no se hubieran tomado ambas decisiones, el déficit público se habría ido este año hasta el 7,5% del PIB, muy por encima del 6,3% al que se ha comprometido España.

Control independiente de los Presupuestos

Igualmente, el Gobierno está obligado a cumplir las recomendaciones que hizo el Consejo Europeo al Plan Nacional de Reformas presentado por España y que, entre otras cosas obliga a la creación de una “institución presupuestaria independiente” para el control de la política de ingresos y de gastos.

Entre las propuestas, además, se incluye acelerar la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad, que supone adecuar de forma automática la edad de jubilación al contexto demográfico y económico. El calendario de transición previsto hasta la jubilación a los 67 años finaliza en 2027, y lo que quiere la UE es "asegurar que la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida a la hora de regular el factor de sostenibilidad", incluido en la reciente reforma de las pensiones. Abordar el déficit de tarifa -creando de una vez  interconexiones con Francia y Portugal- y “combatir la pobreza” están también entre las exigencias a España.

Lo que el Gobierno tiene ya prácticamente cerrado es poder utilizar el dinero sobrante del rescate bancario para adquirir deuda pública, algo que, sin duda, aliviará las tensiones y reducirá la prima de riesgo.

En paralelo, se irá ejecutando la reforma financiera. La próxima semana estará listo el informe de Oliver Wyman sobre las necesidades de fondos de las entidades; luego será el llamado steering committee (comité provisional) quien tenga la última palabra, a finales de mes. Entre octubre y noviembre se creará el banco malo, y este estará plenamente operativo el 1 de diciembre si se cumple el calendario previsto. Como se sabe, el Estado será accionista minoritaria y el resto procederá de fondos de pensiones, de inversión o aseguradoras.