Suenan las campanas de alarma sobre la insostenible locura inmobiliaria costera del sureste español

Construcción de 300.000 nuevas viviendas, casi una cincuentena de campos de golf, 100.000 hectáreas de regadíos ilegales, parques naturales y zonas de especial protección amenazadas… Éste es el panorama actual en el rincón costero del sureste de la piel de toro, que incluye a Alicante, Almería y Murcia.

A los mantenedores de la locura urbanística costera en el Sureste español basados especialmente en ayuntamientos gobernados por el PP, pero también por el PSOE, ya no les quedan argumentos para dejar seguir el desaguisado. Y ya tienen razones objetivas suficientes para intentar enmendarse la plana a sí mismos, como ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves.

En la segunda mitad de la semana pasada se han multiplicado los sones de las campanas de alarma desde organismos oficiales y tan dispares como la propia Junta de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Murcia (CESRM), el Programa para la Protección del Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) y organizaciones ecologistas de ámbito nacional como WWF/ADENA.

La decisión de la Junta de Andalucía de comprar con dinero público y derribar el hotel de la playa de El Algarrobico (Garrucha), después de años de negar la evidencia permitiendo su construcción sobre la playa, vino a coincidir con la publicación de un informe del CES de Murcia en el que advierte de que los planes para construir 300.000 nuevas viviendas –nucleadas en torno a campos de golf, aunque eso no lo dice el CES– en esa región son una amenaza clara para el pretendido “desarrollo sostenible" que el gobernante Partido Popular murciano asegura que mantiene permitiendo la realización de todos esos proyectos.

El CES de Murcia critica que esas actuaciones en desarrollo y previstas “no están sujetas a suficientes condicionantes u orientaciones para su planificación al no existir directrices regionales que fijen unas condiciones territoriales mínimas para que se puedan desarrollar con el menor impacto territorial posible”.

Las advertencias del CES caerán probablemente en saco roto, empeñado como está el Gobierno murciano de Ramón Luis Valcárcel en un desarrollo a todas luces insostenible, como ya cayeron hace cinco años las recomendaciones del informe del CES sobre la nueva ley del Suelo regional que preveía lo que ahora se está consumando y que es denunciado ya como hecho cierto.

Pero llama la atención que el Gobierno socialista andaluz, teniendo como tiene esos mecanismos restrictivos que echa en falta el CES murciano, haya reaccionado con tanta tardanza para impedir la terminación del hotel de El Algarrobico y, al mismo tiempo, tanto el Ejecutivo sevillano como las corporaciones locales del Levante almeriense limítrofe con Murcia –Pulpí, Mojácar, Cuevas de Almanzora, etc, la mayoría en manos del PSOE– fomenten planes en marcha para realizar casi tantos miles de viviendas con sus correspondientes campos de golf rodeando físicamente el Parque Natural de Cabo de Gata.

Ausencia de recursos hídricos

Y todos esos cientos de miles de viviendas proyectadas en Murcia y Almería, estarían en tierras, las de la Cuenca del Segura –que también incluye el sur alicantino–, dependientes totalmente de un recurso que no tienen –el agua– y que les llega a través del Trasvase del Tajo.

La situación paranoica llegó el jueves pasado al extremo de que el Sindicato de Regantes decía proyectar una “marcha” sobre Madrid para reclamar un riego de socorro mientras venía lloviendo en la Región de Murcia y la organización ecologista WWF/ADENA denunciaba la existencia de 100.000 hectáreas de regadío ilegal en la Cuenca del Segura y de 500.000 pozos ilegales en toda España.