Cientos de abogados presentan ante la CPI una denuncia contra Israel por "genocidio"

Un grupo de 280 abogados y un centenar de ONG presentaron este jueves una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, instando al fiscal a investigar los presuntos crímenes perpetrados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, pero sobre todo los que estaría cometiendo hoy en día el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Los denunciantes lo califican de “genocidio”.

La denuncia fue entregada por el penalista francés Gilles Devers en la oficina de las víctimas de la CPI, acompañado por otros tres letrados: Isa Gultaslar, del colegio de abogados de Bruselas; Khaled Al-Shouli, del colegio de Ammán, y Abdelmajid Mrari, del colegio de Tánger. Devers, de 67 años, lleva años pleiteando en La Haya, pero también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde representa al Frente Polisario frente a Marruecos. En esta instancia ha ganado hasta ahora todos los juicios.

“Lo que está en juego son órdenes de detención” contra los responsables de esos crímenes, explicó Devers. “Cuando se trató de Ucrania, la CPI no dudó en actuar rápidamente contra Vladímir Putin”, objeto de una orden de arresto desde marzo de este año. “¿Por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina?”, se preguntó el letrado en conversación con periodistas, insinuando que las presiones de Estados Unidos (que no es miembro de la CPI) quizás expliquen las prisas que se dio la Corte con el presidente de Rusia.

Devers tiene también la intención de presentar a continuación una querella para la que ya posee una decena de mandatos de víctimas civiles de los ataques de Israel en Gaza. “Relatan y aportan pruebas muy concretas” de las “exacciones” cometidas en la Franja, según fuentes del bufete de este abogado de Lyon.

Israel no reconoce la autoridad de la CPI, pero los crímenes de los que sus líderes podrían ser acusados no se han desarrollado en su territorio, sino en Palestina. Una resolución de la Asamblea General de la ONU reconoció en 2015 a Palestina como un “Estado no miembro” de la organización. Palestina se adhirió entonces al Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte. Hubo que esperar seis años más, hasta 2021, para que la CPI se considerase territorialmente competente para investigar presuntos crímenes cometidos por Israel en territorio palestino.

“El genocidio es, según una de sus definiciones, el sometimiento y la negación de las personas, colocándolas en una situación de destrucción global”, explica Devers. “Es lo que sucede en Gaza con los bombardeos de hospitales y centros escolares, el desplazamiento forzoso de la población, el corte de suministros básicos”, añade.

Investigar lo que denunciaron el jueves en La Haya resultará, según él, fácil para la Fiscalía. “La Franja está plagada de trabajadores de agencias de Naciones Unidas y de diversas ONG que pueden brindar sus testimonios”, afirma. “Ellos han tenido que pagar un alto precio en vidas humanas” al permanecer allí. Otros sólidos indicios son las declaraciones del primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, o de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, proclamando que aplastarían Gaza o describiendo a los palestinos como “animales humanos”.

El fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, viajó el 29 de octubre hasta Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto que se abre a ratos para dejar entrar en la Franja algunos pocos camiones con agua, medicinas y comida. Recordó allí que “impedir el acceso de la ayuda humanitaria puede constituir un crimen” y que “escuelas, hospitales y mezquitas” son lugares que deben ser inatacables. Refiriéndose a Hamás, añadió: “La toma de rehenes es una grave violación de las convenciones de Ginebra”. Pidió a continuación su liberación.

Khan recibió el espaldarazo de Carla del Ponte, que fue la Fiscal jefa del Tribunal Internacional de la antigua Yugoslavia y también del de Ruanda. “La Justicia penal internacional puede desempeñar un papel a la hora de abordar estas continuas atrocidades y, en este momento, Khan tiene la llave”, escribió el jueves en una tribuna en el diario bruselense Politico. “El hecho de que un fiscal internacional reconozca el sufrimiento de las víctimas tiene un valioso simbolismo, como hizo recientemente en su visita al paso fronterizo de Rafah”, recordó. “El siguiente paso crucial será solicitar órdenes de detención contra dirigentes políticos y militares, ya sean de Hamás o de Israel”, concluyó.

Los presidentes de dos países musulmanes, el argelino Abdelmadjid Tebboune y el turco Recep Tayyip Erdogan, han animado también desde hace días a abogados de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil a denunciar la situación en Gaza, pero ninguno de ellos puede hacerlo directamente. Argel y Ankara no han se han adherido al Estatuto de Roma.

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Javier Brandoli. Sudeste Asiático

China tampoco reconoce la autoridad de la Corte, pero su embajador ante Naciones Unidas, Zhang Jun, sí indicó el miércoles que su país deseaba que los jueces trabajaran a partir de ahora de manera ecuánime. “China espera que la CPI aplique el derecho internacional de manera equitativa y uniforme y evite el doble rasero”, afirmó.

La primera querella ante la CPI fue presentada el 31 de octubre por la ONG Reporteros Sin Fronteras en nombre de ocho periodistas palestinos muertos en los bombarderos de zonas residenciales de Gaza y de un israelí que falleció el 7 de octubre, cuando cubría el ataque de un kibutz por Hamás.