La SEPI ‘regala’ a un ayuntamiento socialista unos terrenos valorados en 12,8 millones de euros

La SEPI debe ser la única empresa española que, lejos de lucrarse con el boom inmobiliario, va ‘regalando’ los terrenos a autoridades afines al Gobierno. La empresa pública Infoinvest, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), decidió vender en 2005 a la Autoridad Portuaria de Avilés unos terrenos valorados en 12,8 millones de euros por tan sólo 1,5 millones, su valor anterior a la revisión del Plan General de Urbanismo del citado municipio, según ha podido comprobar El Confidencial en diversos documentos que lo atestiguan.

Con respecto a la venta de terrenos a la Autoridad Portuaria, concretamente la dársena de San Agustín, el grupo SEPI firmó con dicho puerto el compromiso de venta mediante un Acuerdo Marco en junio de 2001 como ‘sistema general portuario’ por 1,5 millones de euros. El 21 de noviembre de 2002 el pleno del Ayuntamiento de Avilés acordó modificar el acuerdo con ocasión de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana para implantar en la zona sur de la dársena de San Agustín un gran centro deportivo y de negocios que nada tenía que ver con la utilización de un muelle de salida.

Esta recalificación fue aprovechada por Infoinvest, a través de su empresa Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), para paralizar el proceso de compraventa en los términos acordados en 2001. Infoinvest encargó a la empresa Alia Tasaciones una nueva tasación, que arrojó el valor de 12,8 millones de euros, dada la explotación comercial posible para esos terrenos. La respuesta de la Autoridad Portuaria, presidida desde 1999 por el socialista Manuel Ponga, ante tal subida de precio fue una demanda por incumplimiento del ‘preacuerdo’.

Así las cosas, con la irrupción del PSOE al Gobierno central en 2004, llegó a la presidencia de Infoinvest Juan José Puerta, antiguo interventor del Estado y director general de presupuestos en la última etapa del Gobierno de Felipe González. Según fuentes dignas de todo crédito, Puerta optó por obviar el pleito. El resultado fue que, con un socialista en Infoinvest y otro en la Autoridad Portuaria de Avilés, la compraventa de los terrenos se hizo por el precio antiguo.

Esto es, la SEPI renunció a un beneficio de 11,3 millones de euros, y lo hizo apoyándose en una cláusula de salvaguarda por la que la Autoridad Portuaria se comprometía a que “los terrenos transmitidos por PEPA (Infoinvest) sólo puedan se destinados a las actividades comerciales portuarias (…) así como usos náuticos-deportivos o culturales no comerciales” durante 15 años.

Infoinvest, en su propia declaración de intenciones, expone que se “encarga de optimizar el patrimonio inmobiliario del grupo SEPI mediante la prestación de servicios integrales de valoración, gestión y asesoramiento a todas sus empresas”. No parece haber sido este el caso, cuando Juan José Puerta renunció a tan cuantioso beneficio, y sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación de otras compañías públicas, que solventan su situación económica como pueden: los astilleros civiles de la antigua Izar negocian su compra y RTVE ejecuta severos expedientes de regulación de empleo. A la SEPI no parece sobrarle el dinero.