Hasta el Gobierno reconoce ya el fracaso de su política 'anti-desahucios'

“Es un auténtico fracaso”, “los hechos demuestran que ha servido para poco” o "no han funcionado como debería".  Jueces, abogados, afectados e incluso el propio presidente del Gobierno y otros dirigentes del Partido Popular han reconocido en los últimos días que el plan 'anti-desahucios' elaborado por el Ejecutivo, y que cobró forma bajo el Código de Buenas Prácticas a principios de año, ha servido de poco.

Aunque todavía no se conocen datos oficiales, las cifras sobre desalojos son escalofriantes. Entre abril y junio –periodo en el que ya deberían contemplarse los efectos del código- se produjeron casi 48.000 desahucios. Casi 1.500 más que entre enero y marzo.  

A pesar de que la adhesión al mismo fue unánime por parte de todas las entidades financieras, lo cierto es que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el balance se sitúa en más de 500 desahucios diarios.

Los teléfonos de los despachos de abogados no han dejado de sonar con la misma frecuencia que hace unos meses. Detrás de esas llamadas siempre hay un drama. Una situación desesperada porque, "una vez que se ha interpuesto la demanda, no hay nada que hacer. La entidad no quiere dar marcha atrás", reconoce Javier Sevillano, experto en derecho bancario y de consumo del bufete de abogados Legal & Media. 

¿Por qué no se frena la sangría de desahucios y ejecuciones hipotecarias?

La decisión de negociar con el cliente y buscar una solución depende de la buena voluntad de las entidades financieras. “No están obligados a hacerlo. sólo estamos viendo soluciones en casos muy puntuales”, señala Luis Javaloyes, director general de Agencia Negociadora, especializada en la intermediación financiera.

"Si los bancos no lo ponen en práctica -en referencia al código de buenas prácticas- habrá que tomar otro tipo de medidas que pasen por la obligatoriedad", apuntaba el lunes la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Además, tal y como advirtieron los expertos, atendiendo a los requisitos del código sólo se ha podido aplicar a familias en riesgo de exclusión social. "Cumplir con todos los requisitos hace prácticamente imposible que muchas familias se hayan podido acoger a él", apunta Carlos Guerrero, abogado y socio fundador de MAB Legal & Corporate. "Según nuestra práctica diaria, es un auténtico fracaso".

Recordemos que para acogerse a dicho código, la vivienda debe ser la primera y la única que posee la familia. Deberá tener todos sus miembros en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia o que la vivienda afectada se situará entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.

"Estamos hablando de un porcentaje muy limitado de la población. Sin olvidar que muchos de los que podían acogerse al código no sabían que podían hacerlo ya que aunque las entidades adheridas estaban obligadas a dar la máxima difusión del mismo entre sus clientes, en la práctica no lo han hecho", comenta Javier Sevillano, quien añade que "familias de clase media, que no están en situación de indigencia se han quedado fuera del mismo". 

Y es que, tal y como reconoce Luis Javaloyes, “el cliente que necesita renegociar su deuda no tiene por qué ser un mal cliente. Alguien que paga sus deudas con puntualidad británica puede verse en un momento dado obligado a dejar de hacerlo. El problema es que una vez que deja de pagar es muy difícil alcanzar un acuerdo con la entidad”.

Falta de transparencia

Sobre los verdaderos resultados del código nada se sabe. El Ejecutivo todavía no tiene los datos sobre la mesa mientras que la Asociación General de Consumidores Asgeco, instaba ayer a publicar el informe semestral de monitoreo de este código, a la vista de los "deplorables" datos de desahucios del segundo trimestre de 2012.

La asociación recordaba que la Comisión de Seguimiento del código, formada por cuatro miembros repartidos entre los órganos supervisores del Gobierno y la Banca, tiene la obligación de publicar un informe de evaluación del cumplimiento del mismo en virtud del artículo 6.4 del RD-ley 6/2012.