Facua denuncia a Apple ante la Fiscalía por ralentizar los iPhone de forma deliberada

Apple puede acabar pagando muy caro el fiasco de la ralentización deliberada de los iPhone con baterías antiguas. Si la Fiscalía francesa inició ayer una investigación por la posible obsolescencia programada de sus móviles tras la denuncia de la asociación de consumidores Hop, ahora le toca el turno a España. Facua ha confirmado a Teknautas que presentará esta semana una denuncia similar ante la Fiscalía para investigar un posible delito de fraude cometido por la compañía. El ya conocido como 'batterygate' ha obligado a Apple a pedir disculpas y reducir el coste del cambio de batería. Una evidencia clara, según Facua, de lo que ha podido ocurrir: una estafa.

"Creemos que Apple ha podido incurrir en dos delitos, uno contra los consumidores, por posible fraude, ya que han añadido un 'software' para manipular de forma intencionada la vida útil de los teléfonos sin informar a los usuarios, y otro posible delito de daños o sabotaje informático, por alterar un producto modificando su sistema informático, sin pedir permiso expreso a los clientes", explica a este periódico Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

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M. MC.

Se trata de una denuncia peculiar y, de prosperar, grave en sus consecuencias para Apple. Es peculiar porque su presentación ante la Fiscalía inicia un procedimiento penal contra una persona jurídica. Hay muy pocos casos en España de procedimientos contra empresas por la vía penal. Los dos más sonados y recientes son el de Volkswagen por el 'software' que manipulaba las emisiones contaminantes en vehículos diésel, y el de Iberdrola, por inflar la tarifa eléctrica en 2013. Ambos han sido investigados por la Fiscalía por posible delito contra los consumidores. Y eso mismo es lo que el equipo legal de Facua ve en el caso Apple. De apreciar indicios de delito y llegar a una sentencia condenatoria, la compañía se enfrenta a multas millonarias.

En EEUU se han presentado hasta 10 demandas colectivas en las que los usuarios exigen compensación, alegando que decidieron renovar su iPhone después de notar una importante ralentización tras actualizar el sistema operativo. A las denuncias presentadas en Francia y ahora España, se unen otras similares en Israel y Corea del Sur. Y todo apunta a que es solo el principio.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El fiasco arrancó a finales del año pasado, cuando decenas de usuarios comenzaron a quejarse en Reddit sobre la lentitud de sus viejos iPhone. A los pocos días llegaron los primeros análisis técnicos que lo confirmaban: los iPhone 6, 6s y SE con baterías gastadas de repente iban mucho más lentos. Apple no tuvo más remedio que reconocer que era cierto: a finales del 2016, con el lanzamiento de iOS 10.2.1 (y 11.2 en el iPhone 7 y 7 Plus), introdujo sin avisar una función de 'software' que ralentizaba los móviles cuando sus baterías se deterioraban con el tiempo. ¿Para qué? Según Apple, para evitar que el dispositivo se apagara de forma inesperada y mejorar la experiencia de usuario.

El problema es que, sin saberlo, muchos clientes decidieron gastarse los 89 euros que cobra Apple por reemplazar la batería o, directamente, comprarse un nuevo teléfono. La avalancha de quejas tras reconocer la ralentización deliberada ha sido tal que la empresa se vio obligada a pedir disculpas, rebajar en 60€ el coste de reemplazar la batería (dejándolo en 29€) y lanzar nuevas funciones de 'software' que permiten comprobar de forma sencilla el estado de la batería. Es en esa estrategia de reconocer el error y tratar de ocultarlo en forma de beneficio al consumidor donde asociaciones como Facua en España o Hop en Francia ven un posible delito de fraude.

Apple argumenta que lo hacía por el bien del cliente, pero está claro que han obtenido un beneficio económico

Según César Zárate, abogado penalista, la clave del asunto estará en lograr probar que Apple tomó la decisión a espaldas de los usuarios con el fin último de enriquecerse. "En ese caso sería un fraude masivo. Ellos argumentan que lo hacían por el bien del cliente, pero está claro que el resultado último en muchos casos era que la gente acababa cambiando de móvil o de batería. Habrá que ver qué sale en las investigaciones periciales, pero creo que el caso puede tener visos de prosperar en Francia y España", explica a Teknautas.

En el país vecino, la investigación del caso, a instancias de la Fiscalía, la realizará la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Lucha contra los Fraudes (DGCCRF), dependiente del Ministerio de Economía. Su equivalente en España está a caballo entre la Agencia Española de Consumo (Aecosan, dependiente del Ministerio de Sanidad) y la CNMC. "Aecosan no tiene competencias para multar, pero sí para valorar si ha habido posible delito e ir a los tribunales. Pero no lo ha hecho ni con Volkswagen ni con las subidas de tarifas de Movistar. No hacen nada. En Francia su homólogo ya está investigando. Aquí la administración se cruza de brazos", dice Rubén Sánchez.

Consultados por este diario sobre la nueva denuncia en España ante la Fiscalía, Apple no se ha pronunciado. Solo se remite al comunicado que emitió el pasado 28 de diciembre para intentar zanjar el asunto. "Sabemos que algunos de vosotros sentís que Apple os ha decepcionado. Os pedimos disculpas. Nunca hemos hecho —ni haríamos— nada que acorte de forma intencionada la vida de un producto", explicó en su momento. El problema es que miles de personas en varios países piensan todo lo contrario. La Fiscalía tiene ahora la palabra en España. Si ve indicios de delito, pasará el caso a un juzgado competente, posiblemente la Audiencia Nacional, dado el alcance estatal del caso. Si no ve indicios, lo archivará. De forma injusta o no, Apple ya no lo puede evitar: para el gran público el iPhone ya es (un poco más) sinónimo de obsolescencia programada.