Seguros y crisis climática: ¿quién pagará la factura de los fenómenos extremos?

Incendios forestales, olas de calor, inundaciones o sequías prolongadas. Los fenómenos extremos relacionados con el clima suponen para Europa unas pérdidas económicas de más de 12.000 millones de euros al año. Lo más preocupante es que de ellas solo un 35% están aseguradas. En 2018 la Comisión sacó un informe sobre el “Uso de seguros en la adaptación al cambio climático”, donde ponía de manifiesto la brecha que hay por países en estos temas. En algunas zonas del sur y el este, la cobertura por riesgos climáticos tan solo alcanza el 5%.

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Las autoridades comunitarias están volviendo ahora sobre este tema. Hace unos días se hacía público el documento de trabajo: “Cerrar la brecha de protección climática: políticas de alcance y brechas de datos”. La primera tarea para la Comisión Europea (CE) es unificar los datos de pérdidas asociados a los diferentes riesgos y hacer pública la información. “Los análisis están plagados de desafíos metodológicos, dada la alta variabilidad de los sucesos de un año a otro, su naturaleza desigual o su carácter incompleto. Hay que analizar también cómo promover un acceso abierto, no discriminatorio e igualitario a esta información en beneficio de todas las partes de la sociedad”, dice el texto.

"Cada seguro de coche o de vivienda lleva escondida una pequeña prima para que la entidad pública pueda luego hacer frente a los daños"

Falta cuantificar los daños, comunicar dicha información, pero también invertir en políticas de adaptación. Al menos eso cree el organismo comercial de la industria, Inssurance Europe, que ya en 2020 animaba a la UE a apostar por una estrategia más preventiva respecto al cambio climático. “Dado que los eventos extremos se están volviendo más frecuentes y severos, mitigar el impacto económico, social y ambiental de un clima cambiante no es suficiente y se necesita más enfoque en la adaptación. La estrategia de la UE en este sentido debe ser mucho más ambiciosa”, cuenta la agencia Reuters. Actualmente, “los seguros tiene varios riesgos. Por un lado, cuentan con grandes fondos de inversión.

No se puede dar cobertura a todo

En esta transición hacia la descarbonización, algunas empresas emisoras pueden perder su valor. Por otro, estamos expuestos a los fenómenos físicos. Las catástrofes naturales están cambiando sus patrones y hay eventos secundarios que pueden no estar bien calculados. No todos los riesgos son asegurables en un clima tan cambiante. Ni todo es predecible ni hay capacidad económica para hacer pólizas para todo”, explica Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación en Mapfre Economics.

En los últimos años, las aseguradoras está viendo cómo sus gastos en compensaciones por daños causados por eventos extremos se está disparando. En España solo por inundaciones la cifra de costes asciende a 800 millones anuales, según el Consejo General de Colegios de Mediadores de España. “En 2018 el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público que funciona casi como una aseguradora, pagó 755 millones de euros en siniestralidad agraria (por heladas, tormentas de granizo, lluvias torrenciales y sequías prolongadas) y en 2019 solo por la DANA se pagaron más de 400 millones de euros y se recibieron 63.000 solicitudes de compensación.

Un coste inasumible

En total, en las últimas tres décadas, hasta 2017, se han pagado más de 7.000 millones de euros por daños. El 93% corresponde a riesgos naturales; de ellos, el 69% se debe a inundaciones, el 18% a vientos y el 13% a terremotos”, explica Enrique García Mérida, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo.

En 2019, la entidad se unió al Observatorio de Sostenibilidad para analizar qué zonas en España corrían más peligro de inundación. Según afirman, actualmente se verifican más del doble de crecidas de agua repentinas que al final de la década de los 80. Entre las ideas proponían clasificar los edificios construidos con una especie de etiqueta, parecida a la del gasto energético de los electrodomésticos, que determine su grado de riesgo. Sería una forma de informar mejor a los compradores sobre la situación de su vivienda. Además, pedían que se recuperasen los espacios propios de los cursos de agua y se revisasen los planes de urbanización ya aprobados en zonas inundables.

Opinión

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Además, las estimaciones sobre el futuro tampoco le suenan bien ni a las aseguradoras ni a la Comisión. Esta última estima que un calentamiento global de 3 °C por encima de los niveles preindustriales daría lugar a una pérdida anual de al menos 170 000 millones de euros. “La situación de los seguros en España debe mejorar, porque estamos viendo cómo evoluciona el cambio climático. El Consorcio cubre muchas situaciones extremas, pero no la nieve, por ejemplo. Eso significa que los seguros han tenido que pagar solos los daños del temporal Filomena. Solo en Castilla La Mancha, el gasto por los daños de dos días de nevada ascendió a 90 millones de euros”, dice García.

El documento recién hecho público de la Comisión Europea inventa soluciones de todos los tipos para el futuro de los seguros climáticos y para acabar, como dice el documento, con este gap de falta de protección de personas y entidades. En algunos casos apunta a ventajas fiscales y en otros a la colaboración público privado.

Es lo que sucede en España con el Consorcio: “Aunque lo ignoremos, cada seguro de coche o de vivienda lleva escondida una pequeña prima para que la entidad pública pueda luego hacer frente a los daños de los coches o de las viviendas inundadas. Otra posible solución es replicar lo que sucede con los seguros agrarios, en los que hay una pequeña prima que subvenciona el Estado para que al agricultor no le salga tan caro estar tranquilo”, concluyen desde Mapfre.