La reforma laboral abre la vía a una avalancha de despidos en las grandes empresas

Vuelco en las relaciones laborales. La reforma aprobada por el Gobierno traerá consigo una avalancha de despidos en las grandes empresas. ¿La causa? La eliminación de la autorización administrativa que, con carácter previo, se exigía hasta ahora a las empresas antes de proceder a despidos colectivos. El Real Decreto Ley argumenta que esa autorización era “contraria” a la “celeridad” que se requiere a la hora de despedir, y de ahí que ahora se elimine.

La consecuencia no puede ser otra que una nueva ronda de ajustes de plantillas en los centros de trabajo de mayor tamaño. Por un lado, las empresas se ahorrarán los actuales salarios de tramitación; mientras que, por otro, las negociaciones con los representantes se limitan a abrir un periodo de consultas que, en ningún caso, puede superar los 30 días naturales. O incluso quince si se trata de empresas con menos de 50 trabajadores.

Para Rafael López Parada, magistrado de lo social del Tribunal Superior de Castilla y León, la supresión “amenaza gravemente los fondos públicos del desempleo”. Pero además, “crea un todo un problema” para las grandes y medianas empresas que gestionaban sus dificultades temporales mediante expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos. En un artículo publicado en el blog Metiendo Bulla augura un aluvión de demandas judiciales. Expedientes ya en marcha pueden ser declarados ilegales por los tribunales -no desaparece la tutela judicial efectiva-, pero a posteriori.

Un aluvión de expedientes sin mediar pacto laboral sería toda una novedad en las relaciones laborales españolas, toda vez que históricamente los EREs han sido consensuados entre las empresas y los representantes de los trabajadores. En 2011, por ejemplo, con datos entre enero y noviembre, la autoridad laboral aprobó 17.919 expedientes (de extinción, suspensión o reducción de jornada), pero nada menos que 16.384 fueron pactados. Y es que las empresas conocían que un ERE que llegara con el acuerdo sindical, tenía más razones para prosperar ante la autoridad laboral, y eso es lo que ha cambiado ahora, lo que explica que pueda dispararse la litigiosidad.

El decreto se limita a mantener la exigencia comunitaria de abrir un período de consultas, pero sin exigirse “un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos”.

Un contexto depresivo

El hecho de que la norma laboral vaya a entrar en vigor en un contexto recesivo añade leña al fuego. Muchas grandes empresas todavía tienen por delante ajustes de plantilla. De hecho, el año pasado se aprobaron 1.314 EREs en empresas con más de 1.000 trabajadores, muy por encima de los 948 de 2010, y eso que la economía creció más que el año anterior. Como se sabe, los diferentes institutos de coyuntura estiman que el PIB caerá este año entre un 1,3% y un 1,7% en un contexto depresivo de la demanda interna, lo que pondrá al límite la tesorería de las empresas.

La información que obra en poder del Ministerio de Empleo sugiere que el 20% de los expedientes aprobados por la autoridad laboral tiene que ver con problemas de “tesorería o financiación”; mientras que otro 30% hay que vincularlo a problemas económicos. Con todo, casi el 40% de los EREs están ligados a causas organizativas o de producción. Lo sindicatos temen ahora que tras la reforma se produzca una “oleada” de EREs en empresas que estaban esperando los cambios legislativos.

Al contrario que sucede en otros países, en particular en Alemania, en España no está asentada la cultura de repartir las horas de trabajo para reducir el número de despidos. De hecho, las cifras más recientes referidas a los años de crisis muestran que la jornada laboral pactada en convenio lejos de disminuir, crece.

La jornada anual de trabajo media se situó en 1.757 horas el año pasado, la cifra más alta en  una década. Hasta el punto de que no ha dejado de crecer desde 2007, que marca el inicio de la crisis y el imparable aumento del desempleo. No se reparten las horas sino que, por el contrario, los que mantienen el empleo trabajan más. El año pasado (hasta noviembre) 57.334 trabajadores fueron despedidos en el marco de un expediente de regulación de empleo, de los que cerca del 25% procedían de empresas con más de 1.000 trabajadores, muy por encima de su peso en el tejido productivo español.

Para evitar esta práctica, el reciente acuerdo entres sindicatos y empresarios establece que en los convenios sectoriales se incluyan cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo, como el horario y la distribución de la jornada de trabajo.