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La Generalitat pasa al ataque contra Cabify: la Guardia Urbana inmovilizará sus coches
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"No vamos a tragar con esto"

La Generalitat pasa al ataque contra Cabify: la Guardia Urbana inmovilizará sus coches

El Govern ha comunicado a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra que deben paralizar cualquier coche de Cabify que no esté cumpliendo la normativa

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Acción y reacción. La Generalitat de Cataluña lleva desde ayer por la tarde analizando su respuesta al desafío de Cabify. Desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad que dirige el conseller Damià Calvet se han barajado varias opciones que han ido variando hora tras hora. El Govern inicialmente pensó en publicar un comunicado denunciando el "fraude de ley" de Cabify con su truco legal para volver a operar en Barceona exigiendo solo 15 minutos de precontratación en el primer viaje, pero no para los siguientes. Sin embargo, a última hora de anoche cambió de opinión. La estrategia ahora es directa y tajante: comunicar a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra que deben paralizar cualquier coche de Cabify que no esté cumpliendo la normativa de exigir un cuarto de hora de precontratación en todos los viajes.

Fuentes de la Generalitat consultadas por Teknautas han mostrado su sorpresa ante la decisión de Cabify de "saltarse la ley" con su treta legal anunciada ayer. La compañía decidió volver a operar desde hoy en la Ciudad Condal pero con un truco para saltarse el decreto: cambiar sus términos de uso, pasarse de agencia de viajes a empresa gestora de flotas VTC y hacer suscribir a los usuarios un contrato de servicio de un año. De esta forma, interpretan que con cumplir los 15 minutos de rigor la primera vez ya han cumplido con la exigencia del decreto ley catalán. "No vamos a tragar con esto, es un fraude de ley como una catedral", comentan fuentes del Govern.

Foto: Imagen de una concentración de VTC en enero antes de la aprobación del 'decretazo'. (EFE)

El equipo de Calvet tenía ayer por la tarde un comunicado preparado en el que iba a utilizar precisamente esta definición: "fraude legal". En él explicaba el razonamiento jurídico de por qué la decisión de Cabify incumplía directamente la ley. Con "prestación del servicio", el decreto hace referencia a todos y cada uno de los viajes que realice el usuario, no a un servicio general que puede tener una duración de una semana, un mes o un año. Esto último es lo que ha hecho justo Cabify.

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(Reuters)

Sin embargo, tras analizarlo con varios miembros del Govern, desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad se decidió finalmente dar una imagen de fuerza y responder al desafío de Cabify sin contemplaciones. "Se ha hablado con Guardia Urbana, Mossos y el Ayuntamiento y la respuesta es clara: hay que hacer cumplir la ley", señalan fuentes del Govern. Las fuerzas de seguridad tienen orden por tanto de identificar todos los coches de Cabify que vean circulando a partir de hoy mismo, y comprobar mediante las hojas de ruta que están cumpliendo con la normativa. De no ser así, tienen orden de paralizar los vehículos.

Algunas fuentes del sector consultadas no ven descabellado que el movimiento de Cabify sea una "maniobra" para acelerar la vía de que el Constitucional entre a valorar si la normativa del Govern es inconstitucional o no. "Ahora mismo no tienen la posibilidad de acudir a este órgano", explican. Si son sancionados administrativamente, podrían interponer un recurso, pedir la suspensión de la sanción pero también "pedir que se eleve una cuestión sobre la naturaleza de la norma al TC". Y la sanción es justo lo que puede llegar con la intervención de la Guardia Urbana y los Mossos. Aún así, esa vía jurídica podría durar también entre dos y tres años.

Tras conocerse ayer la noticia del peculiar regreso de Cabify a Barcelona, representantes del taxi trasladaron también su preocupación a la Generalitat. "Todos los que estábamos un poco informados sabíamos que tarde o temprano iban a volver. No sabíamos si en un año, en seis meses o en uno, pero esto no nos pilla por sorpresa", explicaba Tito Álvarez, líder de Élite Taxi y principal impulsor de la norma anti Uber y Cabify que aprobó Damià Calvet. "Consideramos que esto es un fraude de ley, si trabajan así, vamos a denunciarles desde el minuto uno". El Govern, de nuevo, les ha tomado la palabra y, de momento, ha puesto el asunto en manos de las fuerzas del orden.

Acción y reacción. La Generalitat de Cataluña lleva desde ayer por la tarde analizando su respuesta al desafío de Cabify. Desde el departamento de Territorio y Sostenibilidad que dirige el conseller Damià Calvet se han barajado varias opciones que han ido variando hora tras hora. El Govern inicialmente pensó en publicar un comunicado denunciando el "fraude de ley" de Cabify con su truco legal para volver a operar en Barceona exigiendo solo 15 minutos de precontratación en el primer viaje, pero no para los siguientes. Sin embargo, a última hora de anoche cambió de opinión. La estrategia ahora es directa y tajante: comunicar a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra que deben paralizar cualquier coche de Cabify que no esté cumpliendo la normativa de exigir un cuarto de hora de precontratación en todos los viajes.

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