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Coste oculto y vía para recortar en el sector público: tecnología
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Coste oculto y vía para recortar en el sector público: tecnología

El sector público cuenta entre sus presupuestos con notables partidas para tecnologías de la información. Además, los gestores de estos activos del ente público no prestan

El sector público cuenta entre sus presupuestos con notables partidas para tecnologías de la información. Además, los gestores de estos activos del ente público no prestan la atención necesaria a las cuantías de determinadas partidas como, por ejemplo, la factura eléctrica de los centros de proceso de datos donde residen estas tecnologías de la información, o a las acciones que pueden ayudar a reducir el coste total mejorando el servicio al ciudadano. La gestión del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) en cualquier empresa, también en la Administración Pública, supone inicialmente una elevada inversión para su acondicionamiento y recurrentemente unos gastos corrientes elevados para cubrir los costes de la energía eléctrica, su mantenimiento, la seguridad, el re-acondicionamiento, el personal, etc.

En estos momentos, en la que la contención del gasto es una de las máximas que se ha marcado la Administración, la mejora en la gestión de los costes de este tipo de infraestructuras puede conseguirse tomando dos medidas. La primera, que la Administración cuente con la figura de un CIO (Jefe de Sistemas) que tenga una visión global de todos las partidas y elementos que afectan a las tecnologías de la información y, por otro, la externalización del centro de datos en una empresa especializada.

La externalización

A colación de este tema podemos destacar la declaración de la Casa Blanca, en la que Obama hacía hincapié en los enormes gastos que tenía la Administración Pública en la gestión de sus centros de datos, provocado por el alto coste del consumo de energía y sobre todo del mantenimiento. En este mismo comunicado el presidente de los EE.UU. instaba a resolver este problema externalizando este servicio a un proveedor especializado dejando la Administración americana de invertir en la construcción y mantenimiento de nuevos centros de datos. De la misma manera, el gobierno holandés, comunicó su intención de concentrar sus activos TIC en proveedores especializados reduciendo el número de centros de datos propios.

No todas las Administraciones siguen la senda marcada por Obama y Balkenende y continúan gestionando e incluso aumentando el número de centros. Una de las razones más repetidas para avalar la no externalización es la pérdida de control, razón no fundamentada porque realmente el control sigue siendo del cliente, sólo cambia la ubicación de los activos. Para eliminar esta barrera psicológica, la Administración Pública ha de contrastar la experiencia del proveedor, su especialización y sobre todo las ventajas que supone dicha externalización, tanto en costes como en la mejora de la gestión.

Ahorro de costes, eficiencia energética y seguridad

En estos momentos de crisis es fundamental para la Administración innovar para obtener un ahorro económico directo (con la reducción del Coste Total de Propiedad), un ahorro económico indirecto (independencia de los proveedores de tecnología) y seguir prestando al ciudadano servicios de calidad.Es un hecho contrastado que la externalización del CPD implica reducción de costes como consecuencia de varios factores:

- El espacio necesario es menor, hay una optimización de los recursos tanto de espacio como de potencia.

- Se mejora la eficiencia energética del CPD al reducirse los costes eléctricos. Un centro de datos profesional siempre cuenta con los sistemas más avanzados y eficientes como el free-cooling que mejoran considerablemente la factura eléctrica. Además. el propio diseño de los centros especializados impide pérdidas de energía en los sistemas de distribución eléctrica y otros.

- Por último, el usuario de un centro de datos puede acceder en condiciones muy competitivas a cualquier operador a nivel nacional o internacional y satisfacer sus necesidades de interconexión consiguiendo a la vez un precio menor, una latencia más baja y un despliegue más rápido.

Asimismo, la externalización ofrece otras ventajas como la escalabilidad y adaptabilidad. Es decir, utilizar exclusivamente el espacio y recursos necesarios en el momento preciso, no tener recursos preparados para cubrir una hipotética necesidad futura. En ocasiones, el espacio de CPD que se ha habilitado en el pasado, llegado el momento puede necesitar de una nueva remodelación, es decir, de un gasto adicional para adaptarse a las necesidades reales. Este riesgo en la externalización se transfiere al proveedor que es el que debe asegurar que su servicio siempre cumple con los requisitos de cada momento.

Por otro lado, se puede enfatizar que los centros de datos externalizados ofrecen una mayor seguridad y un mayor control sobre las infraestructuras, debido al control de forma permanente por personal de seguridad y sistemas de monitorización.

En estos momentos de crisis es fundamental para la Administración innovar para obtener un ahorro económico directo (con la reducción del Coste Total de Propiedad), un ahorro económico indirecto (independencia de los proveedores de tecnología) y seguir prestando al ciudadano servicios de calidad.

Por ese motivo, la Administración Pública debe plantearse la externalización como un valor seguro con el que obtener un ahorro de costes y una mejor gestión de los servicios para garantizar su propia eficiencia.

* Robert Assink es director General de Interxion en España

El sector público cuenta entre sus presupuestos con notables partidas para tecnologías de la información. Además, los gestores de estos activos del ente público no prestan la atención necesaria a las cuantías de determinadas partidas como, por ejemplo, la factura eléctrica de los centros de proceso de datos donde residen estas tecnologías de la información, o a las acciones que pueden ayudar a reducir el coste total mejorando el servicio al ciudadano. La gestión del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) en cualquier empresa, también en la Administración Pública, supone inicialmente una elevada inversión para su acondicionamiento y recurrentemente unos gastos corrientes elevados para cubrir los costes de la energía eléctrica, su mantenimiento, la seguridad, el re-acondicionamiento, el personal, etc.