La acusación popular del caso de La Manada reclama que pidan perdón a la víctima de Pozoblanco

Después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena cuatro miembros del grupo autodenominado como La Manada —Alfonso Cabezuelo, Antonio Guerrero, José Ángel Prenda y Jesús Escudero— por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco en 2016, la acusación particular del caso, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, ha reclamado "pidan perdón a la víctima", como ya hizo uno de los condenados, El Prenda, al disculparse con la víctima de la violación grupal en San Fermín (2017).

En declaraciones a Europa Press, la letrada de la asociación, Patricia Catalina, ha manifestado que "hubiera estado muy bien que hubieran pedido perdón a la víctima", después de que "José Ángel Prenda ha pedido perdón a la víctima de Pamplona", aunque supone que "habrá sido para querer empezar a obtener permisos de salida", por lo que "el perdón no es sincero", ha aseverado.

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Además, ha lamentado que "la víctima de Pozoblanco no ha recibido ni un pago de la responsabilidad civil", de ahí que se vaya a oponer a "la suspensión de condenas que pidan", si bien ha admitido que "la sentencia sobre el caso de Pozoblanco es firme, se sumará a la de Pamplona y ya le harán una liquidación completa". Mientras, ha expuesto que "es lógico que no se haya admitido el recurso" de casación de los cuatro condenados ante el Tribunal Supremo, al tiempo que ha resaltado que "el vídeo ha sido considerado válido, que era de lo que se trataba, y poder hacer justicia ante la víctima".

Asimismo, la abogada ha mostrado su "respeto absoluto" ante la decisión del Alto Tribunal de rechazar su recurso, después de que "se ha considerado que no existe la prueba de cargo suficiente". En concreto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado no haber lugar a la admisión de los recursos de los condenados, por lo que avala así la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba por la que se fijó una indemnización de 25.000 euros a la víctima y se confirmó la pena de dos años y diez meses de prisión a tres de los cuatro acusados y la pena de cuatro años y seis meses de prisión al cuarto miembro, que además difundió las imágenes grabadas en dos grupos de WhatsApp.

Consideran el vídeo una prueba "ilícita"

Los recurrentes alegaron que la prueba videográfica obtenida por la Policía Foral debía ser considerada "prueba ilícita", lo que debía "determinar su nulidad y toda la derivada de ella". Según consta en la providencia del TS, a la que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro condenados aseguraron en su recurso que "accedieron voluntariamente a la aportación de sus terminales" —en el marco de la investigación sobre la agresión sexual en Pamplona por la que también fueron condenados— "con carácter exculpatorio" y con la "única finalidad" de esclarecer el caso de Pamplona "y no de otros distintos".

En este sentido, los cuatro miembros de La Manada afirmaron que la aparición del vídeo grabado el 30 de abril de 2016 —relativo a los hechos de Pozoblanco— "son resultado de una investigación prospectiva y, como tal, prohibida", por lo que, a su juicio, no puede hablarse de un hallazgo casual.