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Bruselas echa balones fuera: corresponde al Gobierno español reaccionar ante decreto andaluz
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DE EXPROPIACIÓN TEMPORAL DE VIVIENDA

Bruselas echa balones fuera: corresponde al Gobierno español reaccionar ante decreto andaluz

La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que corresponde al Gobierno español resolver el problema del decreto andaluz de expropiación temporal de vivienda y dijo no disponer de

La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que corresponde al Gobierno español resolver el problema del decreto andaluz de expropiación temporal de vivienda y dijo no disponer de información específica sobre el anuncio del Ejecutivo de llevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC).

"No he recibido información sobre eso. Puede ser una decisión que tomen las autoridades españolas, pero no tengo ninguna información particular al respecto del ministro" español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor.

"En cuanto al seguimiento eventual de esta cuestión entre las autoridades españolas, es una cuestión que les corresponde a ellas", recalcó en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.

El portavoz recordó que la CE ya envió una carta al ministerio de Economía en la que expresaba su preocupación por el decreto andaluz, que prevé sanciones por las casas vacías y expropiaciones temporales a los bancos para evitar desahucios en situaciones vulnerables, y podría poner en peligro los objetivos del programa de rescate bancario, a juicio de Bruselas.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) analizan hoy el informe de la tercera revisión del programa de asistencia financiera a la banca española, en el que se recoge la preocupación de la CE y del Banco Central Europeo (BCE) por el decreto andaluz.

La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que corresponde al Gobierno español resolver el problema del decreto andaluz de expropiación temporal de vivienda y dijo no disponer de información específica sobre el anuncio del Ejecutivo de llevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC).