Pagar los fármacos baratos, ¿la solución a la crisis del sistema sanitario?

Los recortes en la sanidad pública propiciados por la crisis han colocado al sistema sanitario español en una grave situación. Pese a que la Sanidad absorbe una de las partidas más cuantiosas en los PGE (costó 70.000 millones de euros en 2009), su déficit asciende ya a 15.000 millones, mientras que los pagos adeudados a empresas y proveedores de productos sanitarios se han disparado un 42% en un año hasta superar los 4.000 millones (según la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria). Resultado de esto son el cierre de plantas y quirófanos o el despido generalizado del personal interino en comunidades como Cataluña. La insostenibilidad del sistema sanitario está poniendo sobre la mesa múltiples propuestas para reducir el gasto. Una de ellas, propuesta por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) a la Xunta de Galicia, consiste en excluir de la financiación pública los medicamentos que cuestan menos de dos euros. Pero no todos. “Solo los destinados para patologías menores. Para polimedicados o enfermos crónicos no”, aclara Martín Gurpide de MK Media, gabinete de Comunicación de la FEFE.

La patronal farmacéutica no ha sido la única en plantear esta medida para aliviar la caída de facturación. El debate también está presente en el ámbito nacional. El Gobierno central de Cataluña baraja entre las medidas para frenar el gasto y controlar el déficit, excluir de la financiación pública los fármacos con un precio menor, en este caso, a los tres euros, con lo que el ahorro sería incluso mayor. El objetivo parece claro. Solo con que el ciudadano abone los fármacos menores de dos euros, el sistema sanitario gallego ahorraría "40 millones de euros al año", según consta en la propuesta de la FEFE. El problema es que ha bajado tanto el precio de los medicamentos que una gran mayoría ya se encuentra por debajo de este precio. De ahí la necesidad de establecer un criterio terapéutico, y no sólo económico. 

José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia, aclara: "un paquete con 20 pastillas de ibuprofeno cuesta 1,97 euros y te puede durar hasta seis meses, y uno de paracetamol 0,80. Si la Administración no los paga produciría un ahorro estatal de 700 millones de euros, lo que ayudaría a eliminar la deuda”. “Los dos euros no es el factor decisivo, si no las enfermedades leves como una tos, una fiebre momentánea o un dolor de cabeza. Todo lo que necesita un tratamiento puntual”, añade Dacal.

El presidente de la FEFE, Fernando Redondo, aclara que “estamos poniendo en riesgo el sistema público de salud. Para preservar lo necesario hay que plantearse dejar de financiar cierto tipo de medicación que corresponde al estado del confort. Al ser gratis, muchas veces se compran medicamentos para tener en casa por si algún día se necesitan y terminan caducando”. Aunque preguntado al respecto de la tarjeta electrónica, reconoce que el tener solo unos días para cancelar la receta evitaría una demanda inútil en masa y anularía otras prescripciones similares. No lo ven de la misma forma los Colegios de Farmacéuticos de Galicia, que han hecho público su desacuerdo argumentando que la medida "podría dificultar el acceso a estos medicamentos por parte de colectivos desfavorecidos".

Un problema de demanda

Según la propietaria de una farmacia en Madrid que prefiere no desvelar su nombre, “la mayoría de clientes acude a la farmacia con muchas recetas de un mismo medicamento y se llevan muchas medicinas que no utilizan porque no las pagan. Al final se venden medicamentos que no se consumen”. “Vendemos más pero a la larga hay pérdidas en Sanidad y eso nos afecta porque luego nos bajan los medicamentos. No nos sirve que venga un paciente con una ristra de medicamentos porque no sirve de nada”, añade la farmacéutica.

Uno de los problemas, como también pasa en las urgencias de algunos hospitales, parece ser la excesiva demanda. La receta electrónica podría resolverlo ya que eliminaría las recetas tradicionales de papel, pero a pesar de las promesas del anterior Gobierno aún no ha llegado. José Luis Rodríguez Dacal asegura que “no depende de nosotros sino del médico. Es él el que tiene que controlar la historia clínica del paciente. Si el médico dice que hay que dar algo nosotros lo damos. No discutimos. El problema, igual que en las urgencias, es que la gente utiliza mal las recetas. El médico se las da y ellos adquieren los medicamentos para en la mayoría de casos no utilizarlos”.

Pero, ¿y los indigentes que no tengan recursos? Dacal lo tiene claro: “el médico siempre tiene otras opciones que puntualmente puede resolver el problema de que un indigente pueda pedir recetas. Cuando el facultativo cree que la patología no es menor puede recetar otro medicamento que crea conveniente para que no les cueste dinero”.

De una forma u otra, lo cierto es que el gasto farmacéutico es muy superior en España a la media de la OCDE. Según Marciano Sánchez, portavoz de la FADSP es debido fundamentalmente a la escasa utilización de los genéricos: “La prescripción farmacéutica se hace con muy poco criterio coste-beneficio, se suele utilizar el medicamento más caro. Los profesionales adolecen de falta de información y la que reciben está canalizada por los laboratorios”.