Medio Gobierno planta cara a Zapatero por el fin de la publicidad en TVE

El fin de la publicidad en TVE ha abierto fisuras en el nuevo Gobierno. Según fuentes de toda solvencia, cuatro ministros cuestionaron abiertamente el pasado viernes el anteproyecto de ley defendido por la vicepresidenta De la Vega, quien durante la gestación del nuevo modelo de financiación de la televisión pública estatal ha marginado a sus compañeros de gabinete. Incluso, a quienes tienen competencias directas en materia de telecomunicaciones o regulación general de la actividad económica.

Los cuatro ministros que plantaron cara a De la Vega fueron la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y los titulares de Industria, Miguel Sebastián, Política Territorial, Manuel Chaves, e Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el principal mentor político de Salgado.

Los cuatro ministros que protagonizaron la ‘bronca’, según las fuentes consultadas, criticaron el anteproyecto de ley por distintas razones, pero al final el nuevo texto legal salió adelante por la posición inequívoca de Rodríguez Zapatero en favor de De la Vega, quien ha impuesto sus tesis contra viento y marea. Y es que la vicepresidenta segunda ha planteado el asunto de la publicidad pública como un asunto casi personal, hasta el punto de que en las reuniones con los sectores afectados estuvo presente su jefa de prensa, Ángeles Puerta, en lugar de los secretarios de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, o la secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea, quienes han sido marginados en todo el proceso de negociación.

El resultado ha sido un anteproyecto de ley que deja ronchones en el Gobierno. Entre los ministros críticos se visualizaron dos posiciones. Una de carácter más económico o técnico -como quiera llamarse- y otra de carácter político. En el primer grupo se situaron Salgado y Sebastián, quienes criticaron abiertamente que tanto las operadoras de telecomunicaciones como las televisiones privadas tengan que destinar una parte de sus beneficios a financiar la televisión pública, sobre todo en unos momentos como los actuales, en los que la caída del negocio está haciendo mella en sus cuentas de resultados. Lo que preocupa en este caso, según las fuentes, es que la política de inversiones de las telecomunicaciones se vea afectada por la nueva norma.

En el caso de Salgado, su enfado también parece tener que ver con el hecho de que el presupuesto de RTVE está controlado directamente por la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y la responsable de este holding es la ministra de Economía, pero tanto la Sepi como la propia Salgado  han estado ausentes de la gestación de la nueva norma.

En el segundo grupo se encontraron los ministros más políticos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves, quienes consideraron un error que para salvar la cuenta de resultados de las televisiones privadas (hacia donde en teoría debe desplazarse la publicidad de la televisión pública) se tuviera que aprobar deprisa y corriendo un texto legal escasamente madurado, tanto en la Comisión de Subsecretarios como en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Rubalcaba y Chaves defendieron que el electorado socialista difícilmente podría entender un balón de oxígeno de este calibre para las privadas. No se critica que TVE deje de emitir anuncios, sino que la opinión pública lo pueda visualizar como consecuencia de una política en favor de empresas privadas.

Las autonómicas, a los pies de los caballos

En el caso de Chaves, según las fuentes, también ha podido influir el hecho de que el nuevo anteproyecto de ley deja al pie de los caballos a las televisiones autonómicas, que no tendrán más remedio que seguir los pasos de TVE. Es decir, eliminar la publicidad de la parrilla.

En este caso, la diferencia estriba en que si bien la televisión pública podrá complementar sus ingresos con el dinero que salga de los operadores de telecomunicaciones y de las televisiones privadas, el modelo no es exportable a las comunidades autónomas, que se verán obligadas a buscar otras vías de financiación. Claro está, a no ser que en virtud de su autonomía financiera -que proclama la Lofca- se decidan por imponer una tasa adicional por el negocio que realice cada empresa afectada en la región correspondiente. Es decir, la imposición de una especie de recargo autonómico sobre el 3% y el 0,9% que, respectivamente, deben destinar de su facturación las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones.