¿De quién es el Machu Picchu? Dos familias lo reclaman en el juzgado

En la época de mayor esplendor del imperio inca, entre los siglos XV y XVI, probablemente ninguna familia se apellidaría Abrill o Zavaleta. Sin embargo, esas dos estirpes tienen hoy interpuesta una denuncia contra el estado peruano por una reclamación sobre la propiedad de los terrenos en los que se asienta el Santuario de Machu Picchu y que son, desde 1983, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Se sabe que tras la caída del imperio inca, los terrenos se compraron y vendieron en múltiples ocasiones durante un periodo de más de 300 años. Los problemas comienzan a principios del siglo pasado, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham, que dio a conocer Machu Picchu al mundo, llegó a Perú dispuesto a encontrar "la última capital inca".

Era el año 1911 y los terrenos pertenecían legalmente a un terrateniente llamado Mario Ignacio Ferro. Cuando este murió, su hija Tomasa heredó 22.000 hectáreas de fincas entre las que se encuentra la zona hoy protegida por la Unesco. Tomasa se casó con un abogado, José Emilio Abrill, y son los ascendientes de una de las familias que hoy reclaman la posesión del lugar.

El Machu Picchu, símbolo nacional

Sin embargo, en 1940 entra en acción la familia Zavaleta, que compra el 80% de los terrenos a los Abrill, pero no el propio Machu Picchu ni otras cuatro ciudadelas que había cercanas. La intención de Tomasa y su marido al quedarse el corazón del imperio inca era la de llegar a un acuerdo con el estado peruano para vender los terrenos. Un acuerdo que, según sus descendientes, nunca se firmó.

Un libro, 'El último secreto de Machu Picchu', de Sergio Vilela y José Carlos de la Puente, explica la postura del estado hasta el momento: se remite a una ley de 1929 que dicta que "todos los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasan a ser de propiedad del Estado peruano".

El problema aparece cuando el propio estado no respeta esa ley, como reconoce uno de los autores del libro. De la Puente afirma que el estado "había trazado una serie de normas sobre cómo se tenía que proceder en estos casos. Pero luego él mismo no respetó esas reglas de juego”.

Roxana Abrill, la nieta de la heredera Tomasa, confirma que eso no sucedió y su abogado, Fausto Salinas, lo defiende en declaraciones a la BBC: "antes de 1929, la ley decía que las construcciones seguían la suerte del terreno, por lo tanto, si uno era dueño del terreno, también era dueño de la construcción que había ahí".

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Los juzgados comienzan a fallar

El estado peruano no lo ve de la misma manera. Henmer Alva, procurador del Ministerio de Cultura, asegura que “el Estado considera que no hay un derecho de reivindicación del terreno y que es el legítimo poseedor y propietario".

Aunque la demanda de la familia Abrill aún está en los juzgados de Cuzco, ya hay dos sentencias que indican por donde puede ir el fallo. La familia Zavaleta ha perdido los dos primeros juicios por la posesión de las miles de hectáreas compradas en los años 40, en primera instancia y la apelación, pero han recurrido el caso a la Corte Suprema peruana.

Alva recuerda que el juzgado dictó que la expropiación se había llevado a cabo “conforme a la ley”, por lo que no hay más derecho de propiedad reconocido.