El Gobierno, contra el Banco de España: la política que no quiere oír de números

Las diferentes visiones del Banco de España y el Gobierno sobre las perspectivas económicas y las recetas a aplicar han reabierto una guerra relativamente recurrente. En tiempos de dificultades, es usual que a los ministros se les atraganten algunas críticas sobre sus decisiones y carguen contra el supervisor. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador de la institución entre 2006 y 2012, puede dar buena cuenta de ello, pues raros eran sus análisis tras la crisis financiera de 2008 que no precipitaban la respuesta más o menos airada de algún ministro del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de la indiscutible vinculación de Mafo al PSOE.

Ahora ha sido Pablo Hernández de Cos quien ha recibido la rápida censura de sendos ministros, la vicepresidenta Nadia Calviño y el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por sus palabras ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, con las que puso en solfa las previsiones en que se basa el proyecto presupuestario recientemente presentado por el Gobierno y criticó medidas como la subida de las pensiones y de los salarios de los trabajadores públicos, por considerarlas inoportunas ante la coyuntura actual.

Los choques entre las visiones del Banco de España y las del poder Ejecutivo pueden considerarse hasta cierto punto lógicas. Al fin y al cabo, mientras el supervisor puede limitar su análisis exclusivamente a los números, el Gobierno debe buscar un equilibrio más delicado para hacer que las necesidades económicas se conjuguen del mejor modo posible con otros factores de carácter social. El problema viene cuando estos parecen convertirse en el factor determinante, hasta un punto que lleva a hacer oídos sordos a los razonamientos basados en los números.

Tanto Calviño como Escrivá han justificado las alzas de sueldos públicos y pensiones como justas y legítimas y enfocadas a estimular el consumo

Es significativo que haya sido precisamente Escrivá, ministro reconocido por su formación económica —y por haber juzgado de forma crítica desde su anterior responsabilidad en la AiReF las políticas económicas del Gobierno—, quien haya tratado de silenciar las críticas de Hernández de Cos invitándole a enfocarse en otros ámbitos ("cuando el gobernador del Banco de España va al Parlamento, lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la política monetaria", apuntó), dejando de lado los juicios macroeconómicos.

Y lo cierto es que tanto en la respuesta de Escrivá como en la de Calviño abundan los razonamientos más sociales —si no emocionales— de una decisión, la de subir el salario a pensionistas y trabajadores públicos, calificada como "justa" o "legítima" y como símbolo de "la importancia del sostenimiento conjunto de las rentas y la recuperación del consumo".

Resulta incuestionable que España —como, en mayor o menor medida, el resto del mundo occidental— se enfrenta a una situación extraordinaria que requiere medidas puntuales no necesariamente ortodoxas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha contado con una aprobación casi generalizada a los incrementos de gastos dirigidos a amortiguar el impacto de la crisis y favorecer la salida de la misma, en un momento en que el paradigma de la responsabilidad fiscal parece haber quedado aparcado.

Pero el país enfrenta esta situación desde una posición muy vulnerable fiscalmente. Y esto es algo que incluso admiten los Presupuestos del Gobierno, a pesar de estar basados en unos supuestos económicos que también la AiReF ha considerado este jueves como optimistas y, por ende, sometidos a un riesgo nada desdeñable de desviaciones. En esa tesitura, acertar con los destinatarios apropiados de cualquier partida de gasto resulta esencial para no agotar los recursos de manera inadecuada.

Puede entenderse, tanto desde el punto de vista social como económico, la idea de que una subida salarial a pensionistas y funcionarios puede ser un factor de certidumbre que estimule el consumo en una situación tan compleja como la actual —una visión que, por otro lado, también habría justificado un retraso en las subidas de impuestos anunciadas por el Ejecutivo—. Pero resulta mucho más discutible si el esfuerzo económico realizado en ese movimiento no sería más efectivo si se enfocara en ayudar a otros sectores y colectivos más penalizados por la crisis y que no tienen el privilegio de disponer de cualquier tipo de certidumbre sobre sus ingresos futuros, sino que se ven sometidos a una densa incertidumbre ante la que las respuestas del Gobierno pueden considerarse en muchos casos tímidas.

"El esfuerzo presupuestario debería estar enfocado en lograr un mayor equilibrio, para que quienes menos estén sufriendo contribuyan más en beneficio de los que más. Hay colectivos que están sufriendo mucho, porque ya sufrieron en la anterior crisis (jóvenes, autónomos, pequeños empresarios), que están viendo caer sus rentas en hasta un 50%. Y en esa situación no parece lógico que otros obtengan una subida del 0,9%", indica José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS.

En un país con una posición fiscal vulnerable como España, dirigir las políticas de gasto a los destinos más apropiados supone una necesidad crucial

Desde hace meses, son muchos los sectores que se vienen manifestando en demanda de un plan de ayudas directas que les permita afrontar una crisis que ya ha conducido al cierre a miles de negocios, mientras miles de trabajadores han engrosado las listas del paro. Este mismo jueves, la patronal de hostelería reclamaba 8.500 millones en ayudas directas al Gobierno. Las industrias turística y del transporte o determinados comercios pueden exhibir daños tan o más abultados.

Decía Escrivá que el problema del déficit público en España no está en las pensiones ni en los sueldos públicos, pero sería absurdo obviar que estas partidas representan un gasto conjunto que ronda los 300.000 millones de euros, más de la mitad del presupuesto consolidado de gastos asumido por el Gobierno para 2021. Y el problema es que todo incremento en estas partidas se traduce no en un gasto puntual sino en un incremento que se consolida en el tiempo y que agudiza algunos de los principales desafíos a los que debe hacer frente la economía española en el medio plazo. No hace tanto que, desde su puesto en la AiReF, el ahora ministro de la Seguridad Social advertía de que para poder revalorizar las pensiones con relación al IPC eran necesarios ciertos ajustes que hoy en día ni están ni se esperan.

La respuesta a la crisis requiere decisiones difíciles y es obvio que estas no pueden verse maniatadas por el frío análisis de los números. Pero estos resultan imprescindibles para un debate serio que permita que cualquier medida social sea sostenible en el tiempo. Tratar de acallarlos no parece la actitud más razonable.