Esperanza Aguirre anuncia un ERE para Telemadrid

Esperanza Aguirre prepara la tijera para Telemadrid. Este viernes por la mañana, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acompañado por José Antonio Sánchez, director general de la cadena, mantuvo un encuentro con los responsables sindicales de UGT y CCOO en la sede de la Puerta del Sol para informales del expediente de regulación de empleo que prepara para la televisión autonómica, fundada en 1989, según han confirmado a este diario fuentes sindicales.

El vicepresidente no ofreció ninguna cifra de posibles afectados. Sin embargo, la comunicación posterior de los responsables de la cadena a los empleados ha provocado gran inquietud en la plantilla, que roza los 1.200 puestos de trabajo. Según los sindicatos, el director de Informativos de Telemadrid señaló que el ERE en marcha podría afectar casi al 50% y que podría darse 45 días por años trabajado a los que voluntariamente opten por abandonar la empresa pública.

De acuerdo con la información pública de Telemadrid, la deuda de la cadena al cierre de 2011 ascendía a 242 millones de euros. Además, las cuentas regionales han tenido que efectuar aportaciones extra cada ejercicio para cubrir los desajustes presupuestarios, como ocurrió por ejemplo el año pasado con la inyección de otros 96 millones. A esta mala situación económica se suma también el desplome de la audiencia de Telemadrid, que ha pasado en un par de años del 17,5% a un mínimo histórico del 8%.

La decisión del gobierno de Esperanza Aguirre se produce sólo unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara en abril la posibilidad de que las comunidades autónomas externalicen los servicios y contenidos de las televisiones autonómicas. El deseo de la presidenta por adelgazar o incluso privatizar la cadena autonómica madrileña es conocido desde hace tiempo. De acuerdo con su ideario político, la lideresa popular ha dejado claro que "nunca he ocultado que mi deseo es privatizar Telemadrid".

Pero Telemadrid no será la primera televisión autonómica en aplicar un ERE. A finales de 2011, la valenciana Canal 9 reconoció los planes del gobierno regional de abordar un programa de despidos, dentro de un marco de actuación para todas alas empresas públicas. En el caso de la corporación Radio Televisión Valenciana (RTVV), su situación es mucho más gravosa, ya que además de contar con una plantilla de 1.800 personas cerró el año 2010 con unas pérdidas de explotación de 164,64 millones de euros.

A pesar de las urgencias presupuestarias, la privatización de las televisiones autonómicas no será tan inminente. Antes de cualquier decisión, los operadores privados consideran "imprescindible que se adelgace la estructura de las cadenas, como ha hecho la valenciana, y que se reconozca la deuda, como es el caso de la catalana". A partir de ahí, las productoras esperan poder participar en la creación de todo tipo de contenidos que se externalicen, de informativos a programas cultural-divulgativos.

Todos estos movimientos tienen que ver con el proyecto de ley aprobado el pasado mes de abril por el que se daba luz verde a la privatización de las cadenas autonómicas, al tiempo que se flexibiliza su gestión. De este modo, el Gobierno avalaba “la cesión total o parcial a terceros de la producción y edición de toda su programación, incluidos los servicios informativos”. Además, autorizaba la puesta en marcha de otras fórmulas de gestión indirecta y otras medidas de colaboración público-privadas.