El otro negocio de Víctor de Aldama: vender medicamentos 'online' sin permiso de Sanidad

El empresario Víctor de Aldama y presidente del Zamora CF, uno de los 19 detenidos en la trama del asesor del exministro y diputado socialista, José Luis Ábalos, era también socio al 50% de un polémico negocio que el Ministerio de Sanidad exigió cerrar y la Audiencia Nacional investigó con posterioridad. Se trata de Telefarmacia App, un servicio de envío de medicamentos a domicilio del que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, dependiente de Sanidad) exigió su cierre por primera vez en 2019. Tras una larga batalla judicial, la Audiencia Nacional ratificó recientemente la decisión del Ejecutivo declarando ilegal el negocio de De Aldama.

Constituida en 2018, Telefarmacia App era un servicio de entrega a domicilio de medicamentos, una especie de Glovo o Uber Eats que, en lugar de enviar comida de restaurantes, enviaba medicina adquirida en farmacias. Víctor de Aldama era socio al 50% del negocio junto a Pablo de Castro Luis, investigado también a comienzos de 2022 por la Audiencia Nacional por un presunto delito de manipulación del mercado bursátil relacionado con la OPA de holding International Airlines Group (IAG, del que forma parte Iberia), sobre la compañía Norwegian Airlines.

En España, la venta de medicamentos online está prohibida, pero Telefarmacia App fue uno de los muchos intentos de circunvalar la legislación para intentar abrir un lucrativo negocio. De Castro y De Aldama argumentaban que su aplicación actuaba solo como "mandatario" del cliente, quien facilitaba las recetas originales a un mensajero, este iba a la farmacia, compraba los medicamentos y los entregaba de vuelta en el domicilio del cliente. La AEMPS inició su investigación contra Telefarmacia en 2019, exigiendo el cese inmediato de su actividad. La agencia argumentaba que el servicio realizaba una tarea de pura intermediación en la compraventa de medicamentos, algo ilegal en nuestro país.

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Tanto Víctor de Aldama como Pablo de Castro se defendieron, entre otras medidas, denunciando ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo que calificaban de "campañas de boicot, desprestigio, difamación y competencia desleal" por parte de la AEMPS, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). La CNMC archivó el caso al no encontrar ningún indicio que soportara la denuncia. Telefarmacia llegó a presentar varios recursos contra la decisión de Sanidad ante el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, pero fueron desestimados.

El pasado diciembre llegó el golpe definitivo, en una sentencia de la Audiencia Nacional, adelantada por La Información. En el dictamen, la Audiencia da la razón al Ejecutivo al estimar que la AEMPS era competente para dictar el cese de la actividad de Telefarmacia. Además, estipuló que esta empresa no era simplemente un mandatario del usuario que paga por su servicio, sino un intermediario regido por un contrato mercantil.

Telefarmacia, ahora fuera de servicio y con sus apps desaparecidas de las tiendas de Apple y Google, es tal vez uno de los negocios menos conocidos en los que estaba involucrado Víctor de Aldama, detenido ahora dentro de la bautizada como 'operación Delorme'. Tal y como ha revelado El Confidencial, la trama del asesor de cabecera de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, generó presuntamente 10 millones de euros en comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas y otros productos médicos en los peores meses de la pandemia de coronavirus.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye el pago de esos 10 millones de euros a Víctor de Aldama, que controlaba en la sombra otra mercantil, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una de las más beneficiadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el suministro de material sanitario durante la etapa en la que Ábalos era el máximo responsable de la cartera.

Otra institución dependiente del Ministerio de Transportes, el ente público Puertos del Estado, adjudicó un contrato de 20 millones de euros más IVA a Víctor de Aldama para el suministro de "mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad". Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL presentó su oferta de forma "manual", según el expediente, aprobado en abril de 2020. Koldo García habría intervenido en las negociaciones de estos organismos públicos para asegurarse de que su amigo Víctor de Aldama se llevara los contratos.