La lucha contra el narco desgasta a Calderón, convencido de la victoria final

Las cifras de muertos relacionados con el crimen organizado se ciernen sobre Felipe Calderón. Pasado el ecuador de su sexenio, su decidida lucha contra el narcotráfico arroja cada vez datos más sangrientos y aumentan las voces críticas, especialmente de una sociedad cansada de vivir en el miedo y de los “daños colaterales” que implica esta guerra. La semana más violenta hasta ahora de su mandato, con casi 300 muertos, ha llevado al conservador presidente mexicano a defender su estrategia en una iniciativa de comunicación sin precedentes: un largo mensaje insertado en los diarios y un discurso televisado en defensa de lo que se ha convertido, dicen que a su pesar, en el pilar de su gestión.

Este abogado nacido en Morelia (Michoacán) en 1962 y de fulgurante carrera política en el Partido de Acción Nacional (PAN), se erigió como “el presidente del empleo” durante la campaña electoral de 2006, al ser su principal apuesta la creación de más y mejores puestos de trabajo; pero será recordado como el mandatario que enfrentó con mano dura y recurriendo a las Fuerzas Armadas a los cárteles que desde los años 90 no sólo controlan un mercado que tiene como principal consumidor a Estados Unidos, sino que han introducido la droga entre los mexicanos.

Aunque aprobó la gestión de situaciones complicadas como que México fuese el primer foco de la pandemia de la gripe AH1N1 en 2009 o los efectos que en su país tuvo la crisis económica global, la guerra contra el crimen organizado le resta popularidad por el costo de vidas inocentes y los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por militares contra la población civil, constatados por organizaciones internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH). El último escándalo se refiere a la muerte de los hermanos Almanza Salazar, de 5 y 9 años: la CNDH ha desbaratado la versión del Ministerio de Defensa Nacional de que murieron en un fuego cruzado entre el Ejército y miembros de la delincuencia organizada, asegurando que la camioneta en la que viajaban con su familia fue acribillada por militares.

A Felipe Calderón, en cuya política influyen sus profundas creencias católicas como en su oposición a la despenalización del aborto y de la eutanasia, se le ha reprochado que minimice los denominados “daños colaterales”. Por eso acaba de variar su discurso para focalizar en la defensa de la seguridad de los mexicanos el objetivo de la lucha; en consonancia con el sentimiento generalizado de la ciudadanía, admite que “la parte que más duele e indigna” es la pérdida de vidas inocentes, aunque advierte de que la lucha costará tiempo, dinero y más muertes.

Relación amor-odio con EEUU

En este campo cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pero también es un punto de fricción en sus buenas relaciones bilaterales. El presidente mexicano opina que su vecino del Norte debería implicarse más por ser el primer consumidor de drogas del mundo y haber levantado en 2004 la prohibición de vender armas de asalto de las que se abastecen fácilmente los narcotraficantes. El analista político y periodista Mario Campos va más allá y señala a El Confidencial que EEUU debería ayudar más en el control de los mecanismos financieros y económicos que sustentan los cárteles. Ante el excedente de diez mil millones de dólares de origen sospechoso que circula por México, el Ministerio de Economía acaba de aprobar límites en las transacciones en efectivo de esta divisa, de entre mil y 7.500 dólares; pero es una medida pequeña ante las dimensiones económicas del problema, ya que se calcula que, producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, se introducen en México entre 19.000 y 29.000 millones de dólares al año desde Estados Unidos.

La mayoría de la población, según diversas encuestas, cree que el crimen organizado está ganando la batalla al Estado. Pero el presidente, que tuvo que afrontarla con autoridades y policías en la nómina de los cárteles y aún está depurando ambos sectores, no está dispuesto a rendirse a pesar de su propio desgaste político y el de su partido. Campos recuerda que el PAN hizo de su apuesta por la seguridad nacional su bandera en las elecciones para la renovación parcial del Congreso en 2009 y que “fue castigado” por los votantes. Al contrario que su homólogo colombiano Álvaro Uribe, que termina su mandato con altas cuotas de popularidad gracias a su lucha contra las FARC y los cárteles, Felipe Calderón afronta cada día más críticas que le exigen resultados positivos tras tres años y medio de guerra en los que, hasta el pasado abril, el Gobierno Federal ha contado 22.700 muertos.

Además, algunas zonas del país están prácticamente controladas por los cárteles que luchan por hacerse con su dominio: cortan carreteras a su antojo, extorsionan a comerciantes y empresas y asesinan con saña. En el Estado de Nayarit se ha adelantado el final del curso escolar por la situación de violencia, pese a la oposición del Ministerio de Educación Pública, y la emigración hacia Estados Unidos por la inseguridad está despoblando ciudades del Norte del país. Sin embargo, según Mario Campos no puede hablarse de “Estado fallido” -como algunos detractores del presidente afirman- porque “no es una situación generalizada”.

Deterioro de la calidad de vida

Aún así, reconoce Campos que se trata de la “amenaza más grande” a los mexicanos “tal vez desde las guerras de ocupación del siglo XIX o desde la Revolución”, con regiones que soportan un “deterioro” en la calidad de vida, por lo que defiende que el Gobierno federal debe contar con más apoyo de los estatales y municipales, así como de los poderes legislativo y judicial.

Al margen de la percepción interna, los efectos de la guerra contra el narco minan la imagen de México en el exterior y países como Estados Unidos o Canadá desaconsejan viajar por los “Estados calientes”; para que no decaiga el turismo, tercera fuente de ingresos de la República, el Gobierno ha encargado una gran campaña de promoción para atraer a visitantes extranjeros.

Aunque el presidente Calderón insiste en que el 90% de las muertes durante la mitad de su sexenio se deben a los enfrentamientos entre los grupos criminales que se disputan el control de territorios, el resto se reparte a partes iguales entre policías, militares y población inocente; muchos para sus opositores. Pero su principal argumento frente a éstos es que abandonar la lucha significaría dejar a la sociedad en manos del crimen organizado.

Convencido de que se despedirá de la Presidencia en 2012 –no existe posibilidad de optar a la reelección- con mejores resultados que los actuales, habla en su favor de los “importantes golpes” infringidos a los cárteles de Sinaloa, La Familia, el Golfo, Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva y los hermanos Arellano Félix, estos últimos descabezados en distintas operaciones. Desde que emprendió esta lucha 121.199 personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos han sido detenidas. Pero se trata, como él mismo ha dicho, de una estrategia “de largo plazo” y quizá no le corresponda ver su fin y sólo afrontar los aspectos más negativos.