"Esto nos acerca a China"

Luz verde al polémico 'decretazo digital' para intervenir internet. ¿Cómo te afecta?

La Comisión Permanente del Congreso acaba de aprobar el real decreto ley que permite al Gobierno cortar redes y comunicaciones por alteraciones del "orden público". ¿Cómo nos afectará?

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Nuevo tanto para el Gobierno con su 'decretazo digital' que permitirá la intervención de internet a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos. La Comisión Permanente del Congreso acaba de aprobar el texto, una ley sin precedentes en la democracia española. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Ahora, tras el decreto ley recién convalidado con el apoyo del PP y Ciudadanos (50 fotos a favor de PSOE, PP y Cs, 10 en contra de partidos nacionalistas y Vox y 8 abstenciones de Podemos), el Gobierno podrá cortar redes y comunicaciones (y, por tanto, internet) en una zona concreta del territorio español sin orden judicial previa, solo alegando una alteración del "orden publico". Para juristas y activistas, el 'decretazo' es un atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos y contrario a la Constitución.

"La hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas. Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico Este, y no otro, es el objetivo que persigue el Real Decreto Ley. Se trata de una norma urgente dada la situación política actual", ha asegurado esta mañana la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en la defensa del Decreto Ley.

Tras su intervención, todos los grupos parlamentarios menos el PP criticaron duramente la maniobra del Ejecutivo. "Pemite que sea el Gobierno, y no un juez, el que corte el acceso a internet, redes sociales y servicios electrónicos. El redactado afecta de una forma tan flagrante a la libertad de expresión que permitiría al Gobierno censurar fotos y contenidos en plataformas como Twitter o Facebook. Se podrán cerrar webs o pinchar cualquier canal de comunicación. La censura en internet es un peligroso sendero", ha señalado Montserrat Bassa, portavoz de ERC.

Vox ha negado también su apoyo. "Esto es una trampa, es un caballo de troya. Lo que están ustedes planteando es un control de las voces y los datos. Este real decreto parece estar redactado por Faemino y Cansado. La Constitución ya tiene mecanismos para este asunto, deberían aplicarla y no un micro-estado de excepción para atajar problemas de orden público. El problema es que están inventando el botón termonuclear digital para parar a otros, y se lo dan a los bolivarianos que van a entrar en el gobierno", ha expuesto Víctor Manuel Sánchez del Real, portavoz de Vox.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, durante la reunión de la Diputación Permanente celebrada este miércoles en el Congreso. (EFE)
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, durante la reunión de la Diputación Permanente celebrada este miércoles en el Congreso. (EFE)

Las críticas no han servido de nada. El apoyo del PP ha sido suficiente para convalidar el decreto. "Produce perpejlidad que hoy estemos aquí para tragar con este decreto, incluso si puede ser tumbado por inconstitucional, para luchar contra la república digital catalana", ha dicho Ana Vázquez, portavoz del PP. Por su parte, Ciudadanos tildó de “chapuza legislativa” el decreto del Gobierno y aseguró que se trata de una “incongruencia” tener que apoyarse en populares y naranjas mientras busca a unos socios de investidura que “ni le apoyan”. El portavoz de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, evitó una crítica directa que luego se traduciría en una abstención. El inminente acuerdo de investidura era una sombra demasiado alargada para todos.

​¿De urgente necesidad?

La convalidación del decreto ley era el último paso para la aprobación definitiva del texto que entró en vigor el pasado 5 de noviembre tras su publicación en el BOE, solo 5 días antes de las elecciones del 10-N. El Gobierno justificó la "extraordinaria y urgente necesidad" del documento por el conflicto catalán y la obligación de frenar el impulso a la llamada república digital catalana, un intento de crear estructuras de gobierno virtuales (hacienda, censo, criptomonedas, banca...) independientes del Estado y de su control.

La clave para tumbar el 'independentismo en la nube' es un artículo que, según algunos especialistas en privacidad consultados, nos acerca a China en materia de privación de libertades fundamentales. Se trata de la adaptación del apartado 6 del artículo 4 la actual Ley General de Telecomunicaciones a la que, básicamente, se añade la posibilidad de cortar las redes y comunicaciones por motivos de orden público.

