Llamadas al boicot para la fusión entre las cajas rurales de Albacete y Toledo

Los matrimonios de conveniencia no son plato de buen gusto. Algunos empleados de Caja Rural de Albacete, sobre todo el colectivo formado por sus directores de oficina, no quieren saber nada del acuerdo de fusión alcanzado por el consejo de administración para integrarse con la competidora Caja Rural de Toledo, según explican fuentes de la propia cooperativa de crédito. “Esta operación tiene un claro perdedor”.

Precisamente, ayer martes se celebró una asamblea de empleados de Caja Rural de Albacete. El presidente, Higinio Olivares, y su directora general, María Victoria Fernández, explicaron los detalles del proceso de fusión con Caja Rural de Toledo. Según la primera directiva, consultada por este diario, “todo el mundo tiene la integración clara, aunque admito que pueda haber objeciones”.

Según adelantó este diario, los órganos de control de ambas entidades dieron luz verde al proceso de fusión el pasado 29 de diciembre, después de revisar las conclusiones del estudio encargado para evaluar la operación que se entregó tres días antes. El calendario había comenzado a contar, de manera preliminar, el pasado mes julio, pero las negociaciones no se concretaron hasta noviembre.

 

Aun así, el acuerdo no debería haber trascendido hasta poco antes de la celebración de las Asambleas previstas, para el próximo mes de abril. En estas convocatorias tendría que solicitarse “la aprobación por parte de las mismas, sin que diera tiempo a que se formara ningún núcleo interno de resistencia”, explica el directivo de una de las entidades de crédito. Ahora, el proceso es ya público.

 

“Aunque entre la plantilla prácticamente nadie quiere la fusión, nadie se atreve a decirlo”, explica uno de los asistentes a la Asamblea celebrada ayer. “La cúpula de la caja ha impuesto la ley del miedo y los comités de empresa, donde tiene mayoría FITC, barren a favor de la dirección”.  Opinión que no comparte María Victoria Fernández, que desconoce la existencia de este clima de opinión crítico.

 

En principio, las dos entidades pretenden mantener la bicefalia. La caja rural resultante contará con una presidencia y sede en Toledo, y una copresidencia, en Albacete, además de una dirección colegiada que repartirá competencias entre dos directores generales. “Será una entidad nueva con otras características, pero cada caja mantendrá sus ámbitos de influencia local”.

 

La única manera de bloquear la fusión desde dentro sería mediante la rebelión de los directores de oficina, “que sería aplaudida por el resto de la plantilla, o impulsar fuerzas que puedan hacerlo desde fuera”. Este colectivo tiene un peso determinante en la elección de los compromisarios que participan en las Asambleas, órgano que debe aprobar las propuestas del consejo, incluida la fusión.