México somete a AMLO a un referéndum en las mayores elecciones de su historia

A mediados de 2018, cuando todavía era candidato a la presidencia mexicana, Andrés Manuel López Obrador hizo lo que entonces parecía una extraña promesa: si resultaba elegido para liderar el país, reformaría la constitución para someterse a un referéndum tres años después del inicio de su mandato, el cual decidiría si continuaba al frente del Gobierno. "En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita", aseveró entonces.

Ya como presidente, AMLO —la combinación de siglas de su nombre y apellidos por la que es conocido popularmente el político de 67 años— ha acabado posponiendo este plebiscito revocatorio hasta 2022, a pesar de que su propósito inicial era de que tuviera lugar este año. Pero la inevitabilidad del calendario electoral ha actuado para garantizar que prácticamente nadie se quede con las ganas de expresar en las urnas su opinión sobre el Gobierno. México celebra este domingo las elecciones más grandes de su historia, un masivo despliegue de urnas en el que 93 millones de mexicanos están habilitados para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados, 15 de las 32 gubernaturas del país y más de 21.000 cargos a nivel local. AMLO no necesita esperar otro año: a efectos prácticos, ya tiene su referéndum.

Se trata de cifras nunca antes vistas en un solo día de la historia electoral del país, las cuales han venido acompañadas de otras igual de inéditas, pero en absoluto merecedoras de celebración. Las mayores elecciones mexicanas de la historia son también las más violentas: desde el inicio del proceso se han registrado un total de 782 agresiones contra políticos, un máximo histórico, que han acabado con la vida de 89 de ellos, de acuerdo con cifras del Indicador de Violencia Política (IVP) de Etellekt.

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A nivel federal, nadie duda que el partido AMLO, Morena (antaño acrónimo de Movimiento Regeneración Nacional, el movimiento social que le dio origen) cosechará buenos resultados. La gran pregunta es si la coalición del partido oficialista y los dos partidos minoritarios que lo respaldan —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— sumará los suficientes escaños para volver a obtener la mayoría calificada (334) que le permita continuar legislando sin necesidad de negociar con ningún partido de la oposición.

La ‘4T’ como único factor

El presidente no aparece en ninguna boleta, pero estará en la mente de cada votante que se acerque a una de las 162.248 casillas desperdigadas por todo México. Para AMLO, quien ascendió al poder en diciembre de 2018 tras sus dos candidaturas frustradas en 2012 y 2006, la batalla electoral es una prueba de su proclamada misión de librar al país de élites neoliberales corruptas. Se trata, a todas luces, de un referéndum sobre su proyecto político, conglomerado bajo el eslogan de la Cuarta Transformación, o ‘4T’, así denominada por el político tabasqueño por considerar que su Gobierno lidera un cambio solo comparable a la independencia del país en 1821, la reforma de 1861 que separó la Iglesia del Estado y la Revolución Mexicana, que culminó en 1917 y dio paso a la actual constitución del país.

Hoy en día, en el panorama político mexicano el espectro ideológico ha perdido cualquier relevancia o significado y la ‘4T’ reina en solitario como único elemento de identidad de los partidos: los que están con ella y los que están contra ella. El resto es secundario. Muestra de ello es la actual —y antaño impensable— alianza opositora que aúna al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido monolítico que gobernó México durante más de 90 años; el Partido Acción Nacional (PAN), conservador y que por décadas supuso la única oposición real al PRI; y el Partido de la Revolución Democrática, supuestamente de izquierda y del que AMLO fue candidato en dos ocasiones. Lo que crean sus representantes no es relevante. Solo importa aquello que atacan: al presidente y al proyecto que encarna.

Para ello, los tres partidos han diseñado una estrategia electoral para no dividir el voto de rechazo a AMLO, presentando un solo candidato en aquellos territorios donde las encuestas favorecen a Morena. El resultado de esta ecuación es dudoso: por cada votante que valora la creación de un frente unido contra el oficialismo, existe otro que ve con disgusto cómo partidos antaños considerados la alternativa al eterno PRI ahora toman su mano. La alianza, denominada Va por México, también le ha venido de perlas al discurso maniqueísta de un presidente que acostumbra a retratar a todas las fuerzas políticas y sociales que se oponen a su mandato —desde la prensa hasta el movimiento feminista— como cabezas de un mismo dragón conservador, neoliberal, elitista y corrupto que sólo él, con la ayuda del pueblo, puede derrotar.

