El Gobierno subasta la sede de UGT en el barrio de Salamanca por 8,5 millones

El furor inmobiliario no está pasando desapercibido para la Administración Pública. A principios de octubre, el Ministerio de Defensa vendía suelo en Madrid por 43 millones de euros, el Minsterio de Empleo y de Seguridad Social convocaba la subasta de un edificio en pleno centro de Barcelona por 16,7 millones de euros y ahora, esta misma cartera quiere aprovechar el apetito comprador que existe en la capital de España con la venta de nuevos inmubles.

En este sentido, ha decidido sacar a subasta pública los 2.300 metros cuadrados de oficinas que en la actualidad ocupa el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) por los que espera obtener, al menos, 8,5 millones de euros. La apertura de los sobres con las ofertas tendrá lugar a mediados de diciembre y, una vez adjudicado, el sindicato tendrá dos meses para dejar libres las oficinas.

Se trata de siete lotes, que salen conjuntamente a la venta, y que pertenecen a la Administración General del Estado, si bien, tal y como regula la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, fueron cedidos al sindicato para el desarrollo de su actividad. Estas oficinas se encuentran estratégicamente situadas junto a la calle Príncipe de Vergara, a escasos 500 metros del Paseo de la Castellana y en pleno barrio de Salamanca una zona muy codiciada, especialmente desde el punto de vista residencial. De hecho, a pesar de su uso actual como oficinas, el planeamiento urbanístico del ámbito contempla el uso a residencial. Para que nos hagamos una idea, los pisos de segunda mano en la zona se mueven entre 5.500 y 7.000 euros el metro cuadrado, según datos de idealista.

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E. Sanz

Según fuentes del sindicato consultadas por El Confidencial aseguran que "durante los últimos meses se ha producido una restructuración del sindicado. Hemos pasado de seis federaciones a tres. Al reducir nuestra estructura también se ha reducido el espacio que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Por ese motivo solicitamos al Ministerio de Empleo el fin de la cesión de uso de estas oficinas".

El Patrimonio Sindical Acumulado está integrado por edificios o inmuebles cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, se transfieren en uso a las organizaciones sindicales y empresariales españolas para que puedan desarrollar las funciones que les corresponden según el ordenamiento jurídico.

Regulado por una ley del 86

La Ley de 1986 pretendía, entre otros objetivos, resolver la incautación de bienes que sufrieron las organizaciones sindicales democráticas, tras la Guerra Civil española. Dicha normativa regulaba la cesión en uso, no en propiedad, de estos edificios y locales, de tal manera que se permitía el uso de los mismos pero no transmitirlos o cederlos a terceros ni alterar los términos de la cesión realizada por el Estado. Precisamente UGT, junto a otras asociaciones sindicales, como CNT, fueron las que más sufrieron la incautación de bienes tras la Guerra Civil.

Dicha ley dispone además que las cesiones tienen carácter gratuito, si bien, deben reintegrarse los bienes en el mismo estado originario en el que fueron cedidos. Además, la normativa también recoge que la enajenación o venta de los inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado deberá realizarse por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando su valor, según tasación pericial, no exceda de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), o por el Gobierno, cuando sobrepasando dicha cuantía no exceda de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros). La enajenación de los bienes inmuebles, valorados en más de 4.000 millones de pesetas, deberá ser autorizada mediante Ley.

Por otro lado, la enajenación deberá realizarse mediante subasta pública, como es el caso, excepto cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, autorice su enajenación directa. También contempla la ley que "el importe de la enajenación de bienes integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado se destinará a la adquisición de bienes de valor equivalente, obras de construcción, conservación, reforma, acondicionamiento y mejora de los bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y, en general, a las finalidades previstas en esta Ley y en su Reglamento ejecutivo. Asimismo podrán permutarse, mediante autorización del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado por bienes de valor equivalente pertenecientes a otras personas con igual finalidad que la expresada en el número anterior".

"Efectivamente, cuando uno de estos inmuebles se vende, el remanente obtenido debe destinarse a la mejora de las instalaciones de otros espacios sindicales. De hecho, cada seis meses se reúne la comisión consultiva de patrimonio sindical, de la que forman parte varios sindicatos además del Ministerio de Empleo en la que se decide en qué se debe reinvertir dicho dinero. Además, cada año, una partida del presupuesto anual se destina también a la conservación de estos inmuebles", aseguran fuentes de UGT.