Barra libre a las subcontratas en Brasil tras la mayor reforma laboral de la historia del país

“Me siento como se estuviésemos volviendo a la década de los 80. Estamos delante del mayor retroceso político en lo que se refiere a los derechos del trabajador. Desde las conquistas sociales en la época de Getúlio Vargas, nunca habíamos retrocedido tanto. Me siento triste e impotente”. Daniele Apone es una empresaria de 33 años que vive en Río de Janeiro. Es fundadora de una empresa de comunicación que trabaja en el sector de los negocios sociales. A pesar de ser una empleadora y no una asalariada, se declara en contra de la reforma laboral que el Gobierno de Michel Temer aprobó el pasado 31 de marzo.

Para esta empresaria, la nueva ley afecta clara y directamente a las clases C, D e E, los eslabones menos favorecidos de la sociedad brasileña. “Esta ley otorga a los empresarios el derecho a tercerizar todo el sistema productivo, lo que aumenta las posibilidades de trabajo informal o mal remunerado. Es una medida que diminuye la carga tributaria de las industrias. Creo que es una forma con la que el actual Gobierno intentar beneficiar directamente a la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) y a la Federación de Industrias de Río de Janeiro (Firjan), que probablemente financiaron el golpe”, afirma Daniele, en referencia al proceso de impeachment que el año pasado culminó con la destitución de Dilma Rousseff.

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El pasado viernes, el presidente de Brasil implementó una polémica reforma que va a permitir la subcontratación de cualquier actividad económica. La ley, que ya había sido aprobada por el Parlamento el 23 de marzo, con 231 votos a favor, 188 en contra y ocho abstenciones, reduce drásticamente el poder de contratación de los trabajadores brasileños. La reforma, que recupera un antiguo proyecto que el expresidente Fernando Henrique Cardoso intentó llevar adelante hace 19 años, eleva el plazo de los contratos temporales hasta los nueves meses. El texto prevé incluso la posibilidad de contratar a trabajadores temporales para sustituir a los que están en huelga, si esta es declarada ilegal o si se produce una paralización de los servicios esenciales.

Otro aspecto importante se refiere a la subcontratación. Hasta la fecha solo se podían tercerizar las actividades secundarias de las empresas, como limpieza, manutención y seguridad. Con la nueva ley, toda actividad puede ser subcontratada, sin ningún tipo de limitación. Además, las empresas subcontratadas tienen la opción de ‘cuarterizar’ el trabajo, es decir, subcontratar a su vez a otra empresa para llevar a cabo el trabajo.

Para el ministro da Hacienda, Henrique Meirelles, la nueva ley facilitará la contratación. “Ayuda mucho porque facilita la contratación de mano de obra temporal, facilita la expansión del empleo. Las empresas se resisten a la posibilidad de aumentar el empleo debido a algunos aspectos de rigidez de las leyes laborales”, dijo Meirelles después de la aprobación de la ley. Hay que recordar que en febrero, el paro alcanzó el 13,2%, lo que equivale a 13,5 millones de desempleados. Es el peor dato desde los años 90 del siglo pasado.

Agenda neoliberal

De nada han servido las manifestaciones multitudinarias en contra de esta reforma en las que varios sectores, desde profesores hasta médicos y funcionarios públicos, han protestado masivamente en las principales ciudades de Brasil. La primera se celebró el 15 de marzo y la segunda el 31, el mismo día en que Temer firmó el polémico texto legislativo para que entrase en vigor. Su decisión ha contribuido a reducir la ya limitada popularidad del presidente del país tropical. Las últimas encuestas muestran que el 55% de la población desaprueba la gestión de Temer y que solo el 10% de los brasileños considera excelente su Gobierno.

La reforma laboral ha creado incluso una brecha entre los políticos que integran la coalición de Gobierno. Renan Calheiros, presidente del Senado, se ha mostrado claramente contrario a esta ley. Para este político del PMDB, el partido que preside Temer, es preciso “reglamentar a los subcontratados, pero colocando un límite”. Calheiros se ha opuesto públicamente a la subcontratación de todos los sectores productivos y administrativos, afirmando que la reforma supone un retroceso para los trabajadores. El presidente del Senado ha recurrido incluso a las redes sociales para pronunciarse en contra de esta polémica ley.

No es la única medida de Temer fuertemente cuestionada en el Brasil post-eventos deportivos. Desde la primera votación a favor del impeachment de Dilma Rousseff, el 17 de abril 2016, el actual presidente de Brasil se ha empeñado en sacar adelante una agenda de corte neoliberal. El pasado mes de diciembre, la Cámara aprobó una ley que congela durante los próximos 20 años todo el gasto público destinados a los programas sociales, especialmente en los sectores de educación y sanidad.

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La austeridad brasileña ha llevado al prestigioso The New York Times a destacar que estas medidas podrían afectar a los más pobres durante décadas, en especial en áreas como la educación. “Philip Alston, el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló que el límite en el gasto pondría a Brasil ‘en una categoría única de regresión social’”, informaba el prestigioso diario estadounidense a principios de marzo.

El próximo desafío está a la vuelta de la esquina con la aún más polémica reforma de las pensiones. Como El Confidencial avanzó el año pasado, los brasileños van a tener que trabajar más tiempo y en peores condiciones para poderse jubilar. En la actualidad, no hay una edad mínima para conseguir la pensión. Cuando el trabajador alcanza los 15 años de cotización, ya puede tramitar su jubilación, aunque en realidad suele trabajar el doble de tiempo para obtener una pensión más conspicua. Los datos oficiales indican que la edad media a la que los brasileños se jubilan es 69 años para los hombres y 63,8 para las mujeres. También existe una pensión por ancianidad, independiente de la cotización acumulada, a la que acceden todas las mujeres mayores de 60 años y todos los hombres mayores de 65.

