Sólo los desalojados a partir de 2008 accederán a los alquileres del fondo social

De la misma manera que sólo las familias, parejas o particulares más vulnerables que se enfrentan a una ejecución hipotecaria o a un desahucio podrán conseguir que se paralice el proceso durante dos años, sólo las familias, parejas o particulares más vulnerables que han sufrido un desalojo después del 1 de enero de 2008 podrán acceder a un alquiler del Fondo Social de Vivienda (FSV).

Este es el anuncio que realizó este martes en el Senado el ministro de Economía. Luis de Guindos explicó que, para poder acceder a uno de estos alquileres, las familias deberán cumplir los mismos requisitos de vulnerabilidad fijados en el decreto antidesahucios, además de haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008.

De esta manera, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad, ha indicado De Guindos en el Senado. Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al FSV, la norma antidesahucios acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

El fondo contará con 6.000 viviendas, propiedad de las entidades de crédito, de entre las que no hayan sido aportadas a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca), que deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", indicó Guindos.

Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó el ministro.

El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.

Luis de Guindos explicó en su intervención en la Cámara Alta que en el diseño del FSV, que ha dado prácticamente por terminado, han participado representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, de la Asociación Española de la Banca (AEB), la CECA, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria Española y la FEMP.

El fondo se articulará mediante la firma de un convenio entre las autoridades públicas implicadas y entidades financieras, que se adherirán al mismo de forma voluntaria, aunque una vez que lo hagan deberán cumplir obligatoriamente lo estipulado en el mismo.

Contará con la colaboración de ayuntamientos y ONG

Una vez firmado el convenio, cada entidad constituirá su fondo de vivienda y ofrecerá información sobre el mismo a potenciales beneficiarios, entidades locales colaboradoras y a la comisión de coordinación y seguimiento. Este órgano de nueva creación estará formado por representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, del Banco de España, la FEMP, las entidades financieras adheridas al fondo y algunas ONG.

Los bancos deberán remitirle información y se reunirá a instancias de cualquiera de sus integrantes cada tres meses con el objetivo de recibir incidencias, datos y conocer la evolución del FSV. De Guindos indicó que el Gobierno ha considerado "conveniente" contar con la colaboración de las organizaciones sociales que conocen de primera mano las necesidades de las familias, como ayuntamientos y ONG.

De esta forma, los ayuntamientos que se sumen al Fondo tendrán un papel "preeminente" en la selección de las familias beneficiaras, mientras que las organizaciones sociales realizarán tareas de información para facilitar el acceso a las viviendas.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.