La España autonómica se ‘come’ al Estado: Solbes ya sólo controla el 22% del gasto público

La aprobación de medidas contra el deterioro de la actividad económica no será fácil. Al menos para la Administración Central del Estado. Los datos que acaba de publicar la Intervención General -dependiente del Ministerio de Economía- reflejan que tan sólo el 22% del gasto público depende ya de Madrid. Por el contrario, el peso de las comunidades autónomas respecto del conjunto del gasto público no deja de crecer.

Con datos referidos a 2007, los parlamentos regionales controlan ya el 35,9% de los recursos públicos, lo que pone de manifiesto hasta que punto las autonomías son hoy quienes disponen de mayores instrumentos para articular políticas de gasto con las que enfrentarse al deterioro de la actividad económica. Los datos de la Intervención General reflejan, igualmente, que el 13,4% del gasto está en manos de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones), mientras que la Seguridad Social (cuyo presupuesto es finalista y por lo tanto no puede ser instrumentado por el Estado para otros fines) controla el 28,7% restante.

Lo más relevante, como pone de manifiesto la propia Intervención, es el aumento del peso autonómico en el conjunto del gasto público, lo cual no es fácil de explicar teniendo en cuenta que desde 2002 apenas se han aprobado nuevas competencias al haber culminado, prácticamente, el proceso de transferencias. Pues bien, pese a ello, la porción de gasto público que manejan las comunidades autónomas es hoy superior en 3,6 puntos del PIB al porcentaje que controlaban hace unos años (del 32,3% al 35,9%). O lo que es lo mismo, 36.000 millones de euros que disponía la administración central han pasado a manos de los gobiernos regionales, que son hoy quienes ‘cortan el bacalao’ en políticas de gasto. El peso del subsector ‘Estado’ sería todavía menos -hasta el 18,1%- si se excluyen los presupuestos de los organismos autónomos, lo que da idea de papel cada vez menos relevante del Gobierno central en materia de gasto público.

Según los datos de la Intervención General del Estado, los poderes públicos gastaron el año pasado 406.913 millones de euros, lo que representa el 38,8% del Producto Interior Bruto, con un crecimiento de dos décimas respecto del año anterior. Ingresaron, por el contrario, 430.052 millones de euros, lo que explica un superávit fiscal equivalente a 2,2 puntos del PIB, de los que algo más de la mitad corresponden a la Seguridad Social.

El adelgazamiento del peso de la Administración central del Estado en el conjunto del sector público no es sólo en términos cuantitativos, también cualitativos, lo que reduce el margen de maniobra del vicepresidente económico, Pedro Solbes, para articular políticas con las que hacer frente al ajuste económico. Por ejemplo, en materia de liberalización de horarios comerciales.

Como dice un estudio del Círculo de Empresarios sobre la unidad de mercado, “es difícil encontrar dos comunidades autónomas que hayan optado por definir de la misma manera qué se entiende por establecimiento comercial sujeto a la licencia comercial específica”. Algunas regiones, continúa el informe, consideran como grandes establecimientos aquellos con una superficie de venta superior a los 2.500 metros cuadrados -tal es el caso de Andalucía, Asturias o Cantabria-, pero otras engloban bajo esta categoría a establecimientos de menor tamaño -Aragón, Canarias, Cataluña o Madrid-. De la misma manera, cada comunidad aplica diferentes criterios en la concesión de las licencias, aunque en la mayor parte de los casos la decisión final está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades. Finalmente algunas comunidades han establecido moratorias a la apertura de grandes establecimientos comerciales, como es el caso de Cataluña, Andalucía o Aragón.