13% del PIB en pensiones

Con la nueva ley, la edad mínima para jubilarse sube a los 65 años y se equiparan los hombres y las mujeres. Además, se eleva el tiempo mínimo de cotización de los 15 a los 25 años. Las pensiones serán calculadas en base al 51% del 80% de los sueldos más altos más un punto porcentual por cada año cotizado. En la práctica, para percibir el sueldo íntegro, el trabajador deberá haber cotizado 49 años o, lo que es lo mismo, trabajar hasta los 70 años. Si la reforma es aprobada, serán afectadas las mujeres menores de 45 y los hombres menores 50 años. Los que superan estas edades, podrán jubilarse según la vieja ley, pero deberán pagar una especie de peaje, es decir, trabajar un 50% de tiempo más de lo que tendrían que hacer si se jubilasen según la vieja ley.

“El futuro se nos presenta con empleo subcontratado, ya sea por cuenta ajena o autónomo, con una edad de jubilación fijada en los 65 años, y con 49 años de contribución obligatoria. Esto equivale a acabar de facto con los derechos de los trabajadores. Están destruyendo un sistema que fue construido de forma democrática con la promulgación de la Constitución de 1988, que garantizaba derechos y concedía beneficios a los trabajadores”, señala Isabel Pupilella, coordinadora de proyectos en una empresa audiovisual de Río de Janeiro.

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“El sistema actual de reparto es matemáticamente inviable, sobre todo si tenemos en cuenta que Brasil está consolidando su transición demográfica. Las cosas no pueden seguir de la forma que están” destaca Francisco Almendra, economista uruguayo afincado en Brasil. “Es necesaria una reforma que elimine el régimen de reparto y haga una transición a un régimen de capitalización. Si las cosas no cambian, el sistema de pensiones seguirá creando un agujero contable que aumente el déficit, que a su vez chupa el dinero de las clases desfavorecidas a través de la inflación y los tipo de interés más altos. Nada es blanco o negro en este tipo de cuestiones”, agrega.

Los datos muestran que Brasil gasta el 13% del PIB en pensiones, lo que de por sí no es un gasto excesivo. Francia gasta el 14% e Italia el 16%, según datos de la OCDE. El quid de la cuestión es que el mayor país de Latinoamérica solo tiene un 8% de la población con una edad superior a los 65 años. Sin embargo, su gasto con las pensiones equivale al de países con más del 20% de la población por encima de esta edad. En otras palabras, Brasil gasta un alto porcentaje del PIB en pensiones comparado con países jóvenes que destinan menos recursos, como México, o países con un mayor número de ancianos como Italia, que gasta casi lo mismo que Brasil.

Estos datos evidencian la necesidad de una reforma. A diferencia de los sectores más radicales que hostigan cualquier perspectiva de cambio en el sistema de pensiones, una parte de la sociedad reconoce que se tiene que hacer algo para evitar el colapso del sistema. Es el caso de Isabel Pupilella, que sin embargo discrepa de la forma en que las reformas se están llevando a cabo.

"Acabar con el sistema de pensiones"

“Todo lo que propone el Gobierno va a reducir drásticamente el tamaño y el papel del Estado, que ya no es garante de la seguridad de los trabajadores. Lo que Temer está haciendo es macabro: quiere que cada uno se valga por sí solo. Si tienes trabajo como autónomo o subcontratado, a lo mejor vas a poderte jubilar. Pero la mayoría de las personas va a echar cuentas y se va a dar cuenta de que le sale mejor pagar un plan privado de pensiones. La idea es acabar con el sistema de pensiones en Brasil y colocarlo en manos de los bancos, que van a lucrar infinitamente con este proceso. Eso va a crear un abismo social aún más grande del que ya tenemos”, señala Isabel.

Esta profesional del sector audiovisual, muy dado a la subcontratación tanto en España como en Brasil, hace hincapié en la falta de un mandato popular para implementar este tipo de reformas. “El actual Gobierno no salió elegido de las urnas de forma democrática, es más bien fruto de lo que yo considero un golpe. Michel Temer no presentó un programa de Gobierno ni una propuesta de reforma de las pensiones a la población. Por lo tanto, esta reforma está siendo impuesta al pueblo brasileño sin ningún tipo de consenso”, agrega.

A lo largo de este año, Michel Temer va a tener que manejar esta patata caliente que sus predecesores no quisieron tocar. La coalición de partidos que le otorga la mayoría en la Cámara y en el Senado debería ser suficiente para que su más polémica reforma salga adelante. Queda por ver si estas disidencias incipientes pueden minar la base del presidente y dificultar una reforma que muchos economistas y empresarios piden a gritos.

Para complicar todavía más el enrevesado panorama político de Brasil, el Tribunal Superior Electoral ha empezado a examinar la copiosa documentación sobre la supuesta financiación irregular en la campaña electoral de 2014. Este complejo proceso judicial puede culminar con la suspensión del presidente Temer, que se presentó en la misma lista de Dilma Rousseff. La próxima sesión está fijada para el mes de mayo. Sin embargo, gracias a la proverbial lentitud de la justicia del país tropical es posible que Temer consiga acabar el mandato y llevar a cabo su programa de reformas.