Santiago de Compostela sin agua durante un día por un gran vertido de purines

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil está investigando el vertido de 200.000 litros de purines al río Porta Ferreiros, un afluente del Tambre, que obligó a cortar el suministro de agua potable el pasado 11 de septiembre a varias zonas de Santiago de Compostela y a los municipios cercanos de Amés y Brión.

La Xunta de Galicia ya ha abierto un proceso sancionador a la granja de Trazo donde se originó el problema, que un día después detectaron los técnicos de la estación de tratamiento de agua potable y que pusieron en conocimiento de las administraciones para “evitar cualquier riesgo que pudiese comprometer la calidad del agua”.

"Todo el mundo quiere granjas de cerdos, pero no en el pueblo de al lado"

Así, durante un día los vecinos de varios barrios de la capital gallega, de Amés y Brión tuvieron cortado el suministro de agua potable, que estaba turbia por el vertido tóxico de purines. Un día más tarde la depuradora ya funcionaba, pero aun así el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, pidió a los ciudadanos que moderasen su consumo, ya que se iba a proceder a un corte de la captación de agua del río Tambre, por lo que la ciudad dependería exclusivamente del agua almacenada en los depósitos municipales.

Los santiagueses afectados tuvieron que recurrir a dos camiones cisterna instalados en la ciudad para abastecerse y las autoridades locales hicieron un llamamiento al consumo de agua responsable y a la colaboración de todos para no hacer acopio de agua, ni regar, ni baldear ni usar el agua potable de “modo no razonable”. Estas medidas que tuvieron que ser recordadas en esta situación de emergencia son los principios básicos de consumo de agua en toda circunstancia, aunque en numerosas ocasiones esto no se produce.

Entre las actuaciones iniciales para atajar el problema procedente de una granja de 200 vacas, la Xunta de Galicia explicó que se abrieron zanjas de 150 metros de lineal para evitar que estos purines se filtraran en el terreno lo que “permitió parar una parte importante del foco hacia el río”. Además, se retiró el material sólido de la zona y se instalaron balsas de retención en un regato en Portaferreiros.

Pero a este suceso se sumó la previsión de lluvias para los días ulteriores, lo que obligó a la empresa concesionaria de agua Viaqua, del Grupo Agbar, a constituir un gabinete de crisis al que se incorporaron expertos a nivel nacional para buscar “fuentes alternativas” de suministro. El director de general de la entidad, Marcos Martín, admitió que el seguimiento meteorológico continuo es clave porque “puede modificar de forma sustancial la situación del río y de los restos del vertido”.

En un comunicado, Viaqua añadió que las actuaciones no se estaban centrando “únicamente en liquidar el riesgo inminente” que supuso el vertido de los 200.000 litros de purines sino también “anticipar posibles escenarios” que podrían afectar al suministro los siguientes días.

El propietario de la explotación participó activamente en las tareas para tratar de minimizar los daños y se mostró muy afectado por el daño causado a sus vecinos. El análisis de las circunstancias en las que se produjo el vertido serán determinantes en el expediente sancionador que ya tramita la Xunta de Galicia y en la investigación del SEPRONA.

De hecho, el granjero ha relatado a los técnicos de la Xunta que no se explica lo que pudo pasar porque nunca había tenido un vertido de purines en su instalación y precisó que el sistema de depósito de los mismos requiere un proceso mecanizado de apertura, así como uno final de carácter manual para que se inicie el vaciado.

Punta del iceberg

Este triste episodio no es, lamentablemente, el primero que se produce en España, donde el auge de las macrogranjas de vacas, cerdos o pollos no cesa a pesar de las quejas de los vecinos y las ONG. En el caso gallego, los 200.000 litros de purines venían de una explotación de solo 200 vacas, pero en la actualidad hay en proyecto en Noviercas (Soria) una macrogranja para 23.500 cabezas de vacuno, otra en Torrealba de Aragón (Huesca) prevista para 20.000 terneros, así como otras tantas repartidas por toda la geografía. En Pozuelo (Albacete) se tramita una nueva macroplanta con 85.000 cerdos y en un radio de 20 kilómetros entre Palencia y Burgos se impulsan otras que sumarán 80.000 puercos más.

Las organizaciones ambientales llevan años denunciando el problema que este tipo de ganadería industrial genera al entorno. Greenpeace denuncia que desde los años 60 el número de vacas se ha duplicado y el de cerdos se ha quintuplicado en España. “Las consecuencias son terribles: contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y cultivo de alimentos para ganado, daños a la salud y abusos animales, además de una falsa solución contra el despoblamiento rural”, refleja la ONG en su campaña contra la ganadería industrial.

A estos animales hay que alimentarlos, aunque suene obvio. Esto requiere de unas elevadas necesidades de piensos y forrajes que deben ser transportados a estos macrocentros ganaderos, con el consiguiente volumen de emisión de gases de efecto invernadero asociadas a su transporte, así como a los propios gases que emiten vacas y cerdos, principalmente metano, muy nocivo.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló en febrero de 2019 en el Foro contra la despoblación celebrado en Puebla de Sanabria (Zamora) que “todo el mundo quiere granjas de cerdos, pero no en el pueblo de al lado”, al tiempo que defendió que España es el único país con limitación de número de cabezas en las explotaciones.

Sin ir más lejos, en Zamora varios pueblos han protestado –sin éxito-- durante años para evitar estas instalaciones, como en Cerecinos de Campos o Pozoantiguo. Desde el primero se contemplan las Lagunas de Villafáfila, donde se concentra una de las mayores poblaciones de avutardas de Europa, junto a numerosas especies de aves, especialmente en invierno. De hecho, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) entre otras figuras de protección ambiental.

En los pueblos cercanos, como Villalpando, durante varios años no se ha podido abrir el grifo por elevados niveles de arsénico y nitratos en el agua derivados de la agricultura y la ganadería, principal actividad en la localidad, que no contaba con una adecuada planta de tratamiento de aguas hasta hace pocos meses. La zona está atravesada por el río Valderaduey, un afluente del Duero que pasa muy cerca de la granja de Cerecinos, ya en funcionamiento. Antes de su instalación, SEO/BirdLife advirtió de los riesgos de contaminación de los acuíferos, pero el proyecto siguió adelante.

TE PUEDE INTERESAR

Vamos a llenar el depósito del coche con los purines de los cerdos

Eva González

La ONG lamenta la “burbuja” de este tipo de instalaciones especialmente en Castilla y León y Aragón, donde cada vez hay menos explotaciones, pero más grandes e insostenibles, al tiempo que avisa del riesgo para acuíferos y áreas protegidas por su uso intensivo del agua, la mala gestión de los purines con la consiguiente contaminación por nitratos del suelo y, por ende, de acuíferos y otras masas de agua.

Haya sido o no intencionado el vertido en Galicia, el daño ambiental provocado tardará mucho más tiempo en recuperarse que el mero abastecimiento de agua a la población urbana. El tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2022-2027 que está en plena tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico junto con las confederaciones hidrogáficas, debe contemplar medidas para garantizar el buen estado de las masas de agua y actuaciones para prevenir la contaminación por purines, nitratos y otras sustancias nocivas para el medio ambiente y para la salud.