La AN investigará la presunta estafa con criptos de Nimbus: 4.000 afectados y 138 millones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investigará la presunta estafa piramidal con criptomonedas de Nimbus, cuyo importe estimado en un informe de la Guardia Civil supera los 138 millones de euros.

En un auto fechado el pasado 16 de marzo adelantado por el diario 'El País' al que ha tenido acceso EFE, los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, Ana María Ferrer García y Leopoldo Puente Segura han dirimido la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Huelva. El pasado 8 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 pidió al juzgado onubense —que se inhibió al entender que no era de su competencia— que le remitiera en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa.

La investigación se inició en Huelva tras la denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000, con un perjuicio económico, según consta en un informe forense de la Guardia Civil, de 135,8 millones de euros. Lo que empezó a investigar el juzgado de Huelva es si Nimbus, en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera, sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes, como asegura la denuncia.

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Nimbus ofrecía realizar operaciones con criptomonedas sin opción de sufrir pérdidas, y garantizaba retornos de entre el 7% y el 15% mensuales; una vez captados inversores, se les instaba a buscar nuevos interesados, mediante un sistema de recompensas.

Como denunciados, figuran Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de Riesgos del Banco Mundial, y Javier García Madruga, director comercial de la empresa, si bien Zanon dejó de colaborar con la compañía en junio de 2020. La denuncia se amplía a todas las personas físicas y jurídicas que sean responsables de los hechos denunciados, ya que hay indicios de que contaron con la colaboración de programadores informáticos, expertos en finanzas y asesores de 'marketing'.

La operativa de Nimbus, explica la denuncia, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. En su informe, la Guardia Civil indica que Nimbus es una compañía que consta en el registro de negocios de Malta, que presta sus servicios de inversión en un sistema automatizado de arbitraje de crioptomonedas entre casas de cambio, ofrecido a través de una aplicación en internet prometiendo una rentabilidad fija al día en función del capital aportado por el inversor.

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Fundada en Malta en enero de 2020, en enero de ese año dejó de hacer frente a sus compromisos de pago y, un mes después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó de que se trataba de un "chiringuito financiero", no autorizado para prestar servicios de inversión. De todo ello, el Tribunal Supremo concluye que "los hechos investigados se encuadran dentro del delito de estafa, cometido por medios informáticos".

En un comunicado, Nimbus muestra su confianza en los tribunales y en las instituciones judiciales españolas para determinar la verdad, y lamenta "que todo este proceso se deba a la actuación de un abogado que no busca la verdad". Añade que están abiertos "a cualquier investigación por parte de cualquier entidad en España y en todo el mundo; y estamos disponibles para responder a cualquier pregunta de las autoridades competentes".