Europa no sabe cómo reaccionar ante las represalias de Erdogan tras el golpe

En cuanto se supo que lo que estaba sucediendo en Turquía el pasado fin de semana era un golpe de Estado, las reacciones internacionales comenzaron a sucederse. Mientras países como Rusia, Qatar e incluso, a partir de cierto momento, EEUU condenaron sin ambajes la asonada y mostraron su respaldo al Gobierno elegido democráticamente, la respuesta europea fue mucho más comedida. Steffen Seibert, portavoz del Ejecutivo alemán, indicó que “el orden democrático debe ser respetado” e instó a “hacer todo lo necesario para proteger vidas humanas”. Federica Mogherini pidió “contención” y llamó al “respeto a las instituciones democráticas”.

Esto no es exactamente lo mismo que apoyar al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, especialmente dado que es él quien más está erosionando esas instituciones democráticas de su país. El triunfo del golpe probablemente le habría supuesto a la Unión Europea un importante quebradero de cabeza diplomático, pero al mismo tiempo al líder turco, que en los últimos meses ha tratado de imponer su voluntad tanto al Gabinete de Angela Merkel como a las autoridades europeas, ya no despierta ninguna simpatía en Bruselas. Al fin y al cabo, la UE también han encontrado la forma de tratar con las nuevas autoridades golpistas de Egipto tras el sangriento derrocamiento del islamista Mohamed Morsi.

La Unión Europea quiere alzar la voz, pero no sabe bien cómo. Después de que tanto el presidente Erdogan como el primer ministro Binali Yildirim mencionasen varias veces en pocos días la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, advirtió de que eso supondría la cancelación inmediata del proceso de adhesión a la UE. “Ningún país puede convertirse en miembro de la UE si introduce la pena de muerte”, dijo Mogherini, añadiendo una crítica no demasiado velada: “Hacemos un llamamiento al pleno cumplimiento del orden constitucional de Turquía, y como Unión Europea subrayamos la importancia del Estado de derecho. Necesitamos que Turquía respete la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Y ahí no estaba hablando a los golpistas.

Porque desde el inicio del golpe, más de 60.000 personas han sufrido represalias en el ámbito de la educación, la judicatura, las instituciones públicas y, en algunos casos, la empresa privada. La mayoría han perdido sus empleos o han sido destituidos de sus cargos, y varios miles, especialmente en las fuerzas armadas y la policía, han sido detenidos por su posible participación en la intentona golpista o su pertenencia al movimiento de Fethullah Gülen, al que Erdogan acusa de ser el organizador de la asonada.

El vasto alcance de estas medidas muestra que esas listas negras llevaban elaboradas bastante tiempo, y los nombres incluidas en ellas no son exclusivamente gülenistas, sino también algunos izquierdistas y liberales críticos con el Gobierno turco. Se trata, pues, de una depuración generalizada de las instituciones con el objetivo de coparlas con partidarios de Erdogan, pero también de asustar a potenciales disidentes. Las autoridades turcas también han retirado la acreditación de prensa a decenas de periodistas turcos. “Las detenciones y suspensiones masivas son sumamente preocupantes en un contexto de creciente intolerancia de la disidencia pacífica por parte del Gobierno turco, y existe el riesgo de que estas medidas represivas se extiendan a periodistas y activistas de la sociedad civil”, protesta Amnistía Internacional en un comunicado.

El "terrorismo de Gülen" lo justifica todo

Además, la proclamación del estado de emergencia y la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos durante este tiempo, que permiten a Erdogan decretar leyes sin necesidad de someterlas a aprobación parlamentaria, hacen temer a los críticos que su propósito sea realizar un breve ensayo de lo que sería su proyecto de sistema presidencialista “fuerte”, aquel que lleva tiempo propugnando, pero que no puede imponer de la noche a la mañana puesto que requeriría cambiar la constitución del país. Poco a poco, Erdogan trabaja para que los turcos se vayan haciendo a esa idea: “Soy el jefe del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial”, declaró a finales de mayo. “Todavía no se han acostumbrado, pero lo harán”.

Tal vez por eso, la perspectiva no gusta demasiado en Europa. “La declaración del estado de emergencia lo vuelve a dejar claro: el intento de golpe está teniendo un profundo efecto en la política y la democracia turca”, dijo ayer el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, una de las pocas voces europeas que ha alzado la voz contra las medidas adoptadas por el Gobierno turco en los últimos días. “Solo la implicación probable en actos ilegales, no las presuntas inclinaciones políticas [de las personas], deberían motivar una respuesta gubernamental. Es también crítico que la declaración de emergencia se restrinja solo a la duración necesaria, y sea levantada lo más rápido posible”, insistió.

Erdogan ha tratado de disipar las preocupaciones de los observadores, sin demasiado éxito. “Quiero subrayar que la declaración del estado de emergencia tiene como único propósito tomar las medidas necesarias ante la amenaza terrorista a la que se enfrenta nuestro país”, dijo hace tres días. “Vamos a permanecer en un sistema democrático parlamentario, nunca nos alejaremos de ello. Sin embargo, se hará todo lo necesario para la paz y la estabilidad de la nación”, añadió el jueves en una entrevista con Al Jazeera. El viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, asegura que el estado de emergencia podría ser levantado "en mes o mes y medio".

Pero además de las purgas institucionales se están produciendo episodios aún más oscuros, como las torturas a los militares detenidos a los que se acusa de golpismo, donde tal vez aún más preocupante que los abusos en sí, relativamente previsibles, es que las autoridades turcas no tienen el más mínimo reparo en mostrar en público a los sospechosos después de ser apaleados. Además, ahora que los gülenistas son los villanos oficiales de este drama, es posible culparles de todos los males acaecidos en el país. Es lo que han descubierto los dos oficiales de la fuerza aérea que el pasado otoño derribaron un caza ruso que había penetrado en el espacio aéreo turco, desatando una crisis sin precedentes entre los dos países. Ambos fueron arrestados ayer, acusados por Moscú de pertenecer a la “organización terrorista de Fethullah Gülen”, y de haber actuado no con el propósito de defender las fronteras de Turquía sino de crear un desastre diplomático con la hasta entonces aliada Rusia.

Pero ¿qué es lo que explica el silencio europeo ante estos abusos? Turquía está en una posición de fuerza, o al menos eso es lo que parece creer Erdogan, principalmente por dos razones: su cooperación es absolutamente necesaria en la lucha contra el Estado Islámico, y a la hora de frenar el flujo migratorio hacia Europa. A eso es a lo que ha conducido el pacto con Bruselas sobre los refugiados: a que Ankara piense que puede chantajear a sus socios europeos (“Podemos abrir las puertas a Grecia y Bulgaria en cualquier momento, y podemos montar a los refugiados en autobuses”, les espetó Erdogan a unos estupefactos Jean-Claude Juncker y Donald Tusk el pasado noviembre). La tibia reacción europea ante los excesos de los últimos días parecen darle la razón.