Blablacar pasa a la ofensiva: denuncia a España ante la Comisión Europea

Blablacar avisó hace unas semanas y ahora acaba de cumplir su advertencia. La compañía ha denunciado a España ante la Comisión Europea por las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra la plataforma y dos de sus usuarios. Dado que ante Bruselas no se puede ir contra un organismo regional, "hemos denunciao al Reino de España por permitir que la Comunidad de Madrid obstaculice nuestra actividad, va contra el derecho comunitario", ha dicho esta mañana Jaime Rodríguez, jefe de Blablacar en España. El momento de la ofensiva no es casual: llega justo a la espera de la sentencia que puede suponer su cierre en España.

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La denuncia de Blablacar ante la Comisión Europea es una respuesta a las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid por considerar que está prestando un servicio de transporte de forma ilegal. La empresa tiene abiertos ahora mismo tres expedientes en Madrid. El pasado octubre, la consejería de Transportes de la Comunidad le impuso una sanción total de 8.800 por considerar que oferta un servicio de transporte sin disponer de la licencia correspondiente. Además, expedientó a dos de sus usuarios (del total de 13 que había estado investigando) con 4.000 euros a cada uno por cobrar a los viajeros más dinero del que deberían para cubrir los gastos, lo cual legalmente les haría pasar de estar realizando un transporte privado a otro público para el que necesitarían autorización.

"No han aportado ningún dato"

"La Comunidad de Madrid dice que esos usuarios han superado el nivel de gasto fijado para el transporte particular, pero en ningún momento ha aportado ningún dato en sus documentos. Tampoco existe un baremo legal definido para cuál debe ser este límite a cobrar por parte de los usuarios", explica Jaime Rodríguez. La empresa considera, por tanto, vulnerado su derecho a la libre prestación servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que el entorpecimiento continúe. También pide a España que clarifique la legislación aplicable a su actividad.

La denuncia fue presentada ayer miércoles por la noche (a las 20:00 horas) ante la Secretaría General de la Comisión Europea, y en ella se indica que las sanciones "son contrarias al derecho de la Unión Europea". La empresa argumenta que se vulneran la Directiva sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y las libertades de establecimiento y de prestación de servicios protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La denuncia fue presentada ayer ante la Secretaría General de la CE, y en ella se indica que las sanciones "son contrarias al derecho de la UE"

Blablacar considera que España está obstaculizando su actividad, ya que la Comunidad de Madrid exige que tanto los usuarios como la empresa cuenten con una autorización administrativa que "ni se ajusta a su actividad, ni se pide en ningún otro territorio de la UE". También considera que las declaraciones de las autoridades de la Comunidad de Madrid les están causando un grave perjuicio. "Cuando altos cargos de una administración critican a una empresa privada como lo han hecho, se está generando un daño claro, están sembrando la duda entre nuestros usuarios", dice Rodríguez.

Se refiere a las declaraciones del director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, quien recientemente aseguró que van a seguir inspeccionando a otros conductores, advirtiendo a la compañía de que "tendrá que cambiar su metodología si quiere funcionar en España. Hasta que no cambie la ley, su manera de trabajar es ilegal", aseguró.

¿Y ahora qué?

La denuncia de Blablacar ante la Comisión Europea llega en un momento delicado para la compañía, a la espera de la sentencia que resuelva el caso pendiente con Confebus, la patronal de las empresas de autobuses en España. De ser desfavorable para la empresa francesa, esta tendría que modificar la forma en la que presta su servicio y, para ello, cesar su actividad temporalmente (o de forma definitiva).

Con la denuncia ante Bruselas, Blablacar hace ruido y desvía la atención hacia otro frente más allá de la sentencia clave en el caso contra Confebus

Con la denuncia ante Bruselas, Blablacar hace ruido, desvía la atención hacia otro frente legal más allá de la sentencia clave y gana tiempo. El proceso administrativo que abre ahora ante Bruselas podría tardar entre 6 y 18 meses en resolverse. Al final de ese periodo, la Comisión Europea podría instar a España a tomar medidas por considerar injustas las sanciones, o dar la razón a la Comunidad de Madrid. Si ocurre lo primero y España se cruza de brazos, el caso pasaría al Tribunal de Justicia Europeo. Pero queda mucho para esa batalla. Ahora la guerra inmediata es otra: la sentencia que todo el sector espera sobre el caso contra Confebus, y que podría cambiar para siempre la economía colaborativa en nuestro país.