La guerra eterna entre el Estado y el 'oligopolio' de la gasolina

El nuevo récord de los precios de la gasolina ha reabierto la guerra entre el Ejecutivo y los operadores del suministro de carburantes. Despuésde que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tildase la subida de "inasumible" y anunciase una investigación de Competencia al respecto, el segundo asalto ha llegado de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, que en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de ayer anunció que el Gobiernoya estudia aplicar medidas impositivas sobre las empresas para rebajar sus márgenes de beneficio y conseguir así que los precios de la gasolina se reduzcan a pesar de la subida de impuestos.

El anuncio ha provocado la reacción inmediata del sector, que rechaza el análisis de la situaciónque que hace el Gobierno y la tesis de que sea el margen de beneficio lo que incrementa el precio. Álvaro Mazarrasa, director general dela Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos –AOP–, explicó que las subidas de precios de los carburantes que se expenden en las gasolineras se debe a un conjunto complejo de factores, entre los que están “los incrementos en el coste del producto y de la materia prima por otras razones, entre ellas el aumento de la fiscalidad”.

Además, Mazarrasa advierte de que el beneficio que el Gobierno atribuye a los operadores españoles –cercano al 15%, frente al 13,3% de la eurozona–, no es realista, ya que el cálculo incluye buena parte de los costes en los que incurren las empresas, entre ellos los logísticos, los de comercialización, los financieros, los de amortización y los relacionados con la incorporación de los biocombustibles. De los 11 céntimos de aparente margen por cada litro de gasolina –recurriendo a los datos de la propia AOP para ilustrar el ejemplo–, es necesario descontar los costes anteriores, de modo que el margen acaba siendo muy inferior.

Una guerra que viene de lejos

No es lo que cree elGobierno, que este viernes volvió a culpar a los operadores de unos precios que "suben como un cohete y bajan como una pluma", recordó Santamaría citando al ministro de Economía, Luis de Guindos. El Ejecutivo anunció que pretende atajar el récord en los precios, que atribuye a la falta de competencia, con medidas de liberalización en el sector.

Más medidas, porque esta batalla entre el Estado y los gigantes de la gasolina no es nueva. En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar emitió el Real Decreto-ley 6/2000, denominado "de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados deBienes y Servicios", destinado a lubricar con medidas anti oligopolio un mercado donde los protagonistas absolutos eran Repsol, Cepsa y BP.

Entre otras medidas, la norma decretó la ampliación del accionariado de la antigua concesionaria del monopolio estatal de la distribución –la Compañía Logística de Hidrocarburos, antes CAMPSA– para que ninguna petrolera lo controlase en exclusiva. También permitió la incorporación al mercado de nuevos agentes, como las cadenas de supermercados, para agilizar la competencia.

Doce años después, sin embargo, el reforzamiento de los cimientos jurídicos contra el oligopolio no parece haber satisfecho las expectativas de los responsables públicos. En este tiempo, además, los dos gigantes del mercado español han seguido acumulando en su contra multas y sentencias relacionadas con la falta de competencia que no avalan, precisamente, su voluntad de ceder un ápice de soberanía.

En 2007, Bruselas multaba a Repsol y Cepsa con 80 y 83 millones de euros, respectivamente, por incurrir en cártel –el pacto ilegal de los precios del mercado– en el negocio del alquitrán. Según las autoridades europeas, las cinco operadoras condenadas –entre las que se encontraban también BP, Nynas y Galp– se reunían anualmente y en secreto para pactar los precios, las cuotas de mercado y los clientes, en lo que se dio en llamar la Mesa del Asfalto. Se trató, según la comisaria comunitaria de Competencia, Neil Kroes, de una "estafa y un engaño a las empresas constructoras, a las autoridades públicas y a los contribuyentes".

Un año después, en 2008, el Tribunal Constitucional ratificaba la anulación de tres contratos de abastecimiento en exclusiva firmados por Repsol con otras tantas estaciones de servicio, que consideró "ilícitos" y sancionó con indemnizaciones que ascendían casi a los tres millones de euros.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio –CEEES– denunció entonces la imposibilidad de que "las gasolineras puedan modificar los precios de las petroleras" y lamentó que "desde la desaparición del monopolio de CAMPSA, tres empresas [Repsol, Cepsa y BP] controlen el precio en las estaciones de servicio". Alfredo Hernández, letrado de CEEES, aventuró también que "el 90% de los contratos" suscritos por las tres petroleras con gasolineros están "viciados", así como "todos los de antes de 2000", y señaló que "las petroleras han elevado sus márgenes en hasta casi el 50%", mientras que los gasolineros "se llevan siempre lo mismo, 8 pesetas, al margen del precio" de la gasolina".

“El precio bajará cuando el Gobierno regule el mercado”

Coincide con el diagnóstico un ex alto directivo de una de las compañías aludidas, que advierte de las prácticas "oligopólicas" de los grandes del sector y precisa que "en España, la formación del precio en ajuste a la demanda sencillamente no ocurre" porque los grandes incurren en "comportamiento conscientementeparalelo". Ha sido así, explica, "desde la desaparición del monopolio".

La misma fuente llama la atención sobre la precariedad de la regulación contra el oligopolio. "En la mayoría de los países europeos, con la excepción de Italia, no se permite que los dos operadores principales acumulen más del 30% del mercado; en España hace tiempo que sobrepasaron el 60%". La escasa pluralidad en el reparto de las concesiones o el poco respeto a la alternancia de operadores en las vías de circulación son otros factores que evidencian al ojo desnudo, según esta fuente, la inexistencia de un mercado naturalizado de oferta y demanda.