La sentencia que va a cambiar (para bien o mal) la economía colaborativa en España

Si alguna vez has compartido coche y gastos de viaje usando Blablacar, igual que más de tres millones de personas en España, es posible que no lo vuelvas a poder hacer nunca más. O tal vez sí. El futuro de Blablacar, y de la economía colaborativa en nuestro país, se decide en los próximos días en una sentencia que tiene en vilo a millones de usuarios y a decenas de empresas. El fallo se debería conocer muy pronto (probablemente la semana que viene) y zanjará el conflicto entre la patronal de las compañías de autobuses, Confebus, y Blablacar, acusada por la primera de competencia desleal y operar al margen de la ley. Sin embargo, no será una simple sentencia. Como aseguran varias fuentes del sector, marcará un antes y un después. "Será la estocada de muerte a la economía colaborativa o su trampolín definitivo".

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Manuel Ángel Méndez

Confebus y Blablacar llevan enzarzados en una batalla legal desde agosto de 2015. La patronal de las empresas de autobuses acusó a Blablacar de competencia desleal, de estar ejerciendo de empresa de transporte encubierta al margen de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). La compañía francesa, presente en 22 países, lo negaba todo argumentando que son un mero servicio 'online' que pone en contacto a usuarios que quieren compartir gastos de viaje. Es decir, no debería regirse por la LOTT, sino por la Ley de servicios de sociedad de la información.

Es el argumento clave de todas las compañías de consumo colaborativo: no somos una empresa tradicional, somos una firma de internet

Es, en esencia, el argumento clave de todas las compañías de consumo colaborativo, desde UberPop antes de ser prohibido en España en diciembre de 2014, hasta hoy en día Airbnb: no somos una empresa tradicional de transporte u alojamiento, somos una red social, una compañía de internet y, por tanto, no debemos estar regulados por las mismas leyes que el sector del taxi, los autobuses o los hoteles. Y ese es justo el punto sobre el que la próxima sentencia de Blablacar sentará un precedente clave: definir si los intermediarios 'online' que ponen en contacto a particulares para viajar están prestando o no un servicio de transporte.

Lucro, conductores y allegados

La decisión última sobre el futuro de Blablacar depende del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro. Se trata del mismo juez que ordenó hace dos años el cierre de UberPop en España. Pese a la coincidencia, ambos casos son muy diferentes: Uber utilizaba su aplicación UberPop para permitir a los particulares prestar un servicio de transporte, y cobrar por él, sin tener la correspondiente licencia. Era (y es) algo directamente ilegal.

Blablacar, sin embargo, pone en contacto a particulares para compartir gastos de viaje. Sobre el papel, no hay ánimo de lucro. Pero la defensa de Confebus siempre ha contradicho este aspecto. "Si el coste de un viaje es 100 euros, entre gasolina, peajes, dietas, etc,, y van cuatro personas, para que no haya ánimo de lucro de los conductores, cada uno tendría que pagar 25 euros. En realidad al final siempre se acaba cobrando algo más", explica José Andrés Díez, abogado defensor de Confebus.

Es solo uno de los múltiples puntos abiertos a interpretación. ¿Realizan los usuarios de Blablacar un transporte privado o no? El artículo 101 de la LOTT establece que "se considera transporte privado a aquel dedicado a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular [del coche] y sus allegados". ¿Qué entiende la ley por "allegados"? El artículo 156 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), establece que "estos son sus familiares u otras personas que convivan o tengan con [el titular del coche] una relación de dependencia personal o laboral de carácter doméstico, así como aquellos cuyo transporte se realice en base a una relación social de amistad o equivalente". ¿Se ajusta por tanto el uso de Blablacar a la ley? Solo valdrá una interpretación de todo esto: la del juez Sánchez Magro.

Posibles escenarios de la sentencia

Todo o nada. Es lo que señalan las fuentes jurídicas consultadas sobre el posible signo de la sentencia. Si esta al final considera legal a Blablacar, será uno de los mayores espaldarazos judiciales al consumo colaborativo de los últimos años. Pero si encuentra dudas en la legalidad de su actividad, no parece que vaya a haber término medio. "Si la sentencia es negativa para la aplicación, esta tendrá que modificar la forma en la que presta su servicio, bien dejando de cobrar, bien obligando a los conductores a obtener licencia... Si es así, será difícil que Blablacar pueda seguir operando como hasta ahora, tendrá que cerrar temporalmente hasta adaptarse a la ley", explica Díez.

Una sentencia desfavorable para Blablacar "mandará una nueva señal sobre la posición tecnofóbica de España"

Para unos y otros, el caso marcará el desarrollo de la economía colaborativa en nuestro país. Los defensores de Blablacar creen que una sentencia desfavorable para la compañía "mandará una nueva señal sobre la posición tecnofóbica de España. Es la imagen del país la que está en juego a nivel internacional", señalan. Los defensores de Confebus y las empresas de autobuses solo esperan un cese de la actividad de la francesa. Una frase de su presidente, Rafael Barbadillo, en una entrevista reciente a Teknautas, resumía bien la postura del sector del transporte por autobús. "Blablacar es ilegal, son unos piratas". ¿Quién tiene razón? La respuesta, en unos días.