La banca aprieta a ACS en la venta de activos eólicos por más de 1.000 millones

Ya lo dice el refranero español: “Del dicho al hecho, hay un trecho”. Eso es lo que le ocurre con ACS, que el pasado año anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ventas de activos de energías renovables por 1.992,7 millones de euros. Sin embargo, en sus cuentas de 2011 sólo se apuntó desinversiones energéticas por 400. Los 1.500 restantes están aún pendientes de la respuesta de la banca, que le exige pagar entre un 150 y 180% más en intereses para poder ejecutar las operaciones.

Es el caso de la compraventa a Bridgepoint de once parques eólicos en Castilla y León por 636,3 millones de euros. La transacción se comunicó a los inversores a través de la CNMV el 12 de agosto. Hoy, la operación sigue abierta, pendiente de flecos administrativos, según fuentes próximas a las partes. Y también de las últimas autorizaciones de la banca, el principal problema de esta operación y del resto.

En el caso del acuerdo con Brigepoint, asesorado por Citi y 360 Corporate, los tres grupos de parques eólicos incluidos en la desinversión estaban financiados a un tipo del Euribor+80 puntos. Pero las entidades financieras, que habían prestado casi 500 millones a ACS, tenían el derecho a renegociar las condiciones en caso de un cambio de control accionarial. Gran parte de la banca, un total de 30 entidades, entre la que se encuentran los grupos tradicionales de ACS –La Caixa, Sabadell y BBVA-, exigieron elevar el coste de la financiación al Euribor más entre 200 y 225 puntos básicos.

Un incremento de entre el 150 y el 180% del diferencial que ACS, asesorada por Société Générale y Mediobanca, tiene que asumir con una reducción del precio de venta de al menos 40 millones de euros. El descuento podría ser aún mayor, según indican fuentes financieras, si antes de firmarse oficialmente la operación alguno de los parques incumple sus obligaciones con la banca (covenants) o tienen que ser recapitalizado a futuro.

A ese endurecimiento de las condiciones de crédito se suma la incertidumbre regulatoria, tanto a nivel nacional como autonómico. De momento, en algunas comunidades se ha aprobado una ecotasa, que también afectará al precio final, según otras fuentes. No obstante, se espera que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, no aplique la retroactividad al recorte general a las primas al sector. Si así fuera, la mayoría de las operaciones no podrían culminarse.

Datos contradictorios

Además del acuerdo con Bridgepoint, ACS anunció el pasado año la venta a RREEF Pan European Infrastructure Fund y a ANTIN la venta del 90% de las centrales termosolares Andasol y cinco parques eólicos a Gas natural por un total de 950 millones de euros. El comunicado fue en julio. En agosto suscribió la compraventa de otros nueve parques a Canepa en Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja por 223,4 millones y en octubre le colocó una planta termosolar a GE Energy por 111,1 millones.

En total, casi 2.000 millones de euros en operaciones anunciadas, de los que ACS solo ha contabilizado 400 en sus cuentas de 2011. Sin embargo, la empresa expone en su presentación a los accionistas e inversores que el acuerdo con RREEF y ANTIN se ha ejecutado por completo y que ha transmitido los activos vendidos. Por el contrario, admite que la transacción con Bridgepoint, la mitad de la de Canepa y la de GE Energy están sin cerrarse  Pese a que no las ha vendido, ACS ya ha restado la deuda asociada a estos activos para maquillar sus cuentas.

A todas están transacciones habría que sumar otro gran paquete de parques eólicos que Société Générale y Mediobanca querían haber vendido hace meses. Fuentes del sector indican que la preocupación por la incertidumbre sectorial y la aversión a invertir en España han frenado la salida al mercado de otros activos por cerca de 2.000 millones. ACS anunció a finales de 2010 que quería ingresar unos 4.500 millones por sus participaciones en energías renovables para reducir deuda y demostrar a Iberdrola que no era un competidor directo. Obstáculo legal que a día de hoy le impide entrar en el consejo y gobernar una empresa de la que es el mayor accionista y en la que acumula minusvalías de unos 3.500 millones.