Todos contra Colau: Gobierno, empresas y CNMC tumbarán su 'ley' anti Uber y Cabify

La sempiterna guerra del taxi, un culebrón que parece estar lejos de su gran traca final, sigue su particular procesión por las diferentes instituciones españolas. Lo del encaje de Cabify y Uber es una patata caliente que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, por el Supremo, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)... El resultado: un enconado conflicto que cada día parece más enrededado. Por si fuera poco ahora la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha abierto el enésimo frente con un reglamento que pone más trabas al funcionamiento de las plataformas de transporte VTC en la Ciudad Condal al exigirles una licencia adicional de carácter municipal. Algo que, directamente, escapa a sus capacidades.

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Manuel Ángel Méndez

La elaboración de este texto, aprobado el martes por el pleno del organismo Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha sido tildada por muchos con palabras crudas como "disparate" o "despropósito" o "directamente "ilegal". Además de las empresas, no son pocas las instituciones y organismos que llevan observando la situación "con ojos de incredulidad".

Las reacciones no se van a hacer esperar. En las próximas semanas se va a suceder una cascada de impugnaciones y reclamaciones contra la norma desde el Ministerio de Fomento y la CNMC así como múltiples compañías del sector, tal y como han confirmado fuentes de estos organismos y empresas a Teknautas. Todo queda pendiente de la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, algo que según los plazos habituales debería ocurrir en las próximas 24 o 48 horas.

"Vamos a reclamar nuestras competencias"

"Desde Fomento vamos a reclamar nuestras competencias", aseguran a este diario fuentes conocedoras de la posición del departamento regido por José Luis Ábalos. Hay que ver la vía por la que optarán para ello (todo apunta a la contencioso administrativa) pero la cuestión es que las autoridades locales "han invadido y tomado responsabilidades que no les corresponden", aseguran estas fuentes. Y es que la concesión de los permisos de transporte es una potestad que atañe a este ministerio, que suele delegarlo en las Comunidades Autónomas.

Se da la peculiaridad de que con el cambio de Gobierno, este ministerio está ahora en manos del PSOE y, precisamente, uno de los partidos que ha apoyado la norma impulsada por Ada Colau ha sido el PSC. Solo el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

La CNMC y Fomento, enfrentadas hasta ahora en este asunto, irán de la mano contra Colau

Pero ahí no acaba el patatal. La CNMC se enfrentó a Fomento en el Supremo por el asunto de la regulación del taxi. Ahora ambas instituciones irán de la mano con sendas reclamaciones.

"Vamos a esperar a que se publique el reglamento, pero muy probablemente lo recurriremos por vía contencioso administrativa", confirman fuentes de la CNMC. En el caso del regulador, el motivo no son las competencias excedidas por el AMB, sino la imposición de una medida que, a juicio del organismo, "restringe la actividad y la competencia".

El elemento más indeciso de este improvisado frente institucional son los organismos catalanes. "La Generalitat parece no estar en esta pelea. Aunque la Autoridad Catalana de Defensa de la Competencia está valorando tomar acciones, todo indica que la Consellería se pondrán de perfil", aseguran fuentes conocedoras del asunto. Desde el Gobierno autonómico no ha habido una respuesta ni un posicionamiento oficial ante la petición de este periódico.

Por supuesto, el gremio del VTC también prepara múltiples acciones legales y reclamaciones. Según ha podido conocer Teknautas, firmas como Cabify, Unauto Cataluña, Uber, Vector, Auro New Transport Concept (antes Gestaxi) o Moove Cars, entre otras, están estudiando y últimando sus respectivas medidas. Pequeños empresarios de flotas y autónomos de Barcelona también se sumarán a estas iniciativas.

"Colau ha cedido al chantaje del taxi"

La primera vez que el Ayuntamiento reconoció estar trabajando en este reglamento fue durante el Mobile World Congress. "Es claramente un chantaje y la alcaldesa ha cedido", denuncia una voz conocedora de todo el proceso que se ha vivido estos meses.

"Hay que recordar que el MWC estaba en la cuerda floja, no por la inestabilidad política, sino por los problemas con huelgas de transportes y demás logística. Habían recibido advertencias en los años anteriores", añade. "Los taxistas han jugado muy bien sus cartas con la administración local. Amenazan con una nueva huelga en un momento clave y la AMB, en lugar de hacer su papel, prefiere tirar para delante con un texto que saben que no tiene recorrido en lugar de hacer frente a ese sector. Prefieren que armen el número en los garajes de las flotas que en las puertas del Ayuntamiento".

Esto no es como AirBNB. Se ha creado una tensión y un problema donde los ciudadanos no lo tienen

"Se ha creado tensión y un problema donde los ciudadanos no lo tenían. Esto no es una preocupación para nadie en la calle, lo es para el gremio del taxi", aclara el letrado José Andrés Díez, abogado especialista en transporte. "Esto no es como la alarma que se ha generado en torno a Airbnb", remacha.

El letrado, una figura conocida ya en la bautizada como la guerra del taxi, "no ve excesivo recorrido" a la nueva normativa pero advierte de que puede llegar a entrar en vigor a pesar de las demandas y las cautelares. "Eso es un poco lotería. Cada juez tiene un criterio y nunca tienes la certeza de que vaya a aceptar las medidas cautelares, por muy lógicas que te parezcan".