El mapa de las sentencias medioambientales contra España: de vertederos ilegales al AVE

Mientras Bruselas ultima los objetivos medioambientales para 2020, a España todavía le quedan 10 sentencias y 29 casos abiertos sobre este asunto. Los vertederos ilegales, la polémica 'autovía de los pantanos' del sur de Madrid o el Ave Sevilla-Almería son algunos de los motivos por los que la Comisión Europea ha llevado a España ante los tribunales en numerosas ocasiones.

En total, el país acumula 2.509 infracciones a las leyes europeas. Una de cada 4 (640) corresponden a materias relacionadas con el medio ambiente. Municipios como Abrera, Andújar, Arrecife o Casaseca de las Chanas son algunos de los 70 mencionados en las denuncias presentadas ante los tribunales europeos. Estos son los datos detrás de las sentencias que ponen en duda la política verde española.

La autovía de los pantanos: partiendo el monte en dos

Entre Boadilla del Monte y Navas del Rey, en Madrid, discurre la M-501. Nació como una vía comarcal con un carril para cada sentido. Sus 52 kilómetros de sinuoso recorrido y la escasa visibilidad en algunos de sus tramos provocaban una media de tres accidentes mortales por año, según datos de la DGT.

Para dinamitar la cifra, el gobierno de Esperanza Aguirre decidió transformar esta carretera en autovía a través de un proyecto en varios tramos. El primero se desdobló pronto, en 1998. El segundo, entre Quijorna y Navas del Rey, terminó de construirse en 2008 y atraviesa atraviesa el parque regional del río Guadarrama y la zona de especial protección de aves de los ríos Cofio y Alberche. A pesar de que ese tramo ya se había resuelto como desfavorable en 1998 y 2003, en su tercer intento la Comunidad de Madrid no realizó el estudio de impacto medioambiental exigido.

"Muchos de los animales son pequeños y no se detectan sus atropellos"

El polémico tramo 2 fue certificado por el Tribunal madrileño como proyecto de “interés general”. Este título prioriza el beneficio de los usuarios -en este caso, la reducción de los siniestros- sobre la legislación medioambiental, por lo que una quinta parte de la M-501 se saltó la burocracia europea y se construyó rápidamente.

En 2007, la Comisión Europea advirtió a la Comunidad de Madrid de que estaba incumpliendo las directivas de evaluación de repercusiones y conservación de hábitats. Tan solo entonces esta se comprometió a realizar el estudio, ya con la carretera a medio hacer.

Pero las obras continuaron en plena Red Natura y la Comisión Europea no dio más oportunidades: la M-501 llegó a los tribunales europeos. Los jueces concluyeron, en 2011, que España ni evaluó correctamente los efectos negativos de la autovía ni propuso alternativas para solucionar ese impacto.

La Comunidad recurrió el recurso varias veces, pero cuando el Tribunal Supremo le dio la razón al ejecutivo europeo no le quedó más que insistir en que se habían cumplido todas las exigencias. Incluso publicó un vídeo en 2015 para demostrar que varias especies -zorros, jabalíes, tejones o perdices- utilizaban los 43 pasos para animales construidos en la autovía.

Para Teresa Gil, técnico del programa de especies de WWF, el esfuerzo no fue suficiente: “Contabilizar a todas las especies es muy difícil: muchos de los animales de la zona son pequeños y no se detectan sus atropellos”, aclara a El Confidencial. “Además, cada animal sigue una ruta distinta que no tiene por qué incluir cruzar los pasos artificiales por lo que esos datos no son del todo fiables.”

El AVE Sevilla-Almería: ¿y ahora qué?

Lo único que queda del proyecto de alta velocidad entre Sevilla y Almería es el esqueleto de la línea. Este proyecto, que prometía reducir el tiempo de viaje entre ambos municipios, quedó paralizado en 2012. Ni siquiera hay electrificaciones o vallas, solo la plataforma del recorrido.

En el plan del proyecto se incluían 16 kilómetros que atravesaban la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), especialmente relevante por dar hogar a la avutarda, un ave en peligro de extinción en toda la comunidad andaluza. Esta y otra media docena de especies, por estar protegidas bajo la legislación europea, exigían un estudio de impacto medioambiental.

Sin embargo, “España no tuvo en cuenta que la línea atravesaría una zona reconocida ecológicamente sensible desde 1998”, dicta la sentencia del Tribunal Europeo en 2016. Añade, además, que no se contabilizaron las especies ni se analizaron los posibles daños que estas podrían sufrir.

