Trabajadores de Babcock se querellan contra Ferreras, ex presidente de la Sepi, por la privatización

Golpe a la privatización de Babcock & Wilcox, la empresa vasca de bienes de equipo que el Estado vendió a la alemana Babcock Borsig en octubre de 2001 por 45 millones de euros. Según ha podido saber este periódico, un grupo de 120 trabajadores de la compañía se han querellado contra Pedro Ferreras, ex presidente de la Sepi, y otros ex directivos de esta institución por supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida en el proceso de venta de Babcock & Wilcox.

Además, la querella, que ha sido admitida y notificada a las partes el pasado 3 de noviembre por el juez Juan del Olmo, magistrado del Juzgado Central número seis de Madrid, va dirigida contra todas las empresas que participaron en la operación: la española que se vendió, Babcock & Wilcox; la alemana que compró en un primer momento, Babcock Borsig; y la austriaca que se quedó finalmente con ella y que es su actual propietaria, Austrian Energy.

Según se puede leer en el auto de notificación de la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Del Olmo ordena incoar “diligencias previas dando cuenta de su incoación a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción”.

Según los querellantes, representados por el despacho González-Grano de Oro, los alemanes falsificaron su solvencia económica cuando presentaron un plan industrial en el que aseguraban ventas de 250 millones de euros si ellos eran los adjudicatarios de la compañía.

Insolvencia de los alemanes

Por lo tanto, según la querella, los alemanes cometieron estafa, que se concretó en el ingreso en sus arcas de 45 millones de euros en bienes, más 55 millones para la constitución y capitalización de la nueva sociedad, más 195 millones de euros que los españoles se comprometieron a entregarle para el relanzamiento de la empresa.

La participación de Pedro Ferreras y su equipo sería, según siempre la querella, la del consentimiento de esa estafa. “Jamás hicieron las comprobaciones necesarias para demostrar la insolvencia de los alemanes”, dice el texto. De hecho, el traspaso de activos fue en octubre de 2001 y el 1 de septiembre de 2002 la empresa alemana fue declarada en insolvencia judicial.

De momento, nadie está imputado. El juez ha abierto diligencias previas, número 329/2006, y tendrá que escuchar a las partes. Fuentes de la Sepi aseguran que no pueden comentar nada porque no les ha llegado la notificación. Ferreras, por su lado, no ha respondido a la llamada de este periódico. Otras fuentes señalan que éste no es más que otro intento de los trabajadores de presionar a la Sepi para que acceda a sus exigencias: regresar al paraguas público y volver a ser contratados por la Sepi.