Los despachos Uría Menéndez y Baker & McKenzie estudian demandas contra la SEC por el caso Madoff

Comienza un nuevo episodio en la estafa de Bernard Madoff. Entran en acción las defensas de los afectados. Los primeros en mover ficha en España han sido M&B (Morenés y Botín), la firma de inversión y asesoramiento fundada por Guillermo Morenés y Javier Botín, que han contratado los servicios de dos importantes despachos para la defensa de sus intereses.

 

Desde esta misma semana, el despacho español Uría Menéndez, históricamente vinculado a la familia Botín y asesor jurídico de cabecera del Banco Santander, y el bufete estadounidense Backer & McKenzie serán los encargados de tratar de obtener algún tipo de compensación por el agujero de 157 millones de euros provocado por el caso Madoff.

Según han explicado a este diario desde M&B, los despachos tratarán de determinar cuáles son las responsabilidades jurídicas que han existido en la cadena de la estafa hasta la fase de comercialización, desde el propio Madoff como broker/gestor, como posteriormente la SEC en su papel de regulador y Friehling & Horowitz en el de auditor.

Fuentes jurídicas han señalado a este diario que existen posibilidades de demandar a la SEC por su negligencia en las tareas de supervisión. De hecho, el propio secretario de estado de Economía, David Vegara, anunció esta misma semana que el Gobierno español pedirá explicaciones a la SEC -equivalente a la CNMV- sobre la estafa piramidal.

La batalla legal tiene que plantearse en EEUU, explica el socio de una firma internacional española. Los inversores afectados tendrán que encomendarse a un despacho español para su defensa, pero siempre se necesita una contraparte local, en este caso un bufete con base en Nueva York que sea referencia en derecho financiero y en derecho penal.

Primeras acciones legales

En Nueva York, los primeros despachos en entrar en acción ya tienen nombre. La firma legal Zwerling, Schachter & Zwerling ha sido elegida por inversores y entidades afectados por Madoff para defender sus intereses. Como ha explicado uno de sus socios, debe estudiarse la implicación de terceras partes, incluyendo firmas financieras y otras instituciones que podrían haber desempeñado un papel clave en el esquema.

En una carta remitida a sus clientes, uno de los principales afectados por la estafa, el grupo Fairfield Greenwich, se ha comprometido a emprender las acciones jurídicas que se estimen oportunas para poder recuperar el dinero de sus inversores. En su caso, las pérdidas estimadas ascienden a 7.500 millones de dólares, de los cuales 65 millones se corresponden a inversores españoles.