Barclays amplía su plan de ajuste a los beneficios sociales de la plantilla

Recortar gastos. Esa es la premisa dictada por Jaime Echegoyen ante el estancamiento del negocio bancario. El plan de ajuste ejecutado por el consejero delegado de Barclays se ha extendido a los beneficios sociales de la plantilla, según han confirmado fuentes oficiales. La semana pasada, la dirección de la entidad británica, a través de su departamento de Relaciones Laborales (adscrito a Recursos Humanos), comunicó a los representantes sindicales la intención de eliminar el actual programa de ayudas existente para los empleados, que va desde la cesta de Navidad al cheque regalo para la compra de juguetes en la festividad de Reyes.

Este miércoles tendrá lugar el tercer encuentro ya entre la dirección de la entidad y los representantes sindicales para ver si llegan a algún tipo de acuerdo, aunque la postura inicial por cada parte es diametralmente opuesta. La intención de Barclays es suprimir por completo los beneficios sociales de la plantilla, un conjunto de beneficios compuesto por la aportación parcial de un seguro médico, la cesta de Navidad, el cheque regalo para juguetes de Reyes, el premio fidelidad por trabajar 27 años en el banco, las aportaciones especiales por hijos, las ayudas escolares y a la formación de los empleados, la bolsa de vacaciones y el fondo cultural.

El argumento esgrimido por Barclays es puramente económico. Echegoyen ha explicado que la entidad necesita supervisar con lupa todos los gastos dado que, en la actual coyuntura, la actividad bancaria se resiente y los ingresos siguen estancados. Barclays cerró el ejercicio de 2011 en España con unas pérdidas globales de cerca de 260 millones de euros y los datos del primer semestre del año han vuelto a ser malos, según ha explicado el consejero delegado, situación que ha obligado a la dirección a llegar a este extremo dentro del plan de ajuste que se está llevando a cabo desde hace meses, aunque el importe del ahorro parezca mínimo.

Para justificar su decisión y cargarse de razones ante los sindicatos, Echegoyen ha puesto a cambio como ejemplo el esfuerzo realizado por Barclays por no despedir a más gente, ya que durante lo que va de año la entidad ha procedido al cierre de 27 oficinas sin que implique ninguna destrucción de empleo, según fuentes oficiales. En este contexto, desde la entidad aseguran que la eliminación de los beneficios sociales, como gesto de austeridad, es incluso bien percibida dentro de la plantilla, sobre todo si forma parte de un plan ajuste previo para tratar de producir el "menor daño posible", es decir, la eliminación de puestos de trabajo.

Sin embargo, el comunicado del paquete de recortes no llega en el mejor momento para Barclays. La entidad británica se enfrenta en la actualidad a una inspección fiscal por parte del ministerio de Hacienda para analizar la legalidad de operaciones de lavado de dividendo, de la filial a la matriz, por las que se evita el pago de las retenciones sobre los rendimientos de capital. A este frente se suma además la reciente imputación del presidente del banco en España, Carlos Martínez de Campos, y del propio Echegoyen para explicar su responsabilidad en la amortización "a precio de saldo" y "fraudulenta" de acciones de socios minoritarios.

Por no hablar de lo sucedido en Reino Unido con la dimisión de Bob Diamond, el flamante consejero delegado, por el escándalo del Libor. Esta por ver si su marcha alterará los planes iniciados por Barclays en la Península, donde ha unificado sus estructuras ejecutivas de España y Portugal obligado por la necesidad de obtener sinergias y frenar la sangría de resultados. De momento, ya tiene asumido que su filial española no dará beneficios en los dos próximos años pese al ajuste laboral realizado -salieron 700 empleados a lo largo de 2011- y pese a las fuertes provisiones ya dotadas para limpiar su exposición al ladrillo.

En este sentido, la entidad británica ha anunciado que destinará 8.200 millones de euros pedidos en la barra libre del BCE a reforzar su situación en la Península Ibérica, de los cuales 6.200 millones son para España y otros 2.000 millones para Portugal. Allí las cosas no están mucho mejor. La entidad ha puesto en marcha un plan de bajas voluntarias dirigido a los 2.200 empleados del país vecino.