T5 y Antena 3 afrontan una denuncia ante la CNMV por no alertar de que peligran sus canales

José Manuel Soria tiene por delante dos semanas de infarto para solventar la crisis abierta en el sector audiovisual por el Tribunal Supremo, que recientemente obligaba a las televisiones a devolver buen número de los canales concedidos en la era Zapatero. Con la cuenta atrás en marcha, las partes implicadas mueven ficha. Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa que promovió la demanda ante el Alto Tribunal, ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado del Valores (CNMV) en la que pide la apertura de un expediente a los grupos mediáticos cotizados –Mediaset, Antena 3 y Vocento- por no comunicar a sus accionistas el impacto del fallo judicial. Toda una vuelta de tuerca para incrementar la presión sobre las cadenas. 

“Lo que parece claro es que la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 está llamada a modificar sustancialmente el escenario audiovisual español, que afectaría razonablemente a las sociedades cotizadas, que irremediablemente perderán un porcentaje significativo de los canales de que disponen”, reza el documento, remitido el 1 de marzo al supervisor. En efecto y según se interprete la sentencia, Antena 3 perdería entre tres y cinco de sus ocho canales, Mediaset entre dos y seis de sus otros ocho, y Vocento se quedaría con uno o dos menos de los cuatro que actualmente gestiona.

“Parece clara la infracción cometida por Antena 3, Mediaset y Vocento al no comunicar a esa Comisión como hecho relevante la sentencia firme del Tribunal Supremo por la que se declara nula la asignación sin concurso a las referidas sociedades cotizadas de un elevado número de canales de entre los por ellas explotados”, subraya el documento elaborado por la empresa de telecomunicaciones. Por ello, pide “la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores”. También detalla que el plazo para que el Ministerio de Industria dé cumplimiento a la sentencia finaliza el 17 de marzo.

La resolución del Supremo, que es definitiva y no permite recurso alguno, se retrotrae al final de la era Zapatero y declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital [ancho de banda que permite la emisión de cuatro canales] de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. El Alto Tribunal entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso.

El fallo abrió vías de agua tanto en las televisiones como en el Gobierno. En el Ejecutivo, la inquietud está en que la ejecución de la sentencia le exponga a una macrodemanda con importantes reclamaciones económicas por parte de los Mediaset, Antena 3 o Unidad Editorial. Por el lado de las cadenas, el temor es que haga caso al Supremo y se convoquen los concursos. “Es la peor opción para ellas. Abriría el melón a la entrada de corporaciones que ahora están arrendadas como Disney, Paramount o Discovery", se asevera desde el sector. “Se está trabajando sobre una solución técnico-jurídica que podría encontrar acomodo en la nueva normativa sobre el dividendo digital”, exponen fuentes conocedoras de los contactos. 

 Tranquilidad en las cadenas

Aunque la procesión va por dentro, el discurso oficial de los afectados resta toda trascendencia al conflicto. Al menos así se desprende de la memoria a las cuentas anuales de los principales grupos audiovisuales. Por ejemplo, Mediaset circunscribe el escollo a una cuestión formal. “El problema (…) es que la asignación de los múltiples se hizo estando ya en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA, publicada un mes antes que el acuerdo impugnado), la cual prescribe que la asignación de canales adicionales a los comprendidos en cada licencia debe efectuarse a través de concurso público. Este problema podría haberse superado con la mera introducción en la propia LGCA de una previsión que diera continuidad al régimen previo a su promulgación”, expone la firma italiana.

Bajo estas premisas, no prevé que la sentencia tenga repercusión alguna. “Dado que la traba destacada por el Tribunal Supremo es de naturaleza esencialmente formal, pues nunca se cuestionó el planteamiento de la TDT y, por tanto, su culminación con la asignación de un múltiple a cada operador, su solución no es compleja, como así se ha puesto de manifiesto en las reuniones mantenidas con el departamento ministerial competente, por lo que se espera que procederá a subsanarla en las próximas semanas”, remata sin plantear provisión alguna. En esta misma línea se mueve Antena 3, que calca el argumento en sus cuentas casi palabra por palabra. “La solución no es compleja (…) La sociedad espera que el defecto será subsanado en el corto plazo”, remata en la memoria a sus cuentas.

La aparente tranquilidad de las cadenas no se corresponde con el discurso del titular de Industria, algo más ambigüo. No en vano, Soria admitía hace apenas días que la sentencia del Supremo había retrasado la puesta en marcha del dividendo digital, cuya fecha de entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2014. Y a partir de ahí, todo abierto. “Ahora son los servicios jurídicos del Estado los que nos tienen que decir al Ministerio cómo encauzar la solución a estos problemas”, dijo, sin descartar la posibilidad de reasignar las frecuencias. Eso sí, dejó claro que “cualquier tipo de solución tiene que estar dentro del marco de la legalidad para evitar que esta decisión genere un recurso que traiga otra anulación”. Todo un tour de force para la Abogacía del Estado, que trabaja a contra reloj.