Los sondeos parecen confirmar la escasa efectividad de esta coalición opositora. Un promedio de encuestas elaborado por el portal mexicano Oraculus muestra que Morena, en solitario, cuenta con una intención de voto mayor a la del PRI, el PAN y el PRD unidos: 41% frente al 38% de la suma tricolor. Y eso sin contar, claro, al PT y al PVEM, los partidos aliados del presidente, que contarían con un 5% y 3% de respaldo, respectivamente.

Nada parece frenar a Morena. Ni el hecho de que México sea el cuarto país con más muertes por covid del mundo ni el reciente colapso de un paso elevado de la línea 12 de metro, en el que fallecieron 26 personas y cuyos responsables políticos más directos son pesos pesados del partido, han arañado el respaldo al partido. Y sin embargo, su popularidad palidece en comparación a la de un presidente que cuenta con un 63% de aprobación. Si AMLO desea mantener su capacidad de gobernar sin preocupación alguna por las voces discordantes con su proyecto político no sólo necesita que la coalición de su partido con el PT y el PVEM (denominada Juntos Haremos Historia) gane: tiene que arrasar, repitiendo su hazaña de 2018. Todo un reto en un país en el que, tradicionalmente, el voto de las elecciones presidenciales es de respaldo y el de las intermedias, de castigo.

Un sangriento telón de fondo

Mientras las elecciones federales para la Cámara de Diputados y, en menor medida, las de gobernadores acaparan los focos, los comicios locales solo ocupan las primeras planas cuando se producen agresiones y asesinatos, algo que ha ocurrido con frecuencia a lo largo del proceso electoral. De los 89 políticos que han perdido la vida violentamente durante a lo largo de los 266 días de campaña y precampaña, 35 eran candidatos.

“Son los candidatos de los municipios, personas que se enfrentan a cacicazgos en tierras sin ley donde es fácil que alguien te levante (secuestre)”, explicaba recientemente Samuel Adam, reportero de Mexicanos Contra la Corrupción, en un panel de debate de Notas sin Pauta. “Y además, siendo positivos, el 90% de estos casos van a acabar en impunidad”, agregaba. Una estadística que puede sonar a exageración, pero que en realidad incluso se queda ligeramente corta: el 92.4% de delitos quedan sin castigo en el país, según un informe realizado por México Evalúa en 2019.

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La sangre ha corrido en todas direcciones, aunque la oposición se ha visto más golpeada. El 44% de las agresiones fueron contra integrantes de la coalición opositora, mientras que el 28% afectó a miembros de Juntos Haremos Historia, de acuerdo con datos de Etellekt. La violencia electoral no es una novedad en México: durante los comicios generales de 2018, 48 candidatos fueron asesinados. Tiene sus raíces en la profunda penetración de los grupos criminales en los órganos de poder mexicanos, que es especialmente pronunciada en los pequeños municipios alejados de la sombra de la Ciudad de México.

No es de extrañar que el Indicador de Violencia Política refleje que el 88% de los candidatos locales asesinados, independientemente de su filiación política, eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban representar. En un contexto de atomización de los grupos criminales, en el que decenas de escisiones de mayor o menor tamaño nacidas de los grandes cárteles del narcotráfico de antaño compiten entre sí, muchos de ellos no están dispuestos a que unas elecciones arruinen su mejor baza: la complicidad que ya tienen establecida con los ayuntamientos. “Las relaciones transaccionales con políticos electos y funcionarios estatales son una de las ventajas más significativas que puede tener un grupo ilícito”, explica el informe “Electoral Violence and Illicit Influence in Mexico’s Hot Land”, de Crisis Group.

Durante sus frecuentes conferencias de prensa —celebradas, con muy contadas excepciones, todos los días laborales a las 7:00 de la mañana y que son conocidas popularmente como “las mañaneras”— AMLO ha minimizado la situación de violencia que vive el país, asegurando que los medios exageran su gravedad para perjudicar a su Gobierno. “Hay intereses de los medios de información, no todos, con el afán de enrarecer el ambiente, antes se le llamaba sensacionalismo, ahora es amarillismo”, expresó el presidente el pasado 27 de mayo. “Los medios han tomado partido, todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada”, agregó.

Esta temporada llega este domingo a su fin con dos garantías. La primera es que, sin importar el resultado electoral, AMLO y sus posibles sucesores continuarán siendo un rival imbatible para unos partidos opositores muy debilitados cuya suma de las partes apenas puede conseguir evitar una supermayoría en unos comicios que, históricamente, suelen ser muy perjudiciales para el presidente. La segunda es que, al despertar el lunes, México continuará siendo un país en el que, sin importar el ciclo electoral, se producen a diario cerca de 80 asesinatos. Con amarillismo o sin él.