La CPI emite una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos
La Corte acusa al presidente ruso de ser el posible responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia
La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al que acusó de posible responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia. Aunque no está destinada a tener un gran efecto —Moscú no reconoce la jurisdicción de la corte penal de La Haya— se trata de una decisión sin precedentes: la primera vez en la historia en la que el tribunal dicta una orden de arresto contra el jefe de Estado de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
La Corte también emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, a la que acusa de los mismos crímenes que a Putin. Los jueces de instrucción del tribunal evaluaron que existen "motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos".
Esta semana, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania ya había manifestado que había evidencia de la transferencia ilegal de cientos de niños ucranianos a Rusia. Las cifras del gobierno de Ucrania sitúan el número de menores trasladados forzosamente a territorio ruso en 16.221. En el informe de las Naciones Unidas también se señala que existen pruebas de otros crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, como ataques a hospitales, torturas, violaciones y homicidios intencionales.
Un informe realizado por investigadores de la Universidad de Yale reveló el mes pasado que Rusia mantiene retenidos, como mínimo, a 6.000 niños ucranianos en la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014. El estudio identificó 43 campamentos y otras instalaciones donde los menores han sido trasladados, los cuales formarían parte de una "red sistemática a gran escala" operada por Moscú desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
La exfiscal general de Ucrania dijo en entrevista con Reuters el año pasado que esperaba que la CPI procesara los secuestros de niños como genocidio, pero la orden de detención del presidente ruso no incluye este cargo. No obstante, el actual fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, agradeció este viernes la decisión de la Corte. "Agradezco personalmente al fiscal de la CPI Karim Khan esta histórica decisión", publicó en su cuenta de Twitter Kostin, quien agregó que las autoridades de Kiev han compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos de deportaciones.
Ni Ucrania ni Rusia ratificaron el Estatuto de Roma —el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional—, lo que deja a la CPI sin facultades para sentar a los presuntos culpables en el banquillo porque no tiene jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en países no miembros del Estatuto.
La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al que acusó de posible responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia. Aunque no está destinada a tener un gran efecto —Moscú no reconoce la jurisdicción de la corte penal de La Haya— se trata de una decisión sin precedentes: la primera vez en la historia en la que el tribunal dicta una orden de arresto contra el jefe de Estado de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.