El truco que nadie vio de la ley 'ilegal' de Boris: ata corto a independentistas escoceses

Hay que reconocer que Boris Johnson siempre ha sido un gran mago en el escenario político, capaz de engatusar al público con un gran truco mientras que con la otra mano realiza otra artimaña oculta fuera de foco. Y con el “Proyecto de Ley del Mercado Interno” es 'show' no le ha podido salir mejor. El hecho de que, tal y como haya reconocido el propio Ejecutivo, la nueva normativa vaya a violar elementos clave del Acuerdo de Retirada del Brexit toma ahora todo el protagonismo. Se trata, al fin y al cabo, de un tratado internacional. Sin embargo, la letra pequeña no es menos interesante. Downing Street quiere otorgar ahora más poder que nunca al Gobierno central, amenazando las competencias cedidas a Irlanda del Norte, Gales y Escocia.

La jugada se justifica bajo el eslogan de “fortalecer la unión del país”. Pero se trata de un jaque en toda regla, particularmente para el parlamento de Edimburgo, que el próximo mes de mayo celebra elecciones, en un ambiente donde el apoyo al separatismo va ganando poco a poco terreno en los sondeos. El SNP de la actual ministra principal escocesa Nicola Sturgeon ya prepara nuevo referéndum independentista como el histórico de 2014. En definitiva, la normativa tiene importantes efectos a nivel nacional. Sin embargo, el asunto ha pasado de puntillas por Westminster. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pendiente del gran truco del Brexit.

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“En las próximas elecciones del parlamento escocés, el SNP defenderá la independencia. Y cada vez más, no se trata de independencia frente al 'statu quo' de la devolución. Se trata de la independencia como la única forma de proteger al parlamento escocés de ser socavado y erosionado sus poderes”, ha aseverado Sturgeon en su cuenta de Twitter. “Y además de todo lo anterior, este es un proyecto de ley que, según admite el propio gobierno, infringe el derecho internacional. Este gobernador del Reino Unido es el más imprudente (y para empeorar las cosas, incompetentemente) y sin principios que he visto en toda en mi vida. Escocia puede hacerlo mejor y tendremos esa opción”, añadió.

El “Proyecto de Ley del Mercado Interno” que se presentó el miércoles en la Cámara de los Comunes -donde Johnson tiene una aplastante mayoría- permitirá ahora, por primera vez en décadas, que el Ejecutivo central lleve a cabo sus propios proyectos en áreas como desarrollo económico, cultura, deporte, actividades educativas y formación. En un comunicado, el Número 10 explica que se trata de tener “nuevas competencias de inversión”, hasta ahora en manos de entidades “no electas” de la UE.

La normativa creará una nueva Oficina para el Mercado Interno (OIM, en inglés) que no sólo supervisará el funcionamiento del comercio dentro del Reino Unido cuando concluya el periodo de transición a finales de este año y los británicos salgan ya a efectos prácticos del bloque, sino que además decidirá cómo puede emplearse el dinero de las ayudas estatales dentro del país, reemplazando así la supervisión de Bruselas.

"Usurparles poderes"

Según el comunicado del Ejecutivo, desde el 1 de enero de 2021 las competencias en al menos 70 áreas hasta ahora ejercidas por la UE “fluirán directamente” a las Administraciones autónomas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, sin “eliminar ninguna” de las que tienen actualmente.

Con todo, pese a estas garantías, tanto el Ejecutivo escocés como el galés han acusado a Johnson de querer “usurparles poder”. Las filas de Sturgeon ya han advertido que no permitirán la aplicación de la normativa. Y por su parte, Jeremy Miles, responsable para la transición europea del Gobierno galés, ha señalado que se trata de un “ataque a la democracia”.

Desde la descentralización en Escocia y Gales a fines del siglo pasado, los ministros no han podido emplear el dinero público en determinadas áreas. Pero la nueva normativa permitirá al Gobierno central solicitar la construcción, por ejemplo, de una carretera que atraviese Escocia, aunque se necesitarían permisos de planificación local.

Desde el Número 10 defienden que se pondrán “financiar más proyectos de importancia nacional” y que no se busca anular la tarea de consejos locales. “Nos estamos asegurando de que tenemos los poderes para diseñar programas en todo el Reino Unido para reemplazar los programas de la UE. A medida que nos recuperamos del covid, hemos visto que el apoyo del Gobierno del Reino Unido ha sido fundamental para muchas comunidades y empresas en todo el país. Queremos asegurarnos de que tomamos los pasos correctos, para que todas las partes del Reino Unido se puedan recuperar lo más rápido posible”, explica un portavoz.

Fuegos independentistas

La medida en cualquier caso no ha hecho otra cosa acrecentar aún más las hostilidades entre el Gobierno central y las distintas naciones que componen el país, cuya unidad ha quedado ya bastante tocada con el Brexit.

El Parlamento de Edimburgo fue creado en 1999, pero no fue hasta febrero de 2016 -apenas dos años después del referéndum donde los nacionalistas estuvieron muy cerca de conseguir su sueño- cuando Escocia vivió un momento histórico tras alcanzar un acuerdo financiero con el Gobierno central, por el que se transfirieron nuevos poderes a Holyrood. Además de Sanidad, el Parlamento de Edimburgo, entre otros, puede ahora controlar el impuesto sobre la renta en lo que supone la mayor transferencia de competencias en la historia del Reino Unido.

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Algunos críticos lo calificaron entonces como una secesión 'light' y advirtieron que esto tan sólo era el primer paso hacia un modelo federal. Primero porque la centralización del sistema tributario en Londres había sido, hasta entonces, uno de los pilares fundamentales de Westminster. Segundo porque los temores a que Irlanda del Norte y Gales pidan también más poderes se intensifican. Aquello pasó más que desapercibido porque Downing Street seguía insistiendo en que lo importante era que aquellos que apostaban por la unión había ganado el plebiscito. Pero en la era de Johnson las cosas han cambiado.

Por su parte, desde 2011, la Asamblea de Gales puede aprobar leyes relacionadas con distintas materias -entre ellas Sanidad y Asuntos Sociales- sin consentimiento de Westminster.

El caso de Irlanda del Norte siempre ha sido más complejo. La Asamblea de Belfast fue creada en 1922 cuando la isla fue dividida entre norte y sur. Pero a lo largo de la historia, sus poderes han sido suspendidos en repetidas ocasiones, principalmente por el conflicto entre católicos y protestantes.