Vista de una antena de telefonía móvil. (Efe)
Vista de una antena de telefonía móvil. (Efe)

Con la modificación, el mecionado artículo queda establecido de la siguiente forma: "El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Esta facultad excepcional [...] podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". Traducido: el Gobierno se otorga pleno poder para intervenir la red a cualquier nivel y por un concepto tan ampliamente definido como la alteración del "orden público".

"Es un planteamiento abiertamente inconstitucional. Se abusa del poder que otorga el real decreto ley. No es una situación de excepcional urgencia y se está aprovechando la excusa de Cataluña para colarnos algo que en realidad afecta a las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles. Vulnera el derecho al acceso a la información e incluso otros como el derecho a la huelga. Cualquier protesta que incomode al gobierno puede ser reprimida por esta vía", explica a Teknautas Enric Luján, miembro fundador de Críptica.org, asociación sin ánimo de lucro centrada en la defensa de la privacidad y la seguridad, y profesor de ciencia política de la Universidad de Barcelona.

"Nos convierte en China. Allí es posible cortar la red de forma muy granular, a un grupo concreto de personas, o en una celda de un barrio. Con esto el Gobierno se otorga los mismos poderes", añade. Y señala también la paradoja de que ningún partido político, ni siquiera ERC, se haya posicionado en contra de esta medida antes de la votación de hoy. ¿Por qué? "Nadie quería tensar la cuerda de las negociaciones de cara a la investidura. Es algo tan serio que el hecho de que ningún partido haya dicho nada al respecto es todavía más preocupante".

Corte de La Jonquera organizado por Tsunami Democratic tras el 10-N. (Reuters)
Corte de La Jonquera organizado por Tsunami Democratic tras el 10-N. (Reuters)

El jurista Carlos Sánchez-Almeida, especializado en internet y miembro de la plataforma PDLI, una de las organizaciones que se plantea la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, coincide en el diagnóstico. "Esto no es un 155 digital ni un estado de excepción digital, como vende el independentismo. El 155 está pensado para el control de una CCAA y esto permite el control de todo el territorio nacional. Pero sí es una ley inconstitucional que nos afecta a todos. Cualquier protesta de agricultores, de personas contra los deshaucios, de obreros... lo que sea, puede ser reprimida", explica. Y desmonta también la supuesta "urgente necesidad" del documento. "Podían haberlo usado tras el 10-N para impedir la organización del corte de la frontera en La Jonquera. ¿Por qué no lo hicieron?".

Almeida y otros juristas pedían una derogación del decreto ley o que, al menos, se tramitara como proyecto de ley, una alternativa que requiere consultar con múltiples organismos (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Asociaciones de internautas...) para llegar a un texto final de consenso sin conceptos abiertos e indefinidos como ocurre ahora con el uso del "orden público". La convalidación hoy elimina ya esta posibilidad y deja solo una opción: el recurso de inconstitucionalidad.

(Reuters)
(Reuters)

El Gobierno no se ha movido ni un ápice en su defensa de la medida. Fuentes del Ejecutivo consultadas señalan que el "Real Decreto ley busca poner coto a los anuncios realizados por la Generalitat de crear una identidad catalana que permita realizar un referéndum de autodeterminación y una administración al servicio de la independencia. No se dirige al sector privado. Las medidas se dirigen a permitir intervenir cualquier elemento de red por motivos de orden público, es decir, se podría ordenar la cesación de un servicio de telecomunicaciones por motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional. Esta posibilidad afecta a los operadores convencionales, pero no a servicios como Facebook o telegram, porque lo prohíbe la normativa europea".

Con la convalidación del decreto se inicia hoy otra cuenta atras: el próximo 5 de febrero termina el plazo para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, justo tres meses después de su publicación en el BOE. Se formalizarán varios. Pero, según Luján, el daño ya está hecho. "Pueden pasar meses o incluso años hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el asunto. Mientras tanto, tendremos que cargar con una legislación altamente hostil contra los derechos digitales".

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