'Impuestazo electrónico': esto es lo que vas a pagar de más por un móvil, tableta o USB

Se sabía desde hace más de un año, pero hasta hoy no había quedado reflejado en el BOE. El Gobierno, ahora comandado por Pedro Sánchez, acaba de aprobar el decreto impulsado por el equipo de Mariano Rajoy que regula el nuevo canon por copia privada y que tiene por objetivo reformar y actualizar la Ley de Propiedad Intelectual. El reglamento se centra en el reparto de los derechos entre autores, editores, productores, etc. Pero también deja un hueco para los fabricantes de dispositivos electrónicos y, por tanto, para sus consumidores.

Este canon digital recupera la tasa por la compra de aparatos para pagar derechos de autor bajo el nombre de "compensación por copia privada" para adecuarse a las normas comunitarias. Es decir, un impuesto para todos los fabricantes que varía dependiendo del dispositivo y que deberán incluir en cada aparato que vendan con el argumento de que estos equipos pueden albergar y reproducir todo tipo de copias de contenidos con derechos de autor.

TE PUEDE INTERESAR

Adiós a la brecha digital: las tecnologías que les harán la vida mejor a tus abuelos

EC Brands

En este sentido, el nuevo decreto no entra en establecer un precio fijo por producto (aunque sí debería haberlo hecho), por lo que da por buenos los precios transitorios que se impusieron en 2017 a la espera de una decisión final. ¿Cuáles son estos extras que casi con total seguridad recaerán sobre el comprador? Pues, como recoge el BOE y detalla el medio digital 'Civio', las impresoras tendrán un canon asociado de 4,50 o 5,25 euros, según su velocidad y sistema; los CD vírgenes, ocho céntimos (10 para los regrabables); los DVD, 21 céntimos (28 para los regrabables). Las grabadoras, por su parte, irán de los 33 céntimos a 1,86 euros, según el tipo. Los móviles que permitan reproducir vídeo, música o texto pagarán 1,10. Y las tabletas y otros dispositivos portátiles de reproducción con pantallas táctiles, 3,15 euros.

En cuanto al almacenamiento, los USB y tarjetas tendrán un recargo de 24 céntimos. Además, serán 6,45 euros para los discos duros no integrados que reproduzcan contenidos; y 5,45 para los integrados en equipos, a excepción de las consolas cuyos discos solo permitan jugar (y no reproducir) y los aparatos decodificadores de televisión digital.

Eso sí, hay que tener claro que son tarifas provisionales y que el Estado tiene la opción de revisar estos cargos en cualquier momento para adecuarlos a lo que ellos consideren. En 2017 ya se explicó que dichas cuantías se deberían adaptar "a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado".

Además, una novedad que establece este decreto la encontramos en las revistas digitales. A partir de ahora, también estarán cubiertas por este reglamento todas las publicaciones culturales, científicas o técnicas con periodicidad superior a la mensual e inferior a la semestral si están numeradas y fechadas. Ya dará igual se imprimes dicha revista o solo la ofreces a través de internet.

¿Cuáles son las excepciones?

Pero ¿pagaremos todos estos extras solo por la suposición de que puedes usar estos equipos para almacenar y reproducir copias de contenidos con derechos de autor? Pues realmente no.

Quedarán exceptuadas de pago de derechos de autor las copias realizadas por las administraciones públicas para uso profesional, las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como "consumidores finales" y las realizadas por quienes cuenten con autorización. Dos de estas excepciones son nuevas, las relativas a las administraciones públicas y a las personas jurídicas, ya que la que hace referencia a personas físicas estaba incluida en la ley de 1987, fecha en la que por primera vez se estableció un sistema para compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares.

¿Cómo justificar el uso y evitar el pago? Pues el decreto establece dos vías. Puedes tener un certificado de excepción para quitarte el extra antes de pagar o pidiendo el reembolso de la tasa ante la entidad que agrupe a todas las entidades de gestión de derechos, las instituciones que más poder ganan con esta reforma. Ellas se encargarán de cotejar que efectivamente tu uso cuadra entre las excepciones (publicarán en su web el nombre de las personas jurídicas y físicas que se libren del pago) y velarán por el cumplimiento de la norma.

En este sentido, será muy interesante ver cómo evoluciona la relación de estas entidades con los fabricantes y distribuidores de equipos. Pues de ahora en adelante no podrán negar el acceso a sus cuentas por parte de estos organismos para revisar si se cumple con el canon alegando secretos de contabilidad.