La especulación amenaza con convertir los astilleros Naval-Gijón en una urbanización de lujo

El desarrollo urbanístico de Gijón viene generando polémica y protestas entre sus vecinos desde finales desde los años noventa. Varias son las actuaciones mediante las que el Ayuntamiento y el propio Principado de Asturias a través de la compañía SOGEPSA (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.) han transformado la ciudad vía expropiaciones con la promesa de promover viviendas protegidas que luego no se han construido. En cambio, las urbanizaciones de lujo y playas artificiales se extienden por la ciudad y amenazan ahora a los astilleros.

Y es que los terrenos de la Naval-Gijón, cuya propiedad la ostenta desde 2004 Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), han sido calificados por dicha empresa como de su residencial –valorados en 30 millones de euros- cuando, realmente, se trata de suelo de uso industrial.

La citada compañía pidió al Ayuntamiento que este terreno fuera transformable de urbanizable industrial a urbanizable residencial durante la tramitación del actual PGOU, aprobado este año. Además, pidió a la Agencia de Propiedad Inmobiliaria que calculara su precio basándose en que fuera suelo residencial, estimando su valor en 30 millones de euros. Pese a que aún no se ha hecho público, fuentes conocedoras del nuevo plan de urbanización gijonés aseguran que la calificación corresponde a suelo industrial: “O Pymar falsea sus cuentas o el Ayuntamiento miente”.

Ni la concejalía de Urbanismo del Consistorio gijonés ni Pymar han querido hacer declaración alguna a este diario sobre estos terrenos. Ambos aseguran que no pueden facilitar esta información a pesar de ser pública.

En Gijón, “hay 25.000 viviendas vacías, no hay necesidad de este tipo de crecimiento urbanístico tan agresivo y menos de la manera que se está haciendo”, aseguran en el movimiento vecinal ‘Defensa Rural’.

Desaparición de suelo público

SOGEPSA es propiedad del Principado de Asturias y algunos ayuntamientos al 51% y varias constructoras (49% restante). Su primera actuación fue el Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) de El Llano: 65.000 metros cuadrados. A continuación, el PERI del área de Poniente, que consistió en una playa artificial que linda con los astilleros Naval Gijón y 22.000 metros cuadrados previamente expropiados, según el registro de la propiedad al que ha tenido acceso este diario.

Entre esos 22.000 metros cuadrados se encuentran 2.800 de suelo público que han desaparecido bajo una urbanización de lujo: Edificios Barco. “Ni se han levantado viviendas de promoción pública, ni se ha cedido el 10% de suelo obligatorio”, apuntan en Defensa Rural.

El Ayuntamiento gijonés está gobernado por el PSOE en coalición con IU, siendo su alcaldesa Paz Fernández Felgueroso. Da la casualidad de que el actual presidente del Principado, y por tanto vinculado a SOGEPSA, es el socialista Vicente Álvarez Areces, alcalde de Gijón entre 1987 y 1999. SOGEPSA, en manos socialistas, vendió los terrenos del PERI de Poniente a la inmobiliaria aragonesa PROGEA, participada por Izquierda Unida (ver vinculación con Partido Comunista de España), y que fue la que levantó la urbanización de lujo, los Edificios Barco.

Indefensión ante el nuevo PGOU

La tramitación del nuevo PGOU de Gijón comenzó en 2003. Un año más tarde se abrió el plazo de alegaciones. Según Defensa Rural, que nació en noviembre de 2003, “la primera exposición pública duró tan sólo un mes, pero, aun así, a la aprobación inicial se presentaron 3.000 alegaciones basadas en un consumo de suelo desmesurado por la existencia de urbanizaciones desperdigadas y que, además, obligarían un exagerado uso del automóvil”.

No contentos con eso, este movimiento presentó ante el Consistorio local 32.000 firmas para que el