La pesadilla de Joe Biden: la imposible reforma migratoria de Estados Unidos

La Administración Biden ha inspirado muchos paralelismos con la de Franklin D. Roosevelt. Sus principales desafíos, la pandemia y la crisis económica recuerdan en magnitud a la Gran Depresión y lo hacen también las carísimas medidas que Biden está tratando de aplicar. Pero su verdadera quimera parece ser otra muy distinta: la inmigración. La nueva presidencia se ha topado con un aumento de los cruces legales que tiene desbordados los albergues y los centros de detención, y ni siquiera los demócratas se ponen de acuerdo para aprobar una reforma migratoria.

Solo en enero la policía fronteriza detuvo a 5.871 menores sin papeles: el mayor aumento desde el inicio de la pandemia hace un año. Aunque es una cantidad menor que la de, por ejemplo, 2019, el covid ha obligado a reducir a la mitad la capacidad de las instalaciones de acogida y se ha creado un problema logístico. Según Axios, la Casa Blanca dice necesitar al menos 20.000 camas para recibir a los menores.

Para aliviar la presión de la policía migratoria, encargada de investigar caso por caso la llegada de personas indocumentadas, Biden ha rescindido una medida de Donald Trump que dificultaba otorgar asilo a los niños que cruzasen la frontera. Aún así, solo es una medida parcial, y la Migra sigue deteniendo y deportando familias de vuelta a sus países. Una realidad que no gusta en el ala izquierda del Partido Demócrata.

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“Esto no está bien, nunca lo ha estado, nunca lo estará. Sea cual sea la administración o el partido”, tuiteó Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata socialista. La congresista se refería a la apertura de un centro de detención para retener a los niños llegados ilegalmente. En otro tuit, Cortez exigió una transformación completa del sistema migratorio: “El Departamento de Seguridad Nacional no debería de existir, las agencias tienen que ser reorganizadas, ICE [la policía migratoria] tiene que eliminarse, hay que prohibir los centros de detención con ánimo de lucro, crear un estatus de refugiado climático y más”.

La oposición ha notado que los demócratas, ahora que están en el poder, ya no hablan de “niños en jaulas”, como sucedía durante la Administración Trump. “Estos no son niños encerrados en jaulas”, respondió Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, a las preguntas del corresponsal de Fox News. “Esta es una instalación que ha sido abierta y que va a respetar los mismos estándares que otras instalaciones”.

La situación migratoria continúa en el aire, en una especie de limbo, atrapada entre los rigores de la Administración Trump y la voluntad reformista de la de Biden. Un sistema complejo y fundamentalmente incapaz de lidiar con el flujo masivo de personas que emigran desde Centroamérica. En realidad no hay manera de medir con precisión este flujo, así que se usan, de forma orientativa, los datos de detenciones en la frontera. En 2019 el número de arrestos, más de 850.000, fue el mayor desde 2007. De este número, menos de la cuarta parte venía de México. La inmigración irregular ha cumplido 20 años como una de las principales pesadillas de los presidentes republicanos y demócratas.

El plan migratorio de Biden, pendiente de aprobación parlamentaria, tiene muchos vectores. El principal de ellos, ofrecer a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en EEUU un “camino hacia la ciudadanía”. Si ya estaban aquí el 1 de enero de 2021, podrán optar a que se revisen sus antecedentes penales y fiscales. Si pasan el filtro podrán estar cinco años trabajando legalmente. Luego, optar a la ciudadanía. Los llamados 'dreamers', que entraron ilegalmente en EEUU cuando eran menores, estarían incluidos en este gran grupo. Hasta entonces el nuevo Gobierno ha restaurado la garantía legal de que no serán deportados.

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A diferencia de otras leyes migratorias aprobadas en las últimas décadas, según 'The New York Times', esta no incluirá una fuerte inversión en la seguridad fronteriza. Lo que sí planea es invertir en mejorar el proceso de tramitación de papeleo migratorio y destinar 4.000 millones de dólares, en un plazo de cuatro años, a desarrollar las economías de las naciones centroamericanas. Un intento de minimizar las causas que invitan a sus ciudadanos a poner tierra de por medio hacia el norte.

Quizás más complicado que la miríada de problemas logísticos será convencer a la opinión pública y a sus portavoces republicanos. La cuestión migratoria siempre ha sido muy tóxica. Donald Trump la usó como su principal ariete en 2016, y es uno de esos tracioneros campos de batalla culturales, repletos de generalizaciones, bulos y dilemas existenciales sobre el futuro demográfico de una nación cambiante.

Opinión

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Una encuesta de Populace indica que la inmigración es el asunto más polarizante de Estados Unidos. Si bien los norteamericanos coinciden en algunas prioridades, como proteger el medioambiente y mejorar el acceso a la sanidad, en cuestiones migratorias demócratas y republicanos se encuentran en los extremos opuestos.

Sin embargo, es posible que la pandemia y otras de las ecuaciones que tiene que resolver el país hayan dejado al tema migratorio en segundo plano. Un sondeo de Gallup refleja que el primer problema que preocupa a los estadounidenses es la economía, seguida de la pandemia, la disfuncionalidad política, el racismo, la unidad y la familia tradicional. Solo un 3% de la gente da prioridad a la inmigración.

Pero, antes de forjar una mayoría de apoyos (necesitarán al menos 10 votos republicanos en el Senado), los demócratas tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Su liderazgo en la Cámara de Representantes había prometido aprobar en marzo la reforma migratoria de Joe Biden, pero la tarea se les está haciendo cuesta arriba. Los demócratas, según 'Politico', no cuentan con los votos suficientes pese a tener la mayoría, y estiman que la ley no se aprobará antes de abril. Mientras tanto, negocian los detalles a puerta cerrada, tratando de armonizar las distintas sensibilidades del partido, y los pasarán por el filtro del Comité Judicial de la cámara.

“Necesitamos tener un debate. [La ley] fue creada por poca gente. No sé cuál ha sido el papel de la administración”, declaró al portal Tom O’Halleran, representante demócrata de Arizona, uno de los cuatro estados que hacen frontera con México. “Pero tengo la sensación de que no está del todo lista”.

O’Halleran y otros congresistas de los estados que bordean con México se mueven en situaciones electorales distintas a las de Ocasio-Cortez, por ejemplo, representante de un distrito neoyorquino. En Arizona, donde un 13% de la población ha nacido fuera del estado, el año pasado, dos de cada tres habitantes son partidarios de reducir la inmigración. En parte por la preocupación de no encontrar empleo.

El senador demócrata Robert Menéndez, de Nueva Jersey, apuesta por acordar ya la ley y ponerla sobre el tapete. “Jamás ganaremos un argumento que no tengamos la valentía de plantear”, declaró al 'Times'. “Haremos lo correcto y argumentaremos nuestro caso para una reforma migratoria duradera e inclusiva”.