Dinamarca quiere dejar sin ayudas públicas a los inmigrantes que no trabajen

El Gobierno socialdemócrata danés quiere obligar a trabajar 37 horas semanales a los inmigrantes que lleven años recibiendo ayudas sociales. La propuesta pretende mejorar su capacidad de integración y facilitar su acceso al mercado laboral, según el Gobierno, que habla de pasar de una lógica de la dependencia a otra del trabajo y pone como ejemplo que seis de cada diez mujeres inmigrantes de Oriente Medio, Turquía, Pakistán, Afganistán y norte de África no tienen trabajo en Dinamarca.

La medida va dirigida inicialmente a receptores de subsidios en tres de los últimos cuatro años y que no han completado la primaria o han superado el nivel intermedio de danés, unas 20.000 personas en total, según cálculos oficiales, aunque después de un proceso de evaluación de tres años se quiere ampliar a más grupos. "Tiene que haber una coherencia más visible entre esfuerzo y prestación, entre derecho y obligación. Creemos que así habrá más mano de obra en el mercado de trabajo", ha dicho el ministro de Integración, Mattias Tesfaye.

No obstante, Tesfaye ha reconocido el valor "simbólico" de la medida, ya que, según cifras del propio Gobierno, solo se espera que 250 de los 20.000 afectados acaben consiguiendo un empleo de verdad. Entre los trabajos que desempeñarán, que deberán gestionar los respectivos ayuntamientos, figuran la limpieza de playas y bosques o tareas de mantenimiento en propiedades municipales.

"Tiene que haber una coherencia más clara entre esfuerzo y prestación, entre derecho y obligación. Creemos que así habrá más mano de obra"

La propuesta tiene muchas opciones de salir adelante, ya que la mayoría de partidos le ha dado su apoyo, incluida la oposición de derecha. Solo alguna fuerza de izquierda, aliada externa del Gobierno, la ha criticado, al igual que diversas organizaciones sociales. "Va a perjudicar claramente a las mujeres inmigrantes. O deciden renunciar al subsidio o toman esos trabajos que no las van a ayudar en nada a largo plazo", ha declarado, por ejemplo, Halima El Abassi, portavoz del Consejo de Minorías Étnicas.

Línea dura en inmigración

Dinamarca ha impulsado desde hace dos décadas una de las líneas más duras en materia de inmigración que se conocen en la Unión Europea (UE), apoyada por los principales partidos, incluidos los socialdemócratas.

Desde su llegada al poder, la primera ministra, Mette Frederiksen, no solo ha continuado la senda 'antiguetos' llevada a cabo por los liberales en legislaturas pasadas, sino que ha ido más allá. Recientemente, ha firmado un acuerdo con otros cinco partidos para ampliar tomar medidas contra la concentración de inmigrantes en más de 60 áreas. En ellas se deberán llevar a cabo medidas para fomentar que se conviertan en áreas residenciales 'mixtas'. El objetivo es que en 2030 ninguna área residencial de Dinamarca tenga más de un 30% de vecinos no occidentales.

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EFE

Alcanzar ese objetivo del 30% “requerirá un cambio a gran escala y específico en la composición actual de los residentes en muchas de las áreas de vivienda pública del país”, a juicio el ministro del Interior y Vivienda, Kaare Dybvad. Un elemento clave para modificar la composición de vecinos en estas zonas identificadas como vulnerables o potencialmente vulnerables será la introducción de criterios en las normas de alquiler que den prioridad a los solicitantes que tengan empleo o estén estudiando. Además, no se podrá aceptar como nuevos inquilinos a ciudadanos procedentes de países no europeos, ni tampoco a aquellos que reciban subsidios.