“Fue un doble error: el estudio se hizo mal y la aprobación del proyecto no exigió toda la información que faltaba”, explica Jesús Pinilla, delegado en Andalucía de la organización SEO/Birdlife.

España recurrió la sentencia y aseguró que el estudio de impacto respondía a todas las exigencias, que las medidas fueron “suficientes”. No convencida, la Comisión sostuvo que una plataforma de 25 metros de alto y la doble valla de seguridad alterarían “gravemente” los hábitats de las aves.

En Bruselas, España solo tiene pendiente el pago de las costas de los litigios. Entre Sevilla y Almería quedará el campo dividido por una larga plataforma de cemento en una zona que podría pasar a convertirse en una vía verde o quedarse muerta para siempre.

De 70.000 a 38.000 hectáreas

Una situación similar ocurrió con el regadío de Segarra-Garrigues, en Lérida. La queja se abrió en 2001 y todavía no se ha cerrado. El proyecto de regadío afectaba a 70.000 hectáreas y algunas de las últimas zonas de hábitats de aves como la calandria o el alcarán. Tras la sentencia del Tribunal Europeo el proyecto acabó afectando solo a 38.000, pero la Comisión sigue pendiente de que se cumplan todas las medidas para conservar los ecosistemas.

Sin embargo, Jesús Pinilla cree que la política no trabaja lo suficiente por el medio ambiente. “Las cuestiones medioambientales se enfrentan siempre a las cuestiones económicas. En la propia sociedad siguen considerándose prioritarias otras cosas más allá del medio ambiente”, denuncia

Gestión de basura y aguas residuales: asignatura pendiente

España se deshizo de sus residuos “poniendo en peligro la salud humana y el medio ambiente”. Así lo dicta la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en 2017, que pone el objetivo sobre 61 vertederos incontrolados activos o en desuso que aún no habían sido sellados tal y como dicta la ley. La persecución del directivo europeo sobre la gestión de residuos cumple ya más de 10 años: en 2007 se abrió el primer expediente que denunciaba la fuerte presencia de estos lugares. La mayoría de ellos se repartían entre las Canarias (24) y Castilla y León (27).

A día de hoy se han clausurado y sellado 39 vertederos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Las comunidades autónomas mencionadas en las sentencias se están encargando de sellar los 22 restantes, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores, que remitió en mayo de este año la documentación correspondiente para demostrar que "se está trabajando en cumplir las directrices europeas".

Tras varias denuncias, la justicia europea acabó por dictar la “gestión deficiente” que España había tenido con sus deshechos. Aunque los países miembros se encargan de sus propios residuos, en España son las comunidades autónomas quienes tienen potestad sobre su basura. En 2030, deben cumplir el objetivo de producir menos de un 10% del total de sus deshechos en vertederos y reciclar más del 65%.

Precisamente el SEPRONA actuó el año pasado con la INTERPOL para realizar un total de 473 inspecciones a vertederos ilegales. A estos se les suman los vertidos que pueden darse en fincas o cunetas de carreteras, de menor tamaño pero igualmente peligrosos. “Es imposible cuantificar los vertidos ilegales a nivel nacional”, asegura el teniente Juan Antonio País desde SEPRONA.

Los residuos de las construcciones son los más comunes y algunos de ellos producen uno de los químicos más problemáticos: el amianto, un aislante cancerígeno. “Si los restos están correctamente sellados no suponen un gran riesgo. El problema llega cuando se mueven o se rompen y liberan las microfibras nocivas”, explica el teniente País.

Lo mismo ocurre con el vertido de aguas residuales urbanas. El ejecutivo europeo llevó a España a los tribunales en 2016 y en 2017 por considerar que en varias poblaciones de Galicia y Cataluña no se estaba asegurando un correcto tratamiento del agua y que el país no estaba aplicando las exigencias de la Comisión.

En noviembre de 2011, el Tribunal Europeo condenó a España por permitir la explotación de cinco minas a cielo abierto en los municipios de Villablino y Cabriñanes, (León). Según la Comisión Europea, el trabajo se llevó a cabo sin evaluaciones de impacto afectando seriamente a especies como el urogallo o el oso pardo, la cual se aleja entre 3 y 5 kilómetros por el ruido de la extracción minera. La región de Alto del Sil, donde se encuentran las minas, estaba reconocida como Zona de Protección para Aves (ZEPA) por las autoridades europeas.

En el mismo año, las Islas Canarias se enfrentaron a otra sentencia europea que condenaba a la región por no haber establecido de forma adecuada las zonas especiales de conservación sin asegurarse de evitar el deterioro de hábitats y perturbaciones de las especies en estas zonas.