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Casi el 50% del nuevo consejo de Fórum Filatélico está vinculado a la gestión anterior
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Casi el 50% del nuevo consejo de Fórum Filatélico está vinculado a la gestión anterior

Fórum Filatélico no ha cuidado demasiado la imagen en su postrero intento por salvar los muebles que quedan. Según admitió ayer la propia filatélica, cuatro de

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Casi el 50% del nuevo consejo de Fórum Filatélico está vinculado a la gestión anterior

Fórum Filatélico no ha cuidado demasiado la imagen en su postrero intento por salvar los muebles que quedan. Según admitió ayer la propia filatélica, cuatro de los nueve miembros de su nuevo consejo de administración tenían una vinculación relevante, más o menos directa, con la compañía antes de la intervención judicial del 9 de mayo de 2006. Especialmente delicada es la posición de la secretaria del consejo, Minerva Díaz Perales, integrante del equipo jurídico de la empresa y defensora de Francisco Briones, presidente de la sociedad en el momento de la intervención e imputado por estafa, blanqueo de capitales, administración desleal, insolvencia punible y delito contra la Hacienda Pública.

“Han sido las propias asociaciones las que han pedido que esté en el consejo”, explica Díaz Perales, añadiendo que “no es incompatible la defensa procesal del anterior equipo de gestores e intentar que los acreedores cobren lo máximo posible”. El presidente del consejo, David Morera, defendió su aportación en el nuevo equipo al asegurar que “ha sido la interlocutora entre las asociaciones para la redacción del convenio de acreedores y la persona que lo ha elaborado técnicamente”.

En el nuevo consejo, que presentó ayer la propuesta de convenio elevada el 11 de julio ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, figuran además dos directores comerciales de la anterior etapa (Francisco Gracia y Francisco Luján) y el experto filatélico Joaquín González, que llevó a cabo la valoración de los sellos de Afinsa por encargo de los ex gestores, y que según el nuevo consejo, aun admitiendo su vinculación con la compañía en la etapa de Briones, “nunca ha sido proveedor de sellos de Fórum”. La propuesta de convenio cuenta con el respaldo de un 36,5% del pasivo de la compañía y espera posibilitar la recuperación del 50% de las inversiones en cinco años, aunque la mayoría en acciones de nuevas sociedades.

En cualquier caso, todo está ahora en manos del juez, que a mucho tardar la semana próxima debe decidir si admite a trámite la propuesta de convenio. De hacerlo, se abrirá el período de adhesiones que se prolongará hasta la junta general de accionistas del día 8 de octubre. Si entonces se logra un respaldo del 50,01% del pasivo, todos los acreedores quedarán vinculados al acuerdo. En caso contrario, se iría a un proceso de liquidación de la compañía. La administración concursal dispondría de diez días para analizar la propuesta y comunicar sus conclusiones si el convenio fuera admitido a trámite.

Según el consejo, la liquidación supondría vender los activos de la compañía hasta diez puntos por debajo del valor tasado por la administración concursal, tasación de por sí “ya hecha a la baja. Con el sector inmobiliario y filatélico como está, la rentabilidad sería muy negativa”, estimó Morera. Según Antonio de Padua, consejero y representante de las Asociaciones de Afectados de Andalucía y Asturias, “se podría obtener un 15% del pasivo. La Administración lo fijó en un 25%, pero sí hay que salir a subasta en un plazo de tiempo corto, hay que contar con un 5% o un 6% menos, además de las comisiones de los liquidadores”.

Empresas de EEUU

La propuesta de convenio tiene dos puntos clave. La creación de un fondo inmobiliario a partir del tercer año, que cotizará en bolsa, y la entrega de participaciones de una sociedad de comercialización internacional de filatelia que manejará el patrimonio en sellos de Fórum. “La gestión del patrimonio será realizada por entidades independientes. De hecho, ya se ha contactado con empresas para la gestión de los activos inmobiliarios y filatélicos y tenemos muchas ofertas”, aseguró Díaz Perales. “El patrimonio inmobiliario está ubicado en las principales zonas de la geografía española y está libre de cargas. Respecto al filatélico, se ha hablado con tres de las cinco grandes empresas estadounidenses. Cuando se apruebe el convenio, una se quedará con la gestión”, añadió. Al juez no se han hecho llegar los nombres de las empresas interesadas, una actuación no necesaria en este momento del proceso, pero indicativa de la viabilidad del proyecto presentado por el nuevo consejo.

Respecto al valor de los sellos, De Padua concedió que, “aunque es muy difícil de valorar, frente a la primera propuesta de garantizar un 55% del pasivo, hemos sido más realistas y hemos rebajado la expectativa de cobro del 36% al 30% en lo referente a los sellos, ajustándolo al mínimo que permite la ley. Estamos a mitad de camino entre la valoración de la Administración Concursal y los antiguos gestores”.

Esta no es la única modificación respecto al borrador de convenio original. Inicialmente, el fondo inmobiliario no iba a contar con el inmueble que la compañía posee en la calle José Abascal de Madrid, que en principio se integraría en la sociedad filatélica. Este planteamiento se ha rectificado. Del mismo modo, el convenio también se incluye la renuncia de los anteriores gestores, el ex presidente Briones y Miguel Ángel Hijón, ex consejero. Asimismo, se establece una comisión de vigilancia para supervisar la ejecución del convenio.

Fórum Filatélico no ha cuidado demasiado la imagen en su postrero intento por salvar los muebles que quedan. Según admitió ayer la propia filatélica, cuatro de los nueve miembros de su nuevo consejo de administración tenían una vinculación relevante, más o menos directa, con la compañía antes de la intervención judicial del 9 de mayo de 2006. Especialmente delicada es la posición de la secretaria del consejo, Minerva Díaz Perales, integrante del equipo jurídico de la empresa y defensora de Francisco Briones, presidente de la sociedad en el momento de la intervención e imputado por estafa, blanqueo de capitales, administración desleal, insolvencia punible y delito contra la Hacienda Pública.