Nueva Zelanda prohíbe la venta de casas a extranjeros para combatir la gentrificación

El Gobierno de Nueva Zelanda ha sacado adelante un proyecto de ley que prohíbe la venta de casas a compradores extranjeros con el fin de reducir la demanda residencial y hacerla más asequible, según defendió en el Parlamento el ministro de finanzas David Parker, que se mostraba tajante respecto a la subida de precios que acusa la vivienda durante los últimos años: "No deberíamos ser inquilinos en nuestra propia tierra".

La enmienda, que ha sido aprobada por 63 de los 120 diputados que componen la cámara baja neozelandesa, prohíbe comprar la mayoría de tipos de inmuebles a la población extranjera no residente —a excepción de inversiones limitadas en apartamentos nuevos de grandes urbanizaciones— y exime a los ciudadanos de Australia y Singapur, de donde proceden gran parte de inmigrantes. Tampoco estarán sujetos a las restricciones quienes disfruten de una visa de estudio o trabajo, de acuerdo al diario New Zealand Herald.

"Es una medida encaminada a beneficiar a los habitantes que están al volante de la economía de Nueva Zelanda, pagan impuestos aquí, tienen familias aquí. No creemos que deban ser superados por personas más ricas del extranjero", ha asegurado el principal impulsor de la ley en una entrevista a The Guardian en la que subraya que sólo una cuarta parte de los adultos posee una vivienda y que muchos neozelandeses se han visto obligados a vivir en la calle.

La portavoz de finanzas del partido opositor, Amy Adams, ha calificado la medida de "xenófoba"

A este respecto, un informe de The Economist revelaba en 2017 que el mercado inmobiliario de Nueva Zelanda tiene los precios más altos del mundo, con aumentos de hasta el 75% en ciudades como Auckland durante los últimos años. Allí el 20% de las viviendas fueron adquiridas por inversores extranjeros durante el último trimestre económico y hasta un 10% en la popular región de Queenstown Lakes, donde posee una mansión el cofundador de PayPal, Peter Thiel.

La portavoz de finanzas del partido opositor, Amy Adams, ha calificado la medida de "xenófoba" y asegura que ya "ha causado escalofríos en la comunidad internacional de inversión" y que la confianza empresarial ha caído a su nivel más bajo desde 2008: "El gobierno ha presentado esto como una especie de panacea para el problema de la asequibilidad de la vivienda en Nueva Zelanda, pero la evidencia es que es probable que empeore el problema".

La propiedad extranjera y la escasez de viviendas en las ciudades más grandes de Nueva Zelanda coparon la campaña electoral previa a las elecciones del pasado año, que marcaron el final de nueve años de gobierno del conservador Partido Nacional frente a una coalición de centroizquierda liderada por la carismática Jacinda Ardern. No obstante, el nuevo Gobierno reconoce que la propuesta final ha sido "más flexible".