Caso cesiones de crédito: la acusación popular no se rinde y presentará recurso

La batalla la ha vuelto a ganar Emilio Botín, presidente del Banco Santander, pero la acusación popular, representada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), ligada al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, seguirá peleando. Su abogado, Iván Hernández, ha anunciado que recurrirá la decisión del juez de dejar libre al banquero por el conocido como ‘caso de las cesiones de crédito’, por el que se juzga a Botín, a tres ejecutivos del banco y a veinte clientes por un presunto perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.

En el recurso de casación, que dispone hasta el jueves 28 de diciembre para presentarlo, Hernández insistirá en el mismo argumento que ha utilizado durante todo el proceso: que la acusación popular puede ser ejercitada sin necesidad de contar con el apoyo ni del Ministerio Fiscal ni de la Abogacía del Estado. “Es que si no lo acepta, el juez se carga la figura de la acusación popular”, explica Hernández.

En cambio, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez- Bermúdez, en su auto dictado ayer, explica que el ejercicio de la acusación popular debe estar limitado “en cuanto a su alcance, extensión y contenido”. Según se lee en el auto, si se permitiera una acusación, “equivaldría a permitir que cualquier ciudadano no perjudicado por el delito pueda actuar incluso en contra de los intereses del perjudicado u ofendido por el hecho ilícito y en contra del criterio del fiscal”. En román paladino: no todo el que quiera puede sentar en el banquillo a otra persona, debe ser directamente perjudicado y ofendido.

Catorce años de investigación, finiquitados

Con el sobreseimiento del caso, se cierran 14 años de instrucción sin que se haya llegado al juicio oral. Con el auto de ayer, Botín ha salvado el segundo gran escollo judicial que tenía pendiente. En abril del año pasado ya fue absuelto del caso de las jubilaciones millonarias pagadas a los ex altos cargos del Banco Central Hispano, José María Amusátegui (43,7 millones de euros) y Ángel Corcóstegui (108